El asesinato de Regina Martínez ha dado vuelta al mundo. El crimen de la corresponsal del semanario Proceso en Veracruz ha desatado el repudio generalizado por parte de amplios sectores de la sociedad civil, tanto a nivel nacional como internacional.

Tan sólo este domingo tuvieron lugar dos importantes manifestaciones en las ciudades de México y de Xalapa. Ahí se exigió a las autoridades esclarecer, puntualmente, lo ocurrido a la profesional que llevaba 30 años ejerciendo la labor periodística.

Regina Martínez fue encontrada muerta en su domicilio el 28 de abril. De acuerdo con las versiones de algunos medios locales, la Procuraduría General de Justicia veracruzana informó que a las 18 horas del sábado pasado el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4) recibió una llamada. Se trataba de una vecina de la reportera quien informó que su casa estaba abierta desde temprano. Que no se percibía movimiento alguno.

Fue entonces que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública acudieron a su hogar. En el baño hallaron el cuerpo sin vida de Regina. Se presume que la causa de su muerte pudo ser por asfixia por estrangulamiento.

La impunidad ha sido la constante en los crímenes contra periodistas en la entidad veracruzana. Nunca se ha detenido a nadie. Por ello, Proceso decidió “estar muy presente” en el asesinato de su colaboradora.

Después de entrar en contacto con el gobierno del estado, el semanario solicitó tener presencia directa en las averiguaciones que se están llevando a cabo.

La dirección de esta publicación designó al periodista Jorge Carrasco para estar a cargo de la cobertura informativa en torno al asesinato de su corresponsal.

“Obviamente –aclara Carrasco– el trabajo policial, de peritaje y de análisis lo hará la Procuraduría estatal”.

Esta dependencia, a través de todas sus divisiones de criminalística, realizará las averiguaciones correspondientes y trabajarán en coadyuvancia de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

De hecho, este lunes la PGR hizo pública su intención de trabajar bajo este convenio y ayer anunció que estarán presentes en los trabajos de investigación que lleve a cabo la Procuraduría local.

Por su parte, la CNDH, además de sumarse al mismo esquema de coadyuvancia, ha abierto un expediente para realizar su propia investigación.

“Lo que hará Proceso es estar presente en todas esas investigaciones encabezadas por la Procuraduría estatal”, dice Carrasco.

El reportero de investigación de este semanario conversa vía telefónica con Reporte Indigo para precisar los detalles más recientes en torno a este crimen.

-¿Van a tener acceso a las diligencias que se están llevando a cabo?

-Más que eso, porque nosotros no somos los técnicos –precisa– estaremos solicitando determinadas diligencias. Habrá el propósito de agotar todas las posibilidades para evitar una rápida instrucción y que se llegue a conclusiones que no se puedan sostener. Si se quiere presentar (este homicidio), por ejemplo, como un robo, o como un hecho no relacionado con el trabajo periodístico de Regina Martínez, tenemos que estar muy pendientes de por qué se llega a esas conclusiones. Por ello, estaremos insistiendo en que se estén haciendo determinados peritajes para que no se limiten las líneas de investigación con el robo.

-Con el robo o con otras hipótesis sin fundamento, como la referente a un “crimen pasional”.

Tengo entendido que esta línea ya fue descartada oficialmente.

-De entrada tenemos que descartarla porque no hay elementos firmes para sostener eso. Fue una información que se empezó a esparcir desde el domingo en la tarde, a poco más de 24 horas de los hechos, que no tenía ningún sustento, no era nada responsable.

-¿Qué avances hay en la investigación hasta el momento?

-Nosotros vamos a tener un encuentro con la Procuraduría en las próximas horas para tener detalles más específicos de lo que han hecho. De tal manera que, en este momento, no tenemos algo que podamos compartir.

-¿Nos puedes confirmar el asalto que sufrió su corresponsal a fines del año pasado?

-Regina sufrió un asalto en diciembre pasado (en su domicilio). Fue un hecho que en su momento conocimos en la revista y lo reportamos como tal porque hubo robo, de su computadora. Es un dato que tenemos como antecedente y que por supuesto queremos forme parte de las indagatorias.

