Un tribunal federal rechazó el recurso de queja presentado por el exsenador Jorge Luis Lavalle Maury para enfrentar su proceso en libertad, por lo que el exfuncionario continuará preso en el Reclusorio Norte como medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Fue el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal en la capital del país quien determinó que el recurso de queja es infundado; luego de que el exlegislador del Partido Acción Nacional (PAN) solicitara llevar su proceso en libertad debido a que su estancia en prisión afecta a sus cuatro hijos.

Los magistrados determinaron que la medida cautelar no afecta el interés superior de la niñez de sus hijos.


“De acuerdo a lo que manifestó en su recurso de demanda y a lo que transcribió de las audiencias de donde derivan los actos reclamados, no se evidencia que en el contradictorio se hayan analizado cuestiones de esa índole, esto es, que con la medida impuesta se afecte el interés superior del menor, por ende, constituye una cuestión ajena”.

El 8 de abril pasado, Lavalle Maury fue imputado formalmente por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La imputación y detención fueron producto de las acusaciones y testimonios presentados en agosto de 2020 por el extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, contra Lavalle Maury y otros 69 funcionarios por presuntos actos de corrupción, según la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020.

Con esas acusaciones, Lozoya Austin pretende acceder a un criterio de oportunidad para librar las denuncias en su contra por los casos de Agro Nitrogenados y Odebrecht.

Además de la comparecencia de Lozoya, quien acusó a Lavalle de haber recibido 25 millones de pesos de Odebrecht, también declaró en su contra el exsecretario particular de Lavalle, Rafael Caraveo.

Presuntamente, Lavalle Maury habría recibido el dinero durante el sexenio de Enrique Peña Nieto a través de su triangulación con varias compañías y con la complicidad de otros senadores del PAN y PRI.

Según las acusaciones de Lozoya, el dinero habría sido parte de un soborno a cambio de aprobar las reformas estructurales en materia energética impulsadas por el expresidente Peña Nieto.

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