Rodolfo Gómez Acosta llega a la Tesorería del Estado con un sólo plan bajo su brazo.

Y éste no será disminuir la deuda que ahoga las finanzas estatales, ni tampoco la implementación de un programa de austeridad para reducir el gasto corriente del gobierno.

Llega a la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado para concretar el negocio del sexenio: el proyecto de agua potable Monterrey VI.

Desde su cargo como director de Finanzas de Agua y Drenaje de Monterrey, Gómez Acosta diseñó el esquema financiero con el que se pretende costear esta obra estimada en más de 16 mil millones de pesos, una cifra sin precedentes en Nuevo León.

Este proyecto consiste en la construcción de un acueducto de 384 kilómetros para traer agua a la Presa Cerro Prieto desde el Río Tampaón, cuenca del Pánuco, en los límites de San Luis Potosí y Tamaulipas.

Para ejecutar esta obra el gobierno de Rodrigo Medina busca comprometer las finanzas estatales por 30 años con la firma de un contrato de prestación de servicios con la empresa privada que construirá y operará la infraestructura hidráulica.

Y Gómez Acosta es un especialista en este tipo de maromas financieras.

En el 2004 cuando ingresó a Agua y Drenaje como director de Finanzas, la empresa paraestatal tenía una deuda de 2 mil millones de pesos.

En la actualidad los pasivos directos de la dependencia que deja Gómez Acosta ascienden a 4 mil 800 millones de pesos, más del doble, según lo reportado en su cuenta pública.Agua y Drenaje sigue dirigida por Emilio Rangel Woodyard, un funcionario identificado con

el ex gobernador Natividad González Parás.

Sin embargo la empresa paraestatal es controlada por Luis Mendoza, quien se desempeña como secretario técnico del Consejo de Administración.

Mendoza es hermano del senador Jorge Mendoza, vinculado con el grupo político de Humberto Medina Ainslie, padre del gobernador del estado.

Fuentes oficiales ubican a Goméz Acosta como una posición de estos funcionarios en la Tesorería estatal, que es manejada por Francisco Valenzuela, subsecretario de egresos.

El lunes, el gobernador envió al Congreso del Estado su candidato para sustituir a Othón Ruiz Montemayor, quien dejó la Tesorería estatal para competir por la alcaldía de San Pedro.

Sin embargo, fueron otras razones las que orillaron a Ruiz Montemayor a dejar su cargo.

Las finanzas del Estado pasan por la peor crisis de los últimos años, derivada por el alto nivel de endeudamiento contratado por la pasada y la actual administración de gobierno.

La deuda oficial reconocida de Nuevo León llegará a niveles de los 35 mil millones de pesos si el Congreso aprueba el último crédito de mil 750 millones de pesos solicitado como garantía para recibir recursos federales a través del Fondo de Infraestructura y Seguridad.

El nuevo Tesorero, quien fue ratificado ayer por mayoría en el Congreso, es calificado como un experto en maromas financieras.

Y es lo que pretende aplicar en el proyecto de Monterrey VI.

El esquema contempla que los 16 mil millones de pesos sean aportados en un 49 por ciento por el Fondo Nacional de Infraestructura, Fonadin.

Y el resto, 51 por ciento, por el inversionista privado que gane la concesión que será adjudicada por la administración estatal.

Esta empresa será la que en los próximos 30 años cobre a AyD tarifas diferenciadas para amortizar la inversión, cubrir los gastos fijos y los gastos variables de la operación.

“Una vez que el acueducto se encuentre en operación, el SADM (Servicios de Agua y Drenaje) pagaría las tarifas T1, T2 y T3 a la empresa privada que ejecute y opere las obras, donde se incluyen la amortización de la inversión, los costos fijos y variables de operación del acueducto, así como la utilidad del inversionista y el costo del capital de riesgo”, señala el documento “Evaluación Socioeconómica del proyecto Monterrey VI Acueducto Tampaón-Cerro Prieto”, del cual Reporte Indigo tiene una copia.

Los costos de operación y mantenimiento que tendrá que cubrir la paraestatal inicialmente ascenderán a 550 millones en la primera parte de la amortización, pero se incrementarán hasta los mil 300 millones de pesos a partir del año 2027.

La construcción de esta obra implicará un incremento en las tarifas que cobra actualmente la empresa Agua y Drenaje a los regiomontanos.

“Para mantener su estabilidad financiera, el SADM (Servicios de Agua y Drenaje) deberá transferir a los usuarios del sistema los costos incrementales atribuibles al proyecto”, se concluye en este documento oficial.