El nuevo Trife
El Senado nombró ayer a los siete nuevos magistrados electorales mediante el reparto de cuotas entre las tres principales bancadas representadas en la Cámara Alta.
Imelda García
Los vínculos de algunos de los nuevos magistrados con algunas fuerzas políticas, son difíciles de negar
La sociedad civil advirtió a la Cámara de Senadores sobre los peligros de que esta etapa del TEPJF se conformara mediante el reparto de cuotas
La Comisión de Justicia propuso que las dos mujeres seleccionadas fueran las que permanecieran en el TEPJF por 9 años
El Senado nombró ayer a los siete nuevos magistrados electorales mediante el reparto de cuotas entre las tres principales bancadas representadas en la Cámara Alta.
Los senadores decidieron que Felipe de la Mata Pizaña; Janine Madeline Otálora Malassis; y Mónica Aralí Soto Fragoso, ocupen un lugar como magistrados electorales hasta el 31 de octubre del 2025.
Votaron también para que Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, lo sean
hasta el 31 de octubre del 2022. Mientras que José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante González estarán en el cargo hasta el último día de octubre del 2019.
Las bancadas acordaron que el reparto de cuotas se haría conforme la representatividad de cada uno de los grupos parlamentarios en el Senado.
Así, el PRI metió mano en tres de los nombramientos –uno de ellos compartido con el PVEM-; el PAN en dos; el PRD en uno; y en otro confluyeron todas las fuerzas políticas.
Esto, sin embargo, fue negado por los coordinadores parlamentarios del PRI y el PAN, quienes afirmaron que el acuerdo no obedeció a cuotas.
-“¿Hubo cuotas partidistas?”, se le cuestionó a Emilio Gamboa, coordinador del PRI.
-“No, para nada. Creo que es una muy buena sala. Analicen y van a ver. Y las mujeres, ¡van a ver!”,
afirmó el senador.
El PT no se sumó a las negociaciones; su coordinador, Manuel Bartlett, dejó claro en la Junta de Coordinación Política que estaba en contra del procedimiento.
La segunda parte de la negociación ocurrió la mañana de ayer, cuando se tenía que definir por cuánto tiempo estaría cada uno de los nuevos magistrados en el cargo.
El jaloneo principal ocurrió cuando el PRI y el PAN querían imponer que tanto Felipe Fuentes como Felipe de la Mata permanecieran nueve años en el TEPJF. El lugar de Janine Madeline Otálora, por nueve años, estuvo firme todo el tiempo.
Los senadores tuvieron que enviar un mensaje al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que pudieran posponer su comparecencia, que ocurriría al mediodía.
Finalmente, la Comisión de Justicia, de la que es presidente el panista Fernando Yunes, propuso que fueran las únicas dos mujeres seleccionadas las que permanecieran en el TEPJF por nueve años; y se mantuvo a Felipe de la Mata. Así, las tres bancadas tendrían a alguno de sus candidatos por más tiempo en el Tribunal.
Tras aprobarse los nombramientos mediante voto por cédula de los senadores, los seleccionados ayer mismo tomaron protesta al cargo, aunque lo asumirán el 4 de noviembre.
Voces en contra
La cada vez más común judicialización de los procesos electorales hace del nombramiento de los miembros del TEPJF una de las decisiones más importantes de toda la Legislatura.
Estos nuevos magistrados tendrán entre sus actividades más importantes la calificación de las elecciones presidenciales del 2018; en el caso de quienes estarán nueve años, serán responsables de calificar también las del 2024.
Desde el PT, partido que quedó fuera de la negociación, salieron los cuestionamientos a la forma de elegir a los nuevos magistrados, que tendrán una alta responsabilidad.
“Desconozco qué negociaciones políticas, acuerdos y pagos de favores se llevaron a cabo a lo largo de este proceso de selección; viciado y desaseado para la imposición de la gran mayoría de magistrados (…) Aunque no es nueva esta forma de negociación de los cargos en el Poder Judicial, pero sí asombra el descaro con el que ahora lo hacen, y ya no se aprecia pudor ni decoro.
