Ministerios públicos, un problema de raíz

09 de Abr, 2019

Las múltiples carencias que presentan los Ministerios Públicos en México los ha convertido lugares que, incluso para quienes se encuentran en busca de justicia, prefieren evitar.

El organismo responsable de atender las denuncias por los crímenes que se cometen y de determinar si en verdad estos ocurrieron, no cuenta con la confianza de la ciudadanía; esto provoca que en uno de los países más violentos e inseguros del mundo muchas de las agresiones no sean reportadas y que, aún cuando se denuncian, quien lo hace sea revictimizado.

Esta realidad, la cual se da por distintos motivos, a quienes más afecta es a las mujeres. De acuerdo con los últimos datos del Inegi, en México seis de cada 10 mujeres sufren violencia ya sea física, psicológica, sexual o económica.

Por su parte, el documento Guía Contra la Violencia de Género en Ministerios Públicos, creado por las asociaciones civiles Tojil e Impunidad Cero, revela que las agresiones que más sufren quienes pertenecen al género femenino son infringidas por su pareja (43.9 por ciento), seguida de violencia comunitaria (38.7 por ciento), laboral (26.6 por ciento), escolar (25.3 por ciento) y familiar (10.3 por ciento).

A pesar de los elevados numeros de violencia contra las mujeres que existen en el país, las cuales se basan en el registro de denuncias, organizaciones de la sociedad civil que se encargan de velar por quienes han sido violentadas, aseguran que la cifra negra, es decir, los casos que no se denuncian, es altísima, pues hay muchas personas que prefieren guardar silencio antes que ir con las autoridades correspondientes.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (Endireh) -la más actualizada al momento- revela que los tres principales motivos por los que una mujer no lleva a cabo una denuncia tras sufrir una o múltiples agresiones son: porque considera que la agresión se trató de algo sin importancia, por miedo a las consecuencias o por vergüenza y porque no sabía dónde realizarla; no obstante, también existen casos que decidieron no hacerlo por temor a la autoridad o porque le pudiera pasar algo a sus hijos

Al respecto, Estefanía Medina, una de las cofundadoras de la asociación civil Tojil, explica que para poder revertir la difícil situación en la que se encuentran los Ministerios Públicos, es muy importante educar a la ciudadanía.

“La educación es fundamental. Por una parte es importante que la gente conozca sus derechos para que de esta manera ellos mismos puedan detectar cuando un servidor público está actuando de manera incorrecta y denunciarlo.

“Y por la otra para poder identificar y comenzar a erradicar la violencia machista que proviene desde el tema cultural y que no solo fomenta actitudes misóginas, sino que a su vez normaliza la violencia de género provocando que, incluso, muchas de las mujeres que se encuentran en esta situación, sean incapaces de identificar la gama completa de agresiones a las que están siendo expuestas”, comenta Medina.

Aunado a esto, la jurista especializada en el Sistema Penal Acusatorio, también detalla que una de las situaciones que han notado y que debe corregirse es que los Ministerios Públicos que se encuentran adscritos a unidades especializadas en el tema de la violencia de género son un poco más sensibles y brindan mejor atención a las víctimas.

“Sin importar a las unidades que estén adscritos, todos los Ministerios Públicos deben tener la capacidad y la preparación para atender cualquier situación, de lo contrario, lo único que la autoridad está haciendo es sectorizar la atención y eso no funciona. Necesitamos verlo como algo transversal”

Estefanía Medina también indica que hoy en día el eslabón más débil dentro de la cadena de procuración de justicia son las policías, pues no cuentan con la capacitación adecuada ni tienen un entendimiento real de cuál debe ser su rol con la ciudadanía.

“Un primer paso para resolver el problema con las policías sería a través de la redignificación de la función, pues actualmente no se hace una buena selección del personal y quienes se quedan en el puesto no cuentan con un buen proyecto de vida dentro de la institución a la que representan como buenos salarios, infraestructura, preparación y equipo”, añade.

La puerta giratoria

Estefanía Medina habla también de un problema muy grave el cual suele conocerse con el nombre de “Puerta giratoria” y hace referencia a la acción de incumplir tanto por parte de los Ministerios Públicos como de los policías el tiempo que tienen para presentar a un detenido ante un juez después de su detención como a respetar el tiempo que un presunto criminal puede ser privado de su libertad.

De acuerdo con el estudio “Mujeres con la frente en alto. Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado”, presentado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en noviembre pasado, ocho de cada 10 mujeres que son detenidas sufren tortura o malos tratos por parte de las autoridades antes de ser presentadas ante un juez.

Además, estimaciones del Centro Prodh basadas en el número de denuncias a nivel nacional, indican que en 2014 se presentaron 10 mil 462 denuncias por tortura; y para 2015 solo 17 expedientes fueron consignados por la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura.

Por último, el informe en el que se analizaron 29 casos específicos de mujeres, asegura que en todos hubo encubrimiento o participación directa de agentes del Ministerio Público de la PGR, principalmente de la hoy extinta Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en la detención arbitraria, retención prolongada e injustificada y tortura sexual” de las mujeres

“En todos los casos el Ministerio Público pasó