Asociaciones defensoras de los derechos de los migrantes revelaron que una jueza de distrito resolvió que el Instituto Nacional de Migración (INM) incumplió el amparo que lo obligaba a ejecutar medidas para preservar la vida y la salud de los migrantes que se encuentran en las estaciones migratorias, ante la pandemia de COVID-19, por lo que dio un plazo de 24 horas para acatar la resolución.

De no cumplir la medida de la jueza de Distrito, Vicenta Margarita González Vega, al comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez y al director general de Control y Verificación Migratoria, Antonio López Díaz, se les podría imponer una pena privativa de la libertad.

Los funcionarios federales para acreditar el cumplimiento de las medidas, deberán de presentar pruebas fehacientes ante el juzgado.

“Luego de casi cuatro meses de emitida la suspensión de amparo y la nula y contradictoria información de las autoridades sobre los protocolos que se aplican para evitar la transmisión de COVID-19 dentro de las estaciones migratorias y estancias provisionales, así como el número de personas detenidas en las mismas, la jueza determinó que deberán de cumplir con la suspensión presentando pruebas contundentes, de lo contrario, serán denunciados ante el Ministerio Público por el incumplimiento de una resolución judicial”, señalaron las asociaciones entre las que se encuentran Sin Fronteras, IAP, Centro de Derechos Humano Fray Matías de Córdova y Save The Children.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación, ordenó al INM informar, también en un plazo de 24 horas, las acciones que llevó a cabo para cumplir con la estrategia de protección de los migrantes ante la crisis sanitaria por COVID-19.

El pasado 16 de abril, más de 40 organizaciones de la sociedad cvil presentaron un amparo en el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, ante las omisiones de las autoridades federales para salvaguardar la salud física, emocional e integridad de las personas migrantes y solicitantes de protección.

Un día después, el secretario del Juzgado resolvió a favor de ellos y aceptó las 11 medidas que el INM debió de haber acatado e implementado en las 58 estaciones migratorias del país.

Además, de la realización de inspecciones periódicas en dichos espacios para verificar que se cumpla con las medidas y con el respeto a los derechos humanos de los migrantes.

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