“En este sentido vale la pena preguntarse: ¿Cómo se puede garantizar en los próximos procesos electorales la legalidad y legitimidad, si quienes resolverán, jurisdiccionalmente hablando, las elecciones, responderán a intereses particulares o de partido?”, cuestionó el senador petista David Monreal.
“Como diría el divo de Juárez: ‘Pero qué necesidad, para qué tanto problema’. Para qué tanto mentir, fingir, falsear, votar, si el botín se dividió en tres. Así, sin penas.
“Me opongo a la simulación. Este Senado no es sólo deshonesto, es cínico, y lo más grave es que ya perdió la vergüenza”, sentenció Layda Sansores, también senadora del PT.
Los senadores Fernando Yunes (PAN) –presidente de la Comisión de Justicia- y la independiente Martha Tagle, pidieron revisar el método con que se realizan las designaciones para trabajar en un modelo más transparente y flexible que permita tomar mejores decisiones.
Desde la sociedad civil ya se habían lanzado advertencias a la Cámara de Senadores sobre los peligros de que esta nueva etapa del TEPJF se conformara mediante el reparto de cuotas, pues con ello se pone en peligro la legitimidad de sus decisiones.
Aunque los coordinadores parlamentarios nieguen que existió un reparto de cuotas, la realidad es que los vínculos de algunos de los nuevos magistrados con algunas fuerzas políticas, son difíciles de negar.
Janine Madeline Otálora
Esta nueva magistrada es la única que llegará al TEPJF apoyada por todas las bancadas; recibió apoyo de varias instituciones y expertos que enviaron cartas al Senado para impulsar su nombramiento.
El partido que la impulsó con más fuerza, es el PRD. La instrucción a los senadores vino desde Alejandra Barrales, presidenta del partido.
Ha sido titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF; magistrada presidenta de la Sala Regional del Distrito Federal del TEPJF; y secretaria instructora del magistrado Manuel González Oropeza.
Además, estudió y trabajo en Francia, donde se desempeñó como secretaria legislativa y coordinadora de secretarios legislativos del Senado francés.
Su trabajo se ha enfocado más a la impartición de justicia electoral con un enfoque de derechos humanos y de equidad de género.
Mónica Soto
Su nombramiento fue impulsado desde el PRI, particularmente por Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los senadores del tricolor.
El vínculo de quien será la nueva magistrada electoral viene de su padre, Eligio Soto López, político priista y actual delegado de la Procuraduría Agraria en Baja California Sur.
El cargo más reciente de Mónica Aralí Soto es el de magistrada electoral en la Sala Regional Guadalajara del TEPJF.
Antes, fue magistrada numeraria del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur; vocal distrital de Capacitación Electoral en Baja California Sur y Campeche y trabajó en el Registro Federal de
Electores en Jalisco.
Reyes Rodríguez
Su candidatura fue impulsada por el PAN, en especial por el senador Roberto Gil Zuarth, con quien ha trabajado de forma muy cercana desde el 2010.
Cuando Gil fue nombrado subsecretario de Gobernación, en 2010, por el entonces presidente Felipe Calderón, le otorgó a Reyes Rodríguez una dirección general dependiente de dicha subsecretaría.
Más tarde, Gil Zuarth fue nombrado secretario particular del presidente Felipe Calderón, y convirtió a Reyes Rodríguez en su coordinador de asesores, en el 2011.
Gil Zuarth se fue después a coordinar la campaña de Josefina Vázquez Mota para la elección presidencial del 2012; Reyes Rodríguez se dedicó a ofrecer sus servicios como consultor jurídico.
Pasada la elección y una vez que Gil se convirtió en senador y presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Rodríguez fue nombrado secretario técnico de ese órgano, cargo en el que estuvo hasta febrero del 2013.
Ese mes fue promovido por Gil Zuarth para convertirse en magistrado regional de la Sala Monterrey del TEPJF, cargo que ocupaba hasta antes de ser electo ayer como magistrado de la Sala Superior.
Gil Zuarth se encargó de cabildear el nombramiento de su cercano colaborador con las otras
bancadas y con el propio PAN, que le dio su aval.
