Parabuses, negocio redondo

Detrás del cuestionamiento de las resoluciones de la Unidad Fiscalizadora del Instituto Federal Electoral (IFE) sobre el caso Monex y los topes de campaña de los excandidatos a la Presidencia de México, existen estrategias que los gobiernos locales priistas urdieron para evadir el registro de algunos gastos de campaña. 

El pago de favores estuvo a la orden del día, sobretodo con empresas que se vieron beneficiadas por polémicas decisiones de los ayuntamientos salientes. 

12.4
millones de pesos de gastos de campaña que Aristóteles Sandoval registró ante el IEPC, se han modificado con evidencia de aportaciones nacionales y de licitaciones con ayuntamientos priistas y empresas publicitarias
Imágenes y Muebles Urbanos (IMU), es un conjunto de compañías de Xavier Von Bertrab Mestre, cuñado de Emilio Azcárraga Jean
Grupo IMU se vio beneficiado con las polémicas concesiones que los priistas les otorgaron en Puerto Vallarta y Guadalajara

Detrás del cuestionamiento de las resoluciones de la Unidad Fiscalizadora del Instituto Federal Electoral (IFE) sobre el caso Monex y los topes de campaña de los excandidatos a la Presidencia de México, existen estrategias que los gobiernos locales priistas urdieron para evadir el registro de algunos gastos de campaña. 

El pago de favores estuvo a la orden del día, sobretodo con empresas que se vieron beneficiadas por polémicas decisiones de los ayuntamientos salientes. 

Concesiones que se ampliaron por 15 años, con tal de que el candidato local y el mismo presidente de México, Enrique Peña Nieto, pudieran gozar de publicidad sin un contrato. 

Publicidad que bien no podría estar registrada en sus gastos de campaña, por eso, a pesar de la evidencia del dispendio, el presidente Peña Nieto –según la resolución del IFE- no rebasó el tope en los gastos de campaña. 

Ni tampoco el gobernador elector de Jalisco Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. 

En la resolución de la Unidad Fiscalizadora del IFE se pidió pasar revista sobre el financiamiento en el estado de los candidatos al Instituto Estatal de Participación Ciudadana (IEPC). 

Se indicó que tan solo en Jalisco se invirtieron 6 millones de pesos de los monederos Monex para el pago de operadores electorales. 

En la entidad jalisciense los dirigentes de Movimiento Ciudadano y ex coordinadores de campaña del candidato de izquierda al gobierno de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez, denuncian que fue donde más se gastó dinero de la campaña nacional.  

Pero adicional, en su momento, presentaron recursos de inconformidad y denuncias ante autoridades electorales para mostrar que se rebasaron gastos, especialmente en la colocación de publicidad como espectaculares y parabuses. 

Y en la actualidad existe evidencia de que estos gastos pudieron no reportarse. 

O al menos el dinero no salió de los comités de campañas, pero sí de las arcas de ayuntamientos municipales como Guadalajara y Puerto Vallarta. 

Y es que en ambos casos, la empresa Grupo IMU y sus filiales, se vieron beneficiadas con las polémicas concesiones que los priistas les otorgaron al final de sus administraciones.

En el caso del municipio de Guadalajara, un fin de semana antes de que saliera el alcalde interino que sustituyó a Sandoval Díaz, Francisco Ayón, se realizó la transacción. 

Se amplió de siete a 15 años la concesión a Muebles Urbanos de Oaxaca S.A. de C.V. (MUO), una empresa que forma parte del Grupo IMU.

 Y en el caso de Puerto Vallarta, se logró la regularización del contrato de parabuses con la empresa Compañía de Servicios Urbanos del Centro S.A. de C.V. –también parte de IMU- a finales de agosto, antes de la salida del alcalde Salvador González Reséndiz.