-¿Tienen conocimiento de si sufrió además algún tipo de amenaza verbal o escrita?

-No tenemos ninguna denuncia sobre ello. Nosotros le preguntamos a la Procuraduría si había antecedentes formales en este sentido y nos dijeron que, por lo menos en el último medio año, no había denuncias ni de asalto ni de robo ni de amenazas; nada por el estilo.

-Este lunes se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. ¿Qué opinión merece esta ley en el contexto de este asesinato?

-Es un paso importante pero creo que, como siempre ocurre con las leyes, van detrás de la realidad… Es un avance. Conceptualmente es muy importante que exista una norma jurídica en torno a lo que hay que hacer pero más que la ley, el tema de fondo es la impunidad. Si tomamos en cuenta el número de asesinatos de periodistas en los últimos años, y cuántos de ellos se han resuelto, el gran tema que destaca es el de la impunidad. Y por supuesto que, en el caso de Regina, es lo que queremos no ocurra.

-¿Cuáles son las condiciones actuales para que los periodistas ejerzan en Veracruz?

-La situación para los periodistas en Veracruz es sumamente delicada. En el prácticamente año y medio del gobierno de Javier Duarte… han ocurrido cuatro asesinatos, tres previos al de Regina. Y ninguno de esos tres (crímenes) han sido esclarecidos. No hay un solo detenido, no hay absolutamente nada. Y con esos antecedentes fue como nosotros decidimos estar muy presentes en el caso. Además hay que tomar en cuenta que los asesinatos ocurren en un contexto de extrema violencia en el estado, las condiciones para que los periodistas trabajen en Veracruz son sumamente adversas. Son constantes las advertencias de la delincuencia organizada para que los periodistas trabajen o dejen de trabajar determinados temas. De manera que sí podemos decir con todo rigor que las condiciones no están para el trabajo periodístico en Veracruz.

-La propia reportera venía dando seguimiento a los asesinatos de compañeros del gremio…

-Así es. Ella estaba dando a conocer lo que estaba pasando con el asesinato de estos colegas periodistas. Regina tenía una agenda muy amplia. Cierto, trabaja temas de seguridad pero también temas de política local. Había hecho trabajos sobre la deuda del estado, sobre temas sociales. De manera que lo que dejaba constancia que estaba ocurriendo pues referían a temas de una agenda muy amplia.

-¿Laboraba Regina Martínez en otros medios, además de Proceso?

-No. Ella trabajaba sólo para Proceso. Mandaba muchísima información a la agencia Apro y nuestra agencias de noticias la distribuía a distintos periódicos de provincia. Entre ellos, a varios periódicos de Veracruz. Y el que más publicaba información con la firma de Regina era Notiver.

-¿Cuál es el mensaje principal que ustedes refrendan a la autoridad?

-El domingo tuvimos una reunión con el gobernador y el procurador, les dijimos claramente: no les creemos, no queremos escuchar retórica, no les vamos a creer si no vemos los resultados. El objetivo es que sepamos exactamente qué fue lo que pasó pero, también, ir contra los responsables de acuerdo con lo que establece la ley. El mensaje principal, entonces, es que no se repita el esquema de impunidad que ha ocurrido con otros periodistas. Esta vez le tocó a Proceso. Se está llegando cada vez a niveles más altos… lo que ocurrió con Proceso no solamente nos afecta a nosotros sino que es una afectación a la vida pública de México en la medida en que se está atacando la libertad de expresión.

-Las reacciones han sido múltiples en el ámbito nacional e internacional…

-Hemos tenido una amplia cobertura internacional pero, además, preocupación y ofrecimientos de ayuda de organismos internacionales de derechos humanos lo cual se constituye en una presión para que las autoridades hagan lo que tengan que hacer, debidamente. Es decir, no queremos una instrucción rápida que derive en lo que comúnmente ocurre en este país que es la fabricación de culpables. Queremos saber exactamente qué pasó y ahí vamos a estar.