En lo que va del sexenio nueve ediles de municipios han sido asesinados, un hecho que muestra el nivel de descomposición social y violencia que se vive en el país.

Atender la seguridad pública y dotar de recursos a estas localidades para proteger a su población y a sus gobernantes no es una prioridad para la administración federal, ya que desaparecieron fondos que se invertían en mejorar a las policías en municipios o la recuperación del espacio público.

Ante los hechos de violencia y falta de recursos, los ediles que integran la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) lanzaron un posicionamiento en el que acusan que el país está inmerso en una serie de medidas contrarias al federalismo y al desarrollo regional.


La reducción de recursos públicos para el combate a la inseguridad a nivel de ayuntamientos afectará la capacidad de maniobra ante un posible repunte de la incidencia delictiva derivada de la crisis económica provocada por el COVID-19

“Así ha quedado de manifiesto con la creación de la Guardia Nacional, en lugar de fortalecer a las policías municipales; la creación de los Superdelegados, como una figura intermedia entre la federación y la ciudadanía, y más recientemente la aprobación -por tercer año consecutivo- de un Presupuesto de Egresos de la Federación que recorta en gran medida los recursos para estados y municipios, por mencionar solo algunas acciones”, se lee en el documento.

Para Ernesto Ruffo Appel, secretario de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal en la Cámara de Diputados, la reducción de recursos públicos para el combate a la inseguridad a nivel de ayuntamientos afectará la capacidad de maniobra ante un posible repunte de la incidencia delictiva derivada de la crisis económica provocada por el COVID-19.

“Está claro que el escenario es de precariedad. El eslabón del gobierno más sencillo, pero más cercano a la gente es el municipal. Y hay responsabilidades municipales que son muy sentidas para la gente, desde la recolección de la basura o la seguridad pública, y las finanzas están rotas, ya de por sí precarias de años atrás, y ahora más con estos asuntos del COVID-19 (…) entonces el marco general es de escasez de servicios públicos y deterioro de la vida comunitaria”, explica el también exalcalde de Ensenada, Baja California.

En el dictamen aprobado en San Lázaro, que contiene el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, desapareció el Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (Fortaseg), dicho instrumento estaba enfocado en el fortalecimiento y capacitación de policías locales. Este fondo contó con 3 mil millones de pesos este año.

En ese mismo sentido, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (Fortamun) también tuvo un recorte por el orden del uno por ciento y contará con una bolsa de 85 mil 882.1 millones de pesos para 2021.

Leonel Fernández, director de Incidencia en Política Pública del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), expone que muchos municipios quedarán en la indefensión por los recortes a fondos federales y la eliminación del Fortaseg.

El especialista agrega que estos recursos son importantes para cubrir aspectos tan elementales como el pago de salario a policías, capacitaciones o mantenimiento de vehículos.

“Si bien estos fondos han ayudado a que se fortalezcan algunos municipios, también generaron ciertas dependencias de lo local hacia el Gobierno federal y eso ha evitado que tengamos policías consolidadas o que los gobiernos municipales inviertan parte de lo poco que recaudan en mejorar las policías.

“El problema es que no se han creado mecanismos alternativos para fortalecer financieramente a las policías locales”, considera el experto.

A pesar de que el robustecimiento de las corporaciones policiacas estatales y municipales fue una de las promesas hechas por el Gobierno federal cuando impulsó la creación de la Guardia Nacional, en el aspecto financiero esto no se ha reflejado.

El análisis “Implicaciones del Paquete Económico 2021”, elaborado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) muestra que el presupuesto es similar al de 2020 y no se consideran medidas especiales para el combate a problemas como la violencia contra las mujeres y la seguridad en estados y municipios.

“La eliminación del Programa de Fortalecimiento de Seguridad (Fortaseg) vulnera la capacidad para proveer servicios de seguridad pública de calidad, tarea que concentra la Guardia Nacional”, se lee en el análisis del CIEP.

Por lo anterior, Ruffo Appel advierte que los municipios quedarán en una indefensión más profunda de la que ya se encuentran.


Es lamentable, es obvia la falta de efectividad en la coordinación de las fuerzas policiacas para el combate al crimen organizado, no está teniendo efecto la Guardia Nacional, tampoco hay una presencia mejorada de las actuaciones estatales

Ernesto Ruffo Appel

Secretario de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal en la Cámara de Diputados

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