Nuevo revés a El Zapotillo

10 de Ene, 2019

Antes de poder continuar con los trabajos de construcción y conclusión de la presa y el acueducto El Zapotillo, las autoridades de Jalisco tendrán que someterse a mecanismos de consulta con las comunidades afectadas y revisar a detalle todo lo que ya se ha construido.

Así lo señala una nueva recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y que fue presentada por el propio Alfonso Hernández Barrón, titular del organismo, en el poblado de Temacapulín, uno de los tres pueblos que se ha resistido por más de diez años a ser inundado.

Tanto el nuevo gobierno federal como estatal habían pretendido no escuchar a los afectados por la presa El Zapotillo. Durante las últimas semanas, en las discusiones del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, el Comité Salvemos Temacapulín presionó para que los legisladores federales no asignaran recursos a este megaproyecto hidráulico.

Los oídos sordos surgieron cuando ambos mandatarios, tanto Andrés Manuel López Obrador como Enrique Alfaro Ramírez, al asumir su puesto expresaron que durante sus administraciones quedarían concluidas las obras del proyecto de El Zapotillo, que inicialmente pretendía llevar agua al municipio de León, en Guanajuato.

La recomendación 50/2018 es clara respecto del futuro del proyecto, tal como se lee en el segundo párrafo de la duodécima recomendación, dirigida expresamente al gobernador de Jalisco:

“Antes de tomar cualquier decisión sobre el avance del proyecto El Zapotillo, se audite el proyecto y se convoque a las comunidades afectadas, las organizaciones de la sociedad civil y los especialistas, a revisar el estado actual de la presa El Zapotillo y se tomen decisiones sobre la obra con las comunidades afectadas y todos lo actores involucrados”

Esta recomendación, a decir de Guadalupe Espinosa Sauceda, miembro del Comité de Abogados que defienden al poblado alteño, surge luego de las intimidaciones de las que fueron objeto los afectados de Temacapulín, tras oponerse a la inminente inundación que anunció públicamente la administración de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz con el respaldo de la Oficina de las Naciones de Servicios para Proyectos (UNOPS).

“Surge por el hostigamiento y probable desplazamiento de comunidades. Creo que eso es novedoso”, dije Espinosa Sauceda.

Ya desde 2009 la CEDHJ había emitido una recomendación dirigida al gobierno estatal y los ayuntamiento de Cañadas de Obregón y Mexticacán. Sin embargo el propio organismo reconoció que ‘las autoridades estatales han incumplido con las recomendaciones emitidas’.

Este documento señala que se han violado los derechos de las comunidades desplazadas a Talicoyunque, un nuevo desarrollo al que fueron llevados quienes aceptaron entregar sus tierras para la inundación. Pero en éstos predios encontraron la falta de infraestructura básica para poder tener una vida digna.

De continuar los trabajos, los gobiernos deberán de atender también la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 93/2012, donde se invalida el segundo convenio que elevaba la altura de la cortina de la presa de 80 a 105 metros y eso significaba la total inundación de Temacapulín, poblado de Cañadas de Obregón que ha sido desplazado para poder llevar a cabo la obra.

Sumado al panorama local, el gobierno federal ha estado buscando el acercamiento con las organizaciones afectadas para poder escuchar sus inquietudes, luego de que organismos civiles y pobladores dirigieran diversas cartas al nuevo gobierno de AMLO. Aunque el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, prometió que se concretaría una visita al poblado, la comunicación ya no se ha reanudado tras las fiestas decembrinas.