Pendientes en Senado y San Lázaro por montón

En el Congreso de la Unión hay cientos de labores y responsabilidades que por diversos motivos los legisladores han sido incapaces de cumplir, lo cual afecta tanto en materia política como social a los mexicanos
Ernesto Santillán y Rubén Arizmendi Ernesto Santillán y Rubén Arizmendi Publicado el
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Tanto en Senado como en la Cámara baja, permanecen miles de iniciativas en la llamada “congeladora legislativa”, las cuales por el poco interés o por cuestiones de carácter ideológico o político, dormirán el “sueño de los justos”.

Por lo pronto, en el Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, asumió el compromiso de reunirse con todos los grupos parlamentarios para sacar adelante, en el actual periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura, varias iniciativas como la de la cannabis, una nueva legislación del Código Civil y Familiar y una ley de “cunas vacías”, entre otras.

De igual manera, dijo tener presente que siguen pendientes los nombramientos para completar la integración del pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Como parte de la colaboración entre Poderes, Monreal Ávila y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se han reunido para analizar los temas pendientes de la agenda legislativa, entre ellos, la reforma constitucional que anunció el Presidente de la República en materia electoral, la cual, la oposición ha dicho en múltiples ocasiones que no la avalará por tratarse de una reforma que intenta debilitar al árbitro electoral

Una más que actualmente se encuentra en “receso legislativo”, es la minuta que modifica la reforma constitucional del 2019 en materia de Guardia Nacional para extender el plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028.

Tiempo límite en el Senado

Los 128 senadores tienen hasta mediados de diciembre próximo para aprobar 21 nombramientos del Gobierno federal, entre ellos, un consejero de administración de Pemex, 15 magistrados de tribunales electorales locales, dos vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, uno más de la Junta de Gobierno del INEGI y otro que el Senado debe ratificar en la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Además, hace falta una magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y cinco magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como tres integrantes del Consejo Técnico de Educación de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.

De igual manera, está pendiente la convocatoria de 38 nombramientos, entre ellos, 22 magistrados de los tribunales electorales locales, cuatro consejeros honorarios del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, dos consejeros honorarios del Consejo Consultivo y dos comisionados del INAI, cinco consejeros ciudadanos de la Fiscalía General de la República y el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

También se tienen más de 150 nombramientos pendientes por aprobar y un cúmulo de más de cien dictámenes por deliberar y discutir, así como nombramientos, tratados internacionales o acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo, que se requieren actualizar con el inicio de la nueva estructura en materia laboral.

Los senadores han aprobado 34 reformas constitucionales, de las cuales 22 fueron por unanimidad; se crearon 48 leyes nuevas; se reformaron 541 ordenamientos vigentes, se ratificaron mil 720 nombramientos y 40 instrumentos internacionales durante la actual legislatura.

En el Senado se tienen más de 150 nombramientos pendientes por aprobar y un cúmulo de más de cien dictámenes por deliberar y discutir

El análisis del Instituto Belisario Domínguez, en su documento titulado “Las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, considera que, en el contexto político actual, sería oportuno analizar la viabilidad de adoptar en nuestro país la figura del referéndum ciudadano para validar las reformas constitucionales como una medida para fortalecer democráticamente al poder revisor de la Constitución.

Esto no solamente obligaría a generar un mayor consenso político en torno a las reformas constitucionales, sino que abonaría a la legitimidad de los ajustes y adecuaciones a los principios fundamentales plasmados en nuestro máximo código político.

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