Magistrados, ¿por cuotas?
El Senado elegirá hoy a los siete nuevos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y todo parece indicar que -como siempre- se hará por un reparto de cuotas.
Imelda García
No hay una voluntad real para que se pueda escoger a los mejores perfiles. A final de cuentas esto sigue siendo una discusión partidista, y es lamentable”
El Senado elegirá hoy a los siete nuevos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y todo parece indicar que -como siempre- se hará por un reparto de cuotas.
A pesar de los llamados desde la sociedad civil para que se evitara el reparto de los asientos en el Tribunal, los senadores impulsan a candidatos con quienes tienen afinidad o son cercanos a algunos de sus miembros.
Ha trascendido que el reparto será de tres nuevos magistrados para el PRI; dos para el PAN; uno para el PRD; y uno que es apoyado por el PAN y el PRD.
La Cámara de Senadores elegirá a los siete nuevos magistrados electorales, lo que significa un relevo total en el TEPJF a partir del 4 de noviembre próximo.
De los siete nuevos magistrados, dos serán electos por tres años y culminarán su encargo el 31 de octubre del 2019; dos serán magistrados por seis años y terminarán el 31 de octubre del 2022; y tres estarán en el TEPJF por nueve años, hasta el 31 de octubre del 2025.
Estos magistrados serán los encargados de validar la elección presidencial del 2018; tres de ellos también calificarán la elección presidencial del 2024.
El primer cuestionamiento surgió porque ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encargada de evaluar al universo de aspirantes, ni la Comisión de Justicia del Senado, que verifica la idoneidad de todos los propuestos por la Corte, determinaron la forma en que se definiría quiénes se quedarían en el Tribunal electoral por nueve años.
Con dicha omisión, la decisión sobre quiénes estarán más tiempo en la Sala Superior del Tribunal Electoral recaerá en la Junta de Coordinación Política del Senado, donde están Emilio Gamboa, coordinador del PRI; Fernando Herrera, del PAN; Miguel Barbosa, del PRD; y Manuel Bartlett, del PT.
Ahora, de concretarse el reparto de los siete magistrados, el nacimiento del nuevo Tribunal estará manchado de origen, lo que podría quitarle legitimidad a sus decisiones; algo que ya ha ocurrido y afecta al esquema democrático del país.
Reparto de lugares
La importancia de las decisiones que toman los magistrados electorales –califican elecciones, aplican sanciones a quienes violen la Ley, modifican resoluciones del Instituto Nacional Electoral (INE)-, hacen que los partidos políticos tengan “especial interés” por colocar ahí a personas afines a sus intereses.
Fuentes consultadas en el Senado confirmaron que el reparto de cuotas ya está pactado en este caso y será el PRI, por representar al grupo mayoritario, quien decida tres de los siete lugares del TEPJF.
En el caso de los tres magistrados que van a durar nueve años en su cargo, la negociación todavía está entre si los lugares “se reparten” entre el PRI, el PAN y el PRD, o se queda el PRI con dos y el PAN con uno.
Un par de ternas están en conflicto, pues a los senadores les gusta más de uno de los candidatos que se encuentran en ellas.
En la primera se encuentran Carlos Emilio Arenas Bátiz –presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León-; Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández –exprocurador general de la República-, y José Luis Vargas Valdez –extitular de la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales-.
En el mismo caso está la sexta terna, donde están Indalfer Infante González –magistrado de circuito-; Eugenio Reyes Contreras –magistrado de circuito-, y Ángel Martínez Zarazúa –exmagistrado en la Sala Regional Distrito Federal del TEPJF-.
Además del reparto de cuotas para los lugares del Tribunal Electoral, el reparto estará también en la duración de cada uno de los cargos.
Legitimidad en peligro
Por su labor en sí, el Tribunal Electoral es una de las instituciones que debería tener –idealmente- la mayor credibilidad, misma que daría legitimidad y certeza a sus decisiones, lo que tendría incidencia directa en el clima político electoral del país.
De concretarse el reparto de cuotas, el nuevo Tribunal Electoral ya nacerá mancillado.
Para Iván García Gárate, catedrático de la Universidad del Claustro de Sor Juana y parte del Observatorio Ciudadano Designaciones Públicas, el nombramiento de servidores públicos bajo un esquema de cuotas ha sido sistemático en el Congreso de la Unión, lo que lastima a las propias instituciones.
“Se pone en riesgo a las instituciones a las que van a llegar estas personas, si es que no tienen el perfil adecuado. En este caso, si es el Tribunal Electoral, y ya están comprometiendo los puestos a partir de lo que los partidos quieren, esto ya compromete en buena manera cualquier decisión que puedan tomar”, criticó.
Al no modificar la forma de procesar los nombramientos, con evaluaciones reales de los perfiles idóneos, con indicadores medibles que ayuden a saber si una persona es apta o no para el cargo, la participación de la sociedad civil en la revisión de los perfiles y con comparecencias que permitan conocer realmente si un candidato es imparcial, los legisladores seguirán haciendo las designaciones con base en cuotas.
En el caso del Tribunal Electoral, el asunto se vuelve más delicado, pues se pone en duda no solo a la institución, sino a todo el sistema electoral formal.
“Se pone en duda, ni más ni menos, que estas magistradas y magistrados sean verdaderamente independientes.
“Porque lo que socialmente se podría entender es que, por ejemplo, si el PRI está apoyando a tres magistrados y magistradas electorales, ellos van a tener que votar a favor del PRI; si el PAN está apoyando a dos, ellos tendrían que votar por el PAN y lo mismo con lo del PRD. Entonces, se pone en duda la independencia del Poder Judicial; y si se pone en duda esta independencia, es el riesgo más grande en cuanto a la legitimidad que pueda tener un órgano”, sentenció García Gárate.
Por lo visto, afirmó el experto, en el Senado no cambiarán la forma de hacer nombramientos de órganos fundamentales para el país, lo que puede traer graves consecuencias en la construcción de un nuevo orden democrático.
