Ojalá no existiera el Día del combate al Contrabando y Delitos en materia de Derechos de Autor: Waldo Fernández

En México la piratería cuesta alrededor del 1.25% del PIB lo que en cifras equivaldría a 236 mil 800 millones de pesos.

En el marco del Día Nacional del Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor el Diputado Federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Waldo Fernández, señaló que la conmemoración de este día tiene que ser visto como punto de partida para que las autoridades se comprometan a combatir este tipo de delitos que lastiman a la economía y a la productividad de México.

“Esta actividad lastima a la economía y el estado de derecho, pero sobre todo es el origen de muchos delitos. Este no es un día para celebrar, ojalá no existiera este día, sino que es un día para obligar a las autoridades a combatir esta actividad ilegal.” dijo.

Asimismo, afirmó que la venta de productos piratas y contrabando son el origen de delitos más graves como el secuestro y la extorsión.

“Mi experiencia personal me enseñó que detrás de cada caso de secuestrador había una historia de degradación social, y que muchas veces los secuestradores habían empezado su carrera delictiva en actividades como la venta de piratería y contrabando… En ese sentido tenemos que exigir a la autoridad que ataque estos delitos para fortalecer el estado de derecho”, aseguró.

¿Cuánto cuesta la pirateria?

El contrabando y la piratería en México cuestan alrededor del 1.25% del PIB lo que en cifras equivaldría a 236 mil 800 millones de pesos. Por ello, la piratería representa el segundo delito que más preocupa a las autoridades, justo después del narcotráfico. 

La cultura de la legalidad en el consumo es primordial por varias razones, primero, porque con la piratería se fractura la innovación y la investigación, segundo, porque se pone en riesgo el trabajo de cientos de miles de personas; tercero, porque se adquieren productos de mala calidad con riesgos reales para el consumidor;  y cuarto porque se crea una economía paralela que daña las finanzas públicas y así la disponibilidad de recursos legales para el desarrollo.

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