Imágenes y Muebles Urbanos S.A. de C.V., Muebles Urbanos de Oaxaca S.A. de C.V., y Compañía de Servicios Urbanos del Centro, son las empresas que pertenecen al emporio publicitario de Grupo IMU. 

Se trata de un conjunto de compañías de Xavier Von Bertrab Mestre, cuñado de Emilio Azcárraga Jean. 

La empresa ofrece sus servicios publicitarios en 10 entidades del país.  

Entre otras está Jalisco en las ciudades de Puerto Vallarta y Guadalajara. Así como Sinaloa, Yucatán, Baja California Norte, el Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz, Hidalgo, Guerrero y Quintana Roo. 

La mayoría de su publicidad es de campañas de la televisora de Azcárraga Jean.

Y aunque en los contratos con los ayuntamientos ostenta nombres distintos, coinciden sus apoderados legales, domicilios fiscales y en sus páginas de Internet y folletos donde promocionan sus servicios, se muestran como una sola empresa. 

Incluso, en los parabuses que no cuentan con publicidad en Puerto Vallarta y Guadalajara, tienen colocado un mismo anuncio con los logos de “Grupo Imu, Imágenes y Muebles Urbanos”. 

Aunque en dichos ayuntamientos los contratos se realizaron con Compañía de Servicios Urbanos del Centro y Muebles Urbanos de Oaxaca, respectivamente. 

Y en el caso de Jalisco las coincidencias en el modo en que fueron otorgadas las concesiones y la cantidad de espacios publicitarios usados en campañas, ponen sobre la mesa el tema del pago de favores. 

Quejas y demandas en elecciones 

La única forma de conocer la cantidad real de dinero gastado y el total de espacios publicitarios comprados por el PRI en Jalisco, es conociendo el contrato de Grupo Imu con los gobiernos priistas. 

Pero las quejas interpuestas por Movimiento Ciudadano en Jalisco y  el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a nivel nacional, pueden servir para dar una idea de cuanto dinero hay de por medio. 

Y es que con los gastos de campaña que reportó el gobernador electo de Jalisco ante el IEPC, las cuentas no cuadran. 

Menos cuando a estos gastos deberían adicionarse los 6 millones que la Unidad Fiscalizadora del IFE indicó fueron invertidos de los monederos Monex en las campañas de la entidad. 

 Jorge Aristóteles Sandoval reportó que gastó 5.7 millones en espectaculares y 2.9 en “otros”, ambos rubros como parte de los “gastos de propaganda”. 

Pero según una queja interpuesta por Movimiento Ciudadano durante las elecciones de 2012, un conteo que realizó dicho instituto político constató que Sandoval Díaz llegó a tener instalados un total de 168 parabuses y recolectores de pilas con publicidad de su campaña. 

Ambos tipos de estructura son de los que tiene concesión Grupo IMU. 

Según los precios que cotiza la empresa ligada a Televisa, el costo por estos espacios en un lapso de tres meses, es de más de 4 millones de pesos. 

Con ello, se mostraría que de los 2.9 millones de pesos que dijo gastar Sandoval Díaz en “otros gastos de propaganda”, tan solo con la renta de los parabuses, ya se habría rebasado lo que reportó el entonces candidato. 

Además, el PRD también documentó el gasto excesivo en publicidad en Guadalajara y Puerto Vallarta, pero en el caso del candidato a la presidencia del PRI Enrique Peña Nieto. 

En el reporte de la página http://juegolimpio.prd.org.mx/ se contabilizaron espectaculares, parabuses y otro tipo de publicidad. 

En el caso concreto de los parabuses, los espacios señalados por el PRD coinciden con los de Grupo IMU tanto en Vallarta como Guadalajara. 

Y en otra denuncia interpuesta por el PAN Jalisco ante el IEPC por la publicidad de Sandoval Díaz, también se denuncian los mismos espacios de IMU ocupados por publicidad de la campaña de Sandoval Díaz.

Pero en este último caso se denunció la “colocación de propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano”, entre otros, los citados parabuses. 

