En su participación durante el foro “Desafíos de la Justicia Mexicana”, Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva en el Senado, aclaró que no se permitirán retrocesos al sistema de justicia penal.
La senadora respondió a las críticas sobre legislaciones impulsadas por Morena en las que organizaciones de la sociedad civil consideran que pueden derivar en violaciones a derechos humanos y a la presunción de inocencia.
Aprovecho para hacer tres precisiones de muchas polémicas que se suscitaron en el pasado, en el Senado no habrá una contrarreforma al sistema de justicia penal, no admitiremos regresiones en materia de derechos humanos, ni transgresiones a la autonomía del Poder Judicial
Entre las reformas que más cuestionamientos han provocado están las que se refieren a la ampliación del catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.
A pesar de que durante 2019 Morena y sus aliados impulsaron la reforma al artículo 19 constitucional para que más ilícitos sean sancionados con el encarcelamiento automático, el 30 de julio pasado se armonizaron las leyes para que estas modificaciones sean una realidad.
Con 53 votos a favor y 23 en contra, el Senado avaló reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.
Lo anterior, con el propósito de que delitos considerados graves como feminicidio, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, violencia sexual contra menores, corrupción, desaparición forzada, robo al transporte de carga y de combustibles conlleven a la prisión preventiva oficiosa.
En entrevista con Reporte índigo, Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados expone que, por parte de la oposición, existe una preocupación sobre las regresiones en materia de justicia con los cambios que promovió Morena, como la ampliación en el catálogo de los delitos que ameritan prisión automática.
“Señalamos en su momento esa tentación que parece tener el Ejecutivo de mandar iniciativas y el grupo parlamentario de Morena de crear retrocesos a lo que se ganó con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio reciente, porque no hay que olvidar que apenas fue en 2016 cuando se implementó en todo el territorio nacional, y todavía creo que es muy pronto para quienes dicen que a este sistema se le tiene que dar marcha atrás”, explica la diputada panista.
Entre las reformas presentadas por Morena al sistema de justicia, la que más cuestionamientos ha provocado es la que se refiere a la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa
Decisiones polémicas del actual sistema de justicia
En las últimas semanas las determinaciones de algunos jueces han generado controversia entre la opinión pública.
Una de ellas fue la liberación de José Ángel “C”, identificado como líder de la organización criminal Guerreros Unidos, imputado por el delito de delincuencia organizada y relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
José Ángel “C”, apodado “El Mochomo”, fue detenido el 24 de junio en Metepec, Estado de México. Una semana después, el 1 de julio, fue liberado por un juez que argumentó fallas en la integración de la averiguación.
La liberación de uno de los principales presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o puesta en libertad de las familiares de José Antonio “Y”, “El Marro”, líder del Cartel Santa Rosa de Lima, entre otras acciones ponen en duda el sistema de justicia del país
A su salida del juzgado, ubicado en el Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, “El Mochomo” fue reaprehendido y llevado a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Pese a que José Ángel “C” fue consignado a la SEIDO, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que hubo corrupción entre el imputado y el juzgador, lo que derivó en que se le dejara en libertad.
“Fíjense, antier da a conocer el Fiscal general que se detuvo a uno de los más importantes involucrados en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. El fiscal sale a informarlo y en 24 horas o en muy poco tiempo lo dejan en libertad, yo creo que ni tardó 24 horas porque a las 12:00 de la noche lo sueltan.
“O sea, no es un asunto de rutina de que un ministerio público consigna y el juez libera, estamos hablando del Fiscal general de la República. Es una afrenta a las instituciones, al Estado”, sostuvo el presidente el 2 de julio.
El 7 de julio, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió por seis meses a un secretario del juzgado por presuntamente estar involucrado en actos de soborno.
A este caso se suma la detención de la madre, hermana y prima de José Antonio “Y”, líder del Cartel Santa Rosa de Lima.
Las tres familiares de José Antonio “Y”, “El Marro”, fueron detenidas el 20 de junio en Guanajuato. En respuesta, el grupo criminal bloqueó avenidas con automóviles incendiados en al menos 11 municipios de la entidad.
Días después, una jueza determinó otorgar la libertad a las mujeres capturadas luego de desestimar los elementos de prueba presentados por la Fiscalía estatal. Esta determinación, también causó polémica y la reacción del presidente quien señaló “transas” y actos de corrupción en el caso.
En días recientes, un juez se negó a vincular a proceso por corrupción de menores a Luis Alfonso “N”, exfuncionario del municipio de Puerto Vallarta, tras haber sido hallado en flagrancia abusando sexualmente de una niña y detenido por elementos municipales
La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas del exfuncionario y del juez luego de encontrar transacciones irregulares en los reportes bancarios de ambos personajes.
