Monterrey y Guadalupe aguardan desenlace
La Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial federal deberá decidir antes el 31 de octubre si los panistas Felipe de Jesús Cantú y Pedro Garza, representarán la alcaldía de su partido, un acto que derrumbaría las pruebas que el PRI presentó para acreditar a sus candidatos
Carlos SalazarA tres semanas de que inicie el nuevo trienio en los ayuntamientos en Nuevo León, el Tribunal Electoral dl Poder Judicial de la Federación aún no da la última palabra sobre las elecciones para las alcaldías de Monterrey y Guadalupe
Después de que el Tribunal Electoral de Nuevo León le quitara sobre la mesa las victorias a los candidatos panistas en estos municipios para dárselas al PRI, la Sala Regional de Monterrey podría emitir su sentencia la próxima semana, ratificando o revirtiendo la decisión de los magistrados del Tribunal local.
El control de Monterrey y Guadalupe reviste una importancia estratégica para el futuro de ambos partidos políticos en la entidad
En el PRI, se muestran confiados en la solidez legal de la impugnación que presentaron en primera instancia, por lo que espera que el nuevo recuento que les otorgaba las alcaldías se mantenga.
La presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, aseguró tras una reunión con los magistrados de la Sala Regional Monterrey, que tienen pruebas y argumentos jurídicos suficientemente sólidos para acreditar el triunfo de sus candidatos en ambos municipios.
Del otro lado, todo el panismo se ha volcado en la defensa de su triunfo en las urnas, comenzando por el líder nacional Marcelo Torres, quien ha manifestado que hay una ofensiva contra el PAN en tribunales, producto de una alianza PRI-Morena, ejerciendo presión sobre los magistrados.
El coordinador jurídico del PAN, Eduardo Aguilar, ha señalado que según los criterios utilizados por el Trife en la calificación de la elección a la gubernatura de Puebla, esperarían que se revirtiera la decision del Tribunal de Nuevo León.
Los antecedentes para el panismo no son buenos. La Sala Regional Monterrey, donde se dictará sentencia sobre Monterrey y Guadalupe, fue la que determinó invalidar la elección a la alcaldía de Querétaro, misma en la que había triunfado el panista Luis Bernardo Nava.
Sea cual sea la sentencia emitida por los magistrados de la Sala Regional, la calificación final de la elección llegará a la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, cuya decisión definitiva deberá estar lista antes del próximo 31 de octubre, cuando los alcaldes de Monterrey y Guadalupe deberían asumir su cargo
Hasta el momento, los alcaldes electos son los priistas Adrián de la Garza, por Monterrey, quien compitió por la reelección, y Cristina Díaz por Guadalupe.
En la pugna se mantienen los candidatos panistas Felipe de Jesús Cantú, en Monterrey, y Pedro Garza en Guadalupe, quienes, de acuerdo con el cómputo final de la Comisión Estatal Electoral obtuvieron la mayoría de los votos.
El gobierno de estos dos municipios es de importancia capital para ambos partidos. En un estado gobernado por Jaime Rodríguez, quien llegó al poder por la vía independiente, los frentes políticos tradicionales buscan fortalecerse tanto en los municipios como en el Congreso local para convertirse en la principal oposición e interlocutor con el gobierno estatal.
En la actual composición del Congreso local, el PAN es la principal fuerza política con 15 diputados, seguido del PRI con ocho legisladores.
A partir del 31 de octubre, en caso de mantenerse la sentencia del Tribunal Estatal, el PAN gobernaría en 14 municipios, entre los que se encuentran Santa Catarina y San Nicolás. El PRI tendría bajo su control 22 alcaldías, de las cuales siete de ellas en Alianza con el Partido Verde Ecologista de México, siendo las más importantes Monterrey y Guadalupe.
En caso de que el Tribunal Electoral Federal revierta la sentencia del Tribunal local, no solo cambiaría el equilibrio de fuerzas (16 para el PAN y 20 para el PRI) sino que dejaría al blanquiazul con una buena parte de los principales municipios de la Zona Metropolitana
Las vías de defensa
El 17 de agosto, cuando los magistrados dieron a conocer la sentencia que le quitaba al PAN los triunfos en Monterrey y Guadalupe, un grupo de panistas encabezados por el Senador Raúl Gracia irrumpieron en la sede del Tribunal de Nuevo León para insultar a los magistrados y a los miembros del PRI. Incluso Jesús Gómez, representante del PAN ante la Comisión Estatal Electoral, agredió a un reportero en la trifulca.
En la sesión, los magistrados declararon fundadas las impugnaciones por el PRI respecto a la violación de la cadena de custodia de paquetes electorales y otras irregularidades, lo que a su juicio, constituía una anulación de dichas casillas. Al hacer un nuevo cómputo, la votación cambió a favor de los candidatos priistas en ambos municipios.
A partir de ese momento, el PRI y el PAN han mantenido un pulso que llegó hasta sus respectivas dirigencias nacionales, cabildeado de distintas formas ante los tribunales electorales.
Una de las primeras medidas de protesta la encabezaron los candidatos Felipe de Jesús Cantú y Pedro Garza, quienes instalaron un plantón el 18 de agosto en el Palacio Municipal de Monterrey, una manifestación que terminó en enfrentamiento tras un intento de desalojo por parte de la policía municipal. Los candidatos llamaron a marchas para la defensa de los resultados electorales tanto en Monterrey como en Guadalupe.
En el mes y medio que ha transcurrido desde la resolución del Tribunal local, los aspirantes han recibido el respaldo no solo de sus dirigencias local y nacional, sino también de los legisladores federales y de notables panistas
En el aspecto legal, Eduardo Aguilar, coordinador jurídico del PAN, le apuesta al criterio utilizado por los magistrados de la Sala Superior respecto a la elección de Puebla, quienes en su sentencia resolvieron que no se violó la cadena de custodia de paquetes electorales en los comicios, uno de los argumentos que los magistrados de la Sala Regional sí habían tomado en cuenta en los casos de Monterrey y Guadalupe.
En el plano político, el PAN también ha intentado ejercer presión a los magistrados. En una postura el pasado 27 de septiembre, después de la anulación de la elección en Querétaro, Marcelo Torres Cofiño denunció una intromisión indebida de Morena y de sus operadores políticos en las decisiones de los Tribunales.
Del lado del PRI, la propia dirigente nacional Claudia Ruiz Massieu se ha reunido con los magistrados de la Sala Regional Monterrey para expresar la postura de su partido. En las labores de cabildeo también ha participado el nuevoleonés Héctor Gutiérrez, Secretario de Organización del CEN.
Ambos partidos argumentan tener la razón en el plano legal, y cualquier decisión en contra de ellos la considerarían como una sentencia con motivaciones políticas.
