Operación guerra sucia
Los casi dos meses que llevan jefes delegacionales y diputados locales derrochando recursos públicos en promocionar su imagen, sin que ninguna autoridad les ponga un alto, dio paso a una nueva fase: la guerra sucia.
Y es que mientras el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) sigue delineando los criterios que utilizará para sancionar a quienes infrinjan la ley, los servidores públicos abren fuego a sus opositores.
Jonathan VillanuevaAl IEDF ya llegaron 10 quejas por presuntos actos anticipados de precampaña, que serán analizadas con base en los recorridos que han hecho los consejeros
En la delegación Miguel Hidalgo, la propaganda del diputado César González ha sido borrada, rayada y graffiteada
Los casi dos meses que llevan jefes delegacionales y diputados locales derrochando recursos públicos en promocionar su imagen, sin que ninguna autoridad les ponga un alto, dio paso a una nueva fase: la guerra sucia.
Y es que mientras el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) sigue delineando los criterios que utilizará para sancionar a quienes infrinjan la ley, los servidores públicos abren fuego a sus opositores.
Desde hace dos semanas, las bardas de algunos diputados comenzaron a ser borradas, los pendones y mantas de jefes delegacionales fueron desprendidos y aparecieron las denuncias ante el IEDF por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña.
Incluso, en la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el PRD y el PAN lanzaron acusaciones mutuas por el despliegue propagandístico de sus jefes delegacionales.
El pasado 21 de enero, Reporte Indigo dio a conocer que con el pretexto de su primer informe de actividades y de gobierno, los asambleístas y delegados plagaron la ciudad de propaganda personalizada.
Esto significa que a casi 8 meses de que arranque formalmente el proceso electoral del 2015, los actores políticos utilizaron recursos públicos para posicionarse entre la población.
De esa forma violaron desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta la Ley de Publicidad Exterior, sin que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) o el IEDF, les hicieran, por lo menos, un exhorto.
La semana pasada el Instituto Electoral capitalino desarrolló un Reglamento para la Promoción de la Propaganda Institucional y Gubernamental, pero hasta el día de ayer no se había aprobado.
Incluso, este documento ya fue desdeñado por diputados locales, quienes afirman que el árbitro de la contienda electoral no tiene facultad para sancionar la promoción de los informes personalizados.
Mientras tanto, los grupos de poder denuncian los excesos de sus opositores territoriales y hasta emprendieron campañas para desarticular la propaganda que no les favorece.
La batalla en las calles
Mientras el jefe delegacional en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, lanzó por las 16 demarcaciones territoriales un intenso despliegue publicitario que todavía no retira, la propaganda del diputado César Daniel González desaparece paulatinamente.
Aún y cuando el asambleísta de extracción panista tiene presencia en esa misma delegación, las bardas que rotula con sus acciones legislativas son borradas, rayadas y graffiteadas.
En diversos recorridos se pudo constatar que hay bardas donde se encuentra publicidad del delegado Víctor Hugo Romo y del asambleísta Roberto Candia —ambos del PRD— y la única que borran es la del panista.
En Iztacalco, las mantas y gallardetes del diputado Daniel Ordoñez fueron arrancadas y la de la jefa delegacional, Elizabeth Mateos no ha sido removida, a pesar de que su informe fue hace más de 15 días.
El fenómeno se replicó en la delegación Venustiano Carranza, donde la propaganda de la asambleísta Esthela Damián también desapareció. En Iztapalapa y Cuauhtémoc sucedió lo mismo.
En la delegación Benito Juárez, la diputada del PRD, Dinorah Pizano, abrió fuego contra el titular de la demarcación, Jorge Romero, a quien acusó de atiborrar las calles con su nombre e imagen.
Esto, en el marco de la Diputación Permanente de ayer, donde los panistas contraatacaron con las acusaciones de que la delegada en Tlalpan, Maricela Contreras y Víctor Hugo Romo, en Miguel Hidalgo, atascaron el DF de propaganda.
A la par, al IEDF ya llegaron 10 quejas por presuntos actos anticipados de precampaña; mismas que según los consejeros serán analizadas con base en los recorridos que se han hecho.
¿A quién le importa el orden?
En la última reunión privada los consejeros acordaron realizar la sesión entre hoy y mañana, en la que pretenden dar a conocer los criterios a seguir en la resolución de quejas.
Luego de elaborar el Reglamento para Uso de Propaganda Institucional, Gubernamental, Recursos Públicos, que esta casa editorial dio a conocer el pasado 7 de febrero, el IEDF fijó nuevo rumbo.
Los consejeros acordaron cambiarle de nombre; ahora serán criterios para la resolución de quejas, a fin de evitar que el Tribunal Electoral del DF les eche abajo ese proyecto, como pasó en la contienda del 2012.
Por eso la idea es hacer del conocimiento de los servidores públicos cuáles son los lineamientos a seguir para el próximo periodo electoral; sin embargo, ya llevan una semana de atraso y la propagada incrementa.
Es más, para los legisladores lo único que importa, por acuerdo, es hacer que se respete la promoción de los siete días previos y los cinco posteriores a cada informe, sin importar la promoción personalizada y en lugares prohibidos.
Así lo definieron en la Diputación Permanente de ayer, donde se aprobó un exhorto para que los 16 jefes delegacionales y los diputados de la ALDF retiren en los tiempos establecidos la propaganda de sus informes y así evitar contaminación visual.
El pasado fin de semana, el diputado Eduardo Santillán también se pronunció en contra de los intentos del IEDF, por regular la propaganda institucional, al señalar que no tienen facultades.
En entrevista dijo que: “El Instituto Electoral del DF no puede regular informes de los funcionarios locales, pues carece de facultades y estaría invadiendo esferas de competencia de la Asamblea Legislativa al tratar de regular temas en materia de rendición de cuentas, transparencia y administración pública local.
“Si bien es cierto que existe un vacío en la legislación local sobre la regulación de estos informes al no señalarse fechas, mecanismos de difusión y límites, estos deben ser elaborados por el órgano legislativo de la Ciudad y no por el Instituto Electoral, de tal suerte que cualquier reglamentación que apruebe el Consejo General estará viciado de origen y lo hará nulo”.
En cambio, para los consejeros es claro que sí tienen atribuciones para hacer cumplir la ley en la materia y procurar, en todo momento, que la equidad de la contienda electoral se mantenga.
Por lo pronto, los grupos de poder acordaron ponerse límites a su conveniencia: respetar sus territorios y en algunos casos borrar la publicidad de sus oponentes. Mientras que en el IEDF todavía no publican sus criterios.