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Nexo Procuraduría de NL con Jerezano

El despojo del casino La Fortuna, en Monterrey, puso al descubierto una red de complicidades entre el juez Luis Armando Jerezano Treviño y operadores de la Procuraduría de Nuevo León, encabezada por Adrián de la Garza Santos.

Uno de ellos fue el abogado Jacobo Isaac Rodríguez Obregón, quien fue el responsable de que se abriera una averiguación previa en contra de los dueños del centro de apuestas.

El despojo del casino La Fortuna, en Monterrey, puso al descubierto una red de complicidades entre el juez Luis Armando Jerezano Treviño y operadores de la Procuraduría de Nuevo León, encabezada por Adrián de la Garza Santos.

Uno de ellos fue el abogado Jacobo Isaac Rodríguez Obregón, quien fue el responsable de que se abriera una averiguación previa en contra de los dueños del centro de apuestas.

El litigante operó la denuncia penal que culminó con el arresto de los propietarios, los hermanos Arturo y Pedro Cardona Calderón, y Jesús Andrés González González, que están recluidos en el Penal de Cadereyta desde hace seis meses.

Según la comparecencia ministerial de Erick Garza Treviño, otro de los operadores del juez suspendido, Rodríguez Obregón tiene conexiones en la Procuraduría estatal que ayudaron a que el proceso se inclinara a favor del grupo que comanda el juez casinero.

Entre los beneficios que consiguió, está que se decretara el inejercicio de la acción penal en el expediente 81/2012, que se abrió tras el secuestro del socio Arturo Cardona Calderón.

El testigo confesó ante la Procuraduría General de la República que el litigante operó toda la elaboración de un acta de Asamblea General fraudulenta, de la empresa Recreaciones de Habilidad y Destreza, S.A. de C.V.

El documento, que se hizo en la Notaría Pública Número 35, a cargo del fedatario Ricardo Efraín Vargas Güemes, tenía la intención de despojar de sus acciones a los propietarios del casino.

Hace siete años, Rodríguez Obregón tuvo un encuentro desafortunado con el narcotráfico.

El 18 de enero de 2007, un comando del extinto capo del Cártel de Sinaloa, José Luis Carrizales Coronado, “El Tubi”, pretendió ejecutarlo a él y al también defensor Javier Garza Cortez, en una persecución en la Avenida Leones.

Los dos salieron con vida del tiroteo, pero puso en entredicho al Bufete Jezzini, un despacho legal donde ambos trabajaban y que representó a varios lugartenientes de esa organización criminal.

Su colega Garza Cortez trabajó en la Secretaría de Seguridad de Montemorelos cuando el hermano del procurador, Filiberto de la Garza Santos, era el titular de la dependencia municipal.

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