Felipe de la Mata Pizaña
Su nombramiento fue impulsado por el PAN, aunque no fue fácil que consiguiera el aval de los otros partidos porque se le relaciona con el Opus Dei, uno de los grupos más conservadores del país, según senadores cercanos a la negociación.
De la Mata fungía como magistrado electoral de la Sala Especializada del TEPJF y además ha sido coordinador de asesores de la presidencia del TEPJF.
Trabajó muy de cerca con Alejandro Luna Ramos, expresidente del Tribunal Electoral, uno de los magistrados que se identificó como cercano al PAN.
Antes, tuvo una larga carrera en el propio Tribunal Electoral, al que ingresó en 1997.
Se desempeñó desde secretario auxiliar, secretario de Estudio y Cuenta, secretario Instructor, y secretario General de Acuerdos de la Sala Superior.
La Sala Especializada del TEPJF, a la que pertenecía De la Mata, resuelve todos los procedimientos sancionadores enviados por el INE, por lo que impartía justicia sobre quejas que llegaban desde los partidos políticos, vía el Instituto.
José Luis Vargas Valadez
Su nombramiento fue impulsado desde la bancada del PVEM y acompañada por el PRI.
José Luis Vargas Valdez fue titular de la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) entre el 2010 y el 2012.
Ese año fue destituido por orden del Ejecutivo, encabezado en ese entonces por Felipe Calderón, y se dio luego de que Vargas se negó a anular la elección de Michoacán en el 2011.
Cuando el priista Fausto Vallejo fue electo; sus opositores, entre quienes se encontraba la hermana del presidente de la República, Luisa María Calderón, acusaron que el crimen organizado había intervenido en la elección.
Vargas Valdez negó tener elementos para realizar dicha anulación, lo que le hizo ganar el descontento de los panistas, que terminaron destituyéndolo.
Otro de los cuestionamientos que ha tenido es que fue director de Vinculación Institucional, Logística y Proyectos Especiales del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
Cuando compareció en el Senado ante los integrantes de la Comisión de Justicia, Vargas Valdez fue cuestionado por no haber presentado su declaración de intereses; se justificó diciendo que le había faltado tiempo.
Indalfer Infante
Fue impulsado desde el PRD por el senador Miguel Barbosa, coordinador de la bancada del Sol Azteca, y Constancio Carrasco, actual magistrado presidente del TEPJF.
En 2007, Indalfer Infante fue electo como consejero de la Judicatura Federal para terminar el periodo de Constancio Carrasco, quien había dejado el cargo para sumarse al Tribunal Electoral.
En aquella ocasión, la propuesta de que fuera Infante quien se incorporara al Consejo de la Judicatura Federal fue de Ricardo Monreal, en ese entonces, senador.
Toda su carrera ha transcurrido en el Poder Judicial, y ha trabajado como magistrado de circuito, juez en Tabasco y Morelos, secretario de Estudio y Cuenta de la Primera Sala de la SCJN y secretario auxiliar en el máximo tribunal, entre otros.
Felipe Fuentes Barrera
Este magistrado fue impulsado por senadores del PRI, pues la instrucción de apoyarlo venía desde la consejería jurídica de la Presidencia de la República, a cargo de Humberto Castillejos.
El amarre, según senadores consultados, venía desde marzo del 2015, cuando Fuentes Barrera fue propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto como parte de la terna para elegir a un nuevo ministro de la SCJN.
En la misma terna se encontraban Eduardo Medina Mora –quien resultó electo- y Horacio Hernández Orozco, otro miembro del Poder Judicial.
En el proceso, sin embargo, Hernández Orozco reclamó que se hubiera nominado a Medina Mora y dijo que se buscaba hacer de la Corte “un refugio para cuates”.
Fuentes Barrera guardó silencio. Ayer, dicen los que saben, fue recompensado por no hablar mal de quien es hoy ministro de la SCJN.
Se desempeñaba como magistrado del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Tiene una amplia experiencia en el Poder Judicial, que incluye haber sido magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil, del segundo circuito; juez en la Ciudad de México y Tabasco; y secretario de Estudio y Cuenta de la SCJN, ente otros.
Los candidatos seleccionados ayer mismo tomaron protesta al cargo, aunque lo asumirán el 4 de noviembre próximo.
