La respuesta de Decanini, notificada hasta el pasado 10 de enero, motivó a la familia a interponer el juicio de garantías 99/2013.

Todavía es un proyecto de papel, pero el segundo túnel en el cerro de la Loma Larga tiene un gran problema.

 La obra, que la semana pasada promovió el alcalde Ugo Ruiz, no sólo es rechazado por los vecinos de la colonia Independencia, sino que también tiene un amparo en su contra.

Una familia recurrió a la protección de la justicia federal porque la polémica construcción está trazada sobre un terreno que posee desde hace 25 años, valuado en más de 80 millones de pesos.

El recurso jurídico se interpone a las intenciones del edil panista de materializar esta obra de ingeniería vial, postergada por administraciones anteriores.

Los copropietarios del terreno demandaron al Municipio de San Pedro porque en ningún momento les pagó una indemnización por restringirles el uso de sus tierras.

También le reclamaron la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro 2024, cuya actualización de 2010 contempla la afectación vial del predio por la construcción del túnel.

El terreno rústico de 11 mil metros cuadrados fue adquirido por la familia el 16 de marzo de 1988, como consta en el contrato de compraventa que pasó ante la fe del notario público número 75, Francisco Garza Calderón.

Estas tierras, ubicadas en la falda sur de la Loma Larga, inician en la calle Enrique Herrera, justo enfrente de la avenida Rufino Tamayo, y se extienden hasta el cerro, según la escritura pública número 2 mil 459.

Por ahí se pretende construir el túnel para unir el flujo vehicular de la zona de Valle Oriente, en San Pedro, con las avenidas Pino Suárez y Cuauhtémoc, en Monterrey.

Un peritaje externo incluido en el juicio determinó que si se sigue el trazo contenido en el Plan de Desarrollo Municipal, resultarían afectados 7 mil 418 metros cuadrados del terreno, es decir, el 67 porciento de su superficie.

En este plan se contempla una anchura del túnel de 40 metros, comprendida por dos viaductos.

Los copropietarios se enteraron de las pretensiones de las autoridades hasta hace seis meses, cuando buscaban obtener los usos de suelo comercial y de servicios para el predio.

Cuando solicitaron la marcación de alineamiento vial para conseguir los permisos municipales fueron informados de que no podían construir en su propias tierras.

Así les informó el entonces secretario de Control Urbano, Aldo Decanini.

Este funcionario actualmente es investigado por la Contraloría de San Pedro, precisamente por expedir permisos irregulares.

Decanini resolvió en un oficio fechado el 12 de septiembre de 2012 que el terreno resultaría afectado y restringió a los dueños de edificar cualquier obra sobre él.

“Es en dicha resolución reclamada, que los quejosos nos enteramos que nuestra propiedad cuenta con una afectación vial para la construcción de un túnel en la Loma Larga, que impide su aprovechamiento de forma alguna, en virtud de no poderse realizar construcción sobre el mismo”, manifiestaron en el amparo.

La respuesta de Decanini, notificada hasta el pasado 10 de enero, motivó a la familia a interponer el juicio de garantías 99/2013, radicado en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, encabezado por Iván Millán.

En sus alegatos, el Municipio de San Pedro sostuvo la legalidad de sus actos y pidió a la autoridad judicial que no se otorgara el amparo a los familiares.

Sin embargo, el proceso sigue su curso y está programada una audiencia constitucional para el próximo 15 de julio.

La semana pasada, el alcalde Ruiz anunció que su administración buscaría reactivar el segundo túnel en la Loma Larga y calculó que se necesitaría una inversión de 3 mil 300 millones de pesos.

Y aseguró que iba a echar “toda la carne al asador” para lograr un acuerdo entre los tres niveles de gobierno, la Iniciativa Privada y los vecinos de la colonia Independencia, quienes el jueves pasado bloquearon la avenida Pino Suárez como una muestra de su rechazo.

Mientras la homóloga de Ruiz, la alcaldesa de Monterrey Margarita Arellanes, dijo que no definiría una postura hasta que le presentaran los estudios técnicos del túnel, el secretario de Obras Públicas de Nuevo León, Luis Marroquín, expresó que el proyecto no está actualizado y que el Estado fungiría sólo como gestor.

Esta semana se prevé una reunión entre autoridades estatales y municipales para analizar la factibilidad financiera de la obra, que también fue revivida sin éxito por el antecesor de Ruiz, el exalcalde Mauricio Fernández.

Ruiz promueve, pero Estado dispone

Aunque el alcalde de San Pedro ha promovido públicamente el segundo túnel de la Loma Larga, el proyecto ejecutivo de ingeniería con el que se traza debe ser realizado por la Secretaría de Obras Públicas del Estado.

Esto se debe a que el trazo de la trayectoria está contemplado en el Plan Metropolitano 2021 de Desarrollo Urbano de la Zona Conurbada de Monterrey, elaborado por el Gobierno estatal.

Éste indica que la obra debe tener una longitud de mil 900 metros y un ancho de 55 metros, quince menos que en el Plan de Desarrollo Municipal de San Pedro.

Si se sigue este parámetro, resultarían afectados 9 mil 486 metros cuadrados del terreno en disputa, equivalente al 86 porciento de su superficie total.

Pero en los certificados de libertad de gravámenes del predio no se menciona en ninguna parte la afectación vial por alguna obra pública del Estado.

Los copropietarios también demandaron en su amparo al Gobierno estatal y al Congreso local por la aprobación del Plan Metropolitano, la falta de una indemnización y la promulgación de la Ley de Desarrollo Urbano de Nuevo León.

Los quejosos impugnaron el artículo 99 de este ordenamiento para evitar que el Municipio o el Estado “congele” o expropie el terreno por estar previsto en un plan o programa de desarrollo urbano.

Las autoridades demandadas pidieron al juez de Distrito que sobreseyera el juicio y se negara el amparo, como consta en los informes rendidos por diversos funcionarios de primer nivel del Gobierno del Estado y el Congreso local. 

El secretario de Gobierno, Álvaro Ibarra, aseguró en su respuesta que la promulgación de la ley impugnada no fue inconstitucional, sino con “absoluto respeto de las garantías individuales”.

En cuanto al secretario de Desarrollo Sustentable, Fernando Gutiérrez, dijo que la dependencia a su cargo nunca restringió el predio a los dueños y que por esa razón no los indemnizaría.

Y en representación del Congreso, el diputado panista Adrián González aseguró que los actos no le causaron perjuicio a los copropietarios porque sólo se había cumplido con las formalidades del proceso legislativo.