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Nombramientos del Congreso en organismos ilegales

Jesús Padilla

Las reformas propuestas por diputados del órgano legislativo de Nuevo León podrían ser inconstitucionales al quitar atribuciones al gobernador, como la designación de titulares de organismos públicos


Jul 7, 2020
Lectura 4 min
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Iniciativas planteadas por el Congreso de Nuevo León le quitarían atribuciones al gobernador Jaime Rodríguez Calderón en el nombramiento, toma de protesta y remoción de los titulares de organismos de la administración pública descentralizada.

Estos dictámenes incluyen una reforma al artículo 63 constitucional, el cual establece que no será facultad del mandatario estatal tener a su cargo a los titulares de Servicios de Agua y Drenaje, Metrorrey, Red Estatal de Autopistas, Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (Simeprode) e Instituto de Movilidad.

Ahora se busca que un Comité de Selección ciudadano elija una terna, que será enviada al Poder Legislativo, donde los congresistas serán quienes voten en el Pleno del Congreso por los finalistas que ocuparán estos cargos. Estas facultades han sido del Poder Ejecutivo por años, pero de aprobarse las reformas es posible que los titulares actuales no concluyan su sexenio.

Al entrar en vigor, dentro de los 10 días siguientes, el órgano legislativo deberá instalar dicho comité, el cual contará con 20 días para iniciar los nombramientos y no tardará más de 40 en concretarlos. Los nuevos directores generales durarán ocho años en su cargo, con la posibilidad de reelegirse, si consiguen 22 votos de los diputados.

El paquete de reformas fue presentado el 14 de mayo por los coordinadores de las fracciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Cienfuegos; del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos de la Fuente; de Nueva Alianza, María Dolores Leal Cantú; la Independiente Progresista, Claudia Tapia; y del Partido del Trabajo (PT), Asael Sepúlveda.

El politólogo egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey, Gilberto Miranda, asegura que estas iniciativas de reforma son un desgaste innecesario al considerar que podrían caer en la inconstitucionalidad.

“Extraña legislar en facultades que son propias del Poder Ejecutivo, o sea, temas que tienen que ver con agua y movilidad. Incluso, si llegara a pasar esa reforma lo más probable es que se eche abajo por ser inconstitucional”, menciona.

Este sería el segundo intento de los diputados para restarle atribuciones al gobernador. El año pasado, el Congreso aprobó una reforma al artículo 23 de la Constitución local para tener la facultad de nombrar titulares de la Comisión de Desarrollo Urbano, la Comisión de Desarrollo Regional y el Fondo para el Desarrollo Metropolitano y Regional. Aún está pendiente la votación en segunda vuelta.

“No le veo mucho sentido intentar remover facultades al Ejecutivo. Muy probablemente al ser denunciado o procesado en el aspecto se eche para atrás, porque son funciones desde la Constitución”, dice el experto.

El silencio de ‘El Bronco’ ante el Congreso

El 10 de junio el paquete de iniciativas de reforma al artículo 63 de la Constitución local llegó a la Comisión de Puntos Constitucionales, a cargo del priista Jorge de León, quien pidió su discusión y votación en el próximo periodo extraordinario, el 14 de julio.

Desde entonces y hasta la tarde de ayer, el gobierno de “El Bronco” ha guardado silencio ante este intento de quitarle atribuciones.

“Eso no va a transitar. Es algo estéril, es algo que sabes que a todas luces no va a funcionar. Aunque mañana aprobaran la ley se hará el proceso constitucional correspondiente. No le veo mucho sentido a gastar energía en eso”, menciona.

El experto en política del Instituto Tecnológico de Monterrey, Gilberto Miranda, señala que tendría que ser el propio Poder Ejecutivo el que combata jurídicamente el paquete de iniciativas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“El propio Gobierno del Estado lo puede promover y sería el primer interesado en hacerlo ¿no? Seguramente no estará de acuerdo con que se le remuevan esas competencias. Al promover el juicio, lo más probable es que les den la razón, porque son facultades estatales”, explica.

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