Este lunes y martes, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (Comité DESC) someterá nuevamente al Estado mexicano a un examen sobre derechos, tras 12 años de la última evaluación.

El examen periódico del cumplimiento y defensa de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en México será realizado este 12 y 13 de marzo en la ciudad de Ginebra, Suiza, por 18 expertos internacionales.

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil llevarán a Suiza un Informe Alternativo sobre DESCA que mostrarán, de forma privada, a los expertos de la ONU.

“En dicho informe se afirma que la grave crisis de derechos humanos que vive el país también está conformada por múltiples violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, cometidos por acciones u omisiones del Estado y actores no estatales como las empresas, y que permanecen en la impunidad tanto por la corrupción y la falta de voluntad política de las autoridades, como por la deficiencia de recursos jurídicos nacionales apropiados para la justiciabilidad de estos derechos”, sostienen las organizaciones promotoras del Informe.

Son más de 150 organizaciones las que suscribieron en Informe Alternativo, en el que se habla sobre el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación, al agua, a la seguridad social, al trabajo a condiciones laborales dignas, a la libertad sindical, al medio ambiente sano, a la libre determinación de los pueblos y a la protección del patrimonio biocultural.

También llevarán a la ONU la denuncia sobre las agresiones y riesgos que tienen los defensores de derechos, especialmente quienes defienden recursos como el agua, la tierra y el medio ambiente de los intereses empresariales para construir megaproyectos, “con apoyo tácito o explícito de las autoridades”.

La más reciente evaluación del Comité DESC ocurrió en el 2006, por lo que ahora dicho organismo cuestionará a México si ha habido avance en los problemas que tenía en ese entonces y si ha aplicado medidas legislativas, judiciales o de política pública para mejorar la condición del país.