Partidos que incurran en violencia política de género perderán privilegios
Con una serie de reformas a seis leyes se busca la visibilidad de la violencia política de género que sufren legisladoras, gobernadoras y otras mujeres que participan en la política
Indigo StaffCon 416 votos a favor el Pleno de la Cámara de Diputados avaló tipificar la violencia política de género para castigar a partidos que incurran en estas prácticas.
Reducción de prerrogativas y en el uso de sus tiempo de Estado serán algunas de las sanciones a las que se harán acreedores quienes ejerzan este tipo de violencia contra mujeres involucradas en la política.
Ayer, las comisiones de Igualdad de Género y de Gobernación y Población aprobaron el dictamen que busca tipificar la violencia hacia candidatas, funcionarias, alcaldesas y legisladoras.
416 votos a favor. Por unanimidad avalan, en general y particular, reformar diversas leyes, a fin de tipificar la violencia política de género, toda acción u omisión que limite, anule o menoscabe el ejercicio de derechos políticos. Pasa al @senadomexicano https://t.co/EaBXM7UVWy
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) December 5, 2019
Seis leyes serán reformadas para tipificar toda acción u omisión que limite, anule o menoscabe el ejercicio de derechos políticos.
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La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé sanciones de reducción de hasta 50 por ciento de las ministraciones del financiamiento público a partidos.
Por otro lado la Ley General en Materia de Delitos Electorales señala como agravante la comisión de esta falta.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia nombre ‘severidad política’ esta modalidad de agresión.
En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se buscará implementar el lenguaje inclusivo para diversos preceptos políticos.
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Criterios de no discriminación se establecerán en la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación.
el dictamen contemplaba la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República con el objetivo de crear la Base Estadística Nacional de Violencia Política en Razón de Género.
Tras la aprobación del dictamen en la Cámara de Diputados se turnó al Senado de la República.