Pero al igual que con el recurso interpuesto por Movimiento Ciudadano, el IEPC calificó de improcedente el del PAN. 

Los contratos  

A finales de agosto de 2012, el entonces alcalde de Puerto Vallarta Salvador González Reséndiz otorgó definitivamente la concesión de los parabuses a una de las empresas ligadas a Grupo IMU. 

En el convenio de 15 años, se estipuló el pago de 4 millones de pesos a la firma del contrato; 4 más en pagos anuales y los 15 restantes del contrato de 23 millones serían pagados en forma de publicidad. 

Es decir, que desde el principio se estableció un intercambio de favores beneficioso para la empresa ligada a Televisa y Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. 

Porque no solo se les dio la concesión por 15 años, también se les permitió que la mayoría del pago fuera realizado en especie: alrededor del 65 por ciento del dinero. 

Aunque González Reséndiz insistió en que dicha publicidad solo sería usada por el Fideicomiso de Turismo, es difícil conocer en realidad cual será el destino final de esos espacios publicitarios. 

Porque la transparencia entorno a este tipo de concesiones –que en administraciones pasadas no llegaban a los 10 años- es muy poca. 

Por otro lado, en el caso de Guadalajara el ex regidor panista Sergio Villarreal denunció que la empresa MUO -parte de IMU- proporcionaba publicidad a Jorge Aristóteles Sandoval Díaz como candidato al gobierno de Jalisco. 

Aunque nunca se actuó en consecuencia, Villarreal acreditó que la ampliación de la concesión a MUO podría haber sido más beneficiosa para el Ayuntamiento de Guadalajara. 

Y es que tanto en el caso de Vallarta, como en el de Guadalajara, resalta el hecho de que se otorgaron concesiones de último momento, en situaciones desfavorables para las finanzas de los ayuntamientos. 

Pero aparentemente -por lo que muestran las cifras- en las campañas fue donde se sacó provecho. 

Y es que ¿qué mejor forma de no registrar erogaciones en campaña qué hacer un pago de favores? 

Tanto en el puerto como en la capital del estado, se dice que el gobernador electo intervino directamente para que los ayuntamientos cerraran los tratos con IMU. 

Cada vez se hace más evidente la forma en que el PRI y sus candidatos inflaron sus gastos sin registrarlos. Los procesos se hicieron más complejos, las mañas parece que siguen siendo las mismas.

Grupo IMU y Aristóteles

Las acusaciones del pago de favores de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz a la empresa IMU y sus filiales, se han señalado desde que él era alcalde de Guadalajara. 

Y es que además de las acusaciones del PAN, de Movimiento Ciudadano y del PRD, existe un señalamiento que el 7 de julio de 2011 realizó el entonces regidor panista Jorge Alberto Salinas Osornio. 

En la iniciativa que se presentó en el cabildo de Guadalajara se acusaba al Ayuntamiento de favorecer a la empresa IMU –o MUO- sobre la empresa Equipamientos Urbanos de México S.A. de C.V. (Eumex), la otra concesionaria con la que un litigio se mantenía en curso. 

Se pedía respeto por el proceso legal, y que no se beneficiara a ninguna empresa en tanto se resolviera el juicio. 

En la iniciativa del panista se resaltó el uso de la fuerza pública para perjudicar a Eumex: 

 “Lo que nos preocupa, y es materia de la presente iniciativa, es que se nos indica que la Policía Municipal de Guadalajara, acosa y detiene ilegalmente a los empleados de Eumex, favoreciendo a los empleados de IMU”, se señaló en el documento presentado por Salinas Osornio. 

Y es que Eumex alegaba que el Ayuntamiento de Guadalajara no respetaba las labores de mantenimiento que su personal realizaba a los parabuses de los que (en tanto se resolviera el litigio) seguían teniendo la concesión. 

Pero el uso de la fuerza pública para beneficio de un particular, pone en evidencia de nuevo los intereses detrás de la empresa del cuñado de Emilio Azcárraga Jean, Xavier Von Bertrab Mestre.

Fiscalización, ¿moneda de cambio?

El IEPC tendrá que revisar la nueva evidencia que aporta el IFE sobre 6 MDP de Monex y los gastos de publicidad; pero se viene la elección de consejeros y la fiscalización se puede volver moneda de cambio

La pelota está en la cancha del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco. 

A finales de marzo se da por terminado el proceso electoral 2012. 

El IEPC tiene que presentar el resultado de la fiscalización de recursos públicos que los partidos políticos utilizaron. 

Esta determina si los institutos políticos rebasaron los topes de campaña.

Y es que la Unidad Fiscalizadora del IFE pasó la información sobre el uso de 6 millones de pesos de los monederos Monex para el pago de operadores electorales en la entidad. 

En la resolución de la Unidad Fiscalizadora del IFE se establece que hubo “1,000 contratos de las personas que fungieron como representantes generales en dicho proceso electoral local, por un importe de seis millones de pesos”.

En esos términos, de los 12.4 millones de pesos que reportó Jorge Aristóteles Sandoval Díaz que gastó en su campaña a gobernador, al menos deberían sumarse estos 6. 

Con ello serían poco más de 18 millones de pesos, y los topes establecen que el máximo a gastar son 22 millones de pesos. 

A eso habría que sumarle lo que no parece estar reportado sobre el gasto en parabuses, que bien podría ascender a poco más de 4 millones. 

Pero la buena relación del IEPC con el PRI de Jalisco y Sandoval Díaz, bien podría rendir frutos en la resolución del órgano electoral. 

La prebendas entre partidos políticos y el IEPC han sido tales que personal del organismo electoral pretende su inclusión dentro del equipo de trabajo del gobernador electo. 

Uno de los ex empleados del IEPC -asesor del presidente- recibió casi medio millón de pesos por indemnización de su trabajo dentro del instituto. 

La decisión de indemnizar al personal administrativo del IEPC contrasta con la demanda de presupuesto al gobierno del estado. 

Incluso es de destacar que dentro del paquete de 29 millones de pesos que solicitó en días pasado el IEPC a finanzas está una bolsa por poco más de 2 millones de pesos etiquetada para “indemnizaciones”.

El tira y afloja 

La fiscalización de los recursos públicos es previa al inicio del proceso de selección de nuevos consejeros electorales, por lo que la determinación que tome el IEPC podría estar marcada por alguno sesgos.

Pues al ser puestos que define el Congreso del Estado, los consejeros están sujetos al escrutinio de los partidos políticos. 

Por lo que la definición que se tome en relación a la fiscalización podría ser una moneda de cambio a fin de ratificar en su puesto al presidente del IEPC, Tomás Figueroa y de otros consejeros electorales.

En este caso del dinero de Monex, el beneficio podría venir por una resolución similar a la del IFE con Enrique Peña Nieto. 

Sandoval Díaz podría argumentar que los gastos fueron realizados en otras campañas como las de diputados, alcaldes, etc. 

Incluso la fiscalización serviría como compás de negociación para obtener más presupuesto para el organismo electoral que hoy cuenta con una bolsa insuficiente, según palabras de su titular.

Aunque el cuestionamiento prevalece en el ocultamiento de los gastos reales, ¿para qué esconder 6 millones si con ello no se rebasan los topes? 

Y es que con esos 6 millones del caso Monex más los gastos que no se perciben en los que reportó Sandoval Díaz como el que realizó en publicidad de parabuses, bien podría estar en los limites de gasto en campañas locales. 

Aunque el pago a IMU pudo hacerse de una forma que no se reportara como gastos directos de campaña. 

En cualquiera de los casos la autoridad electoral está obligada a investigar los verdaderos gastos de campaña del gobernador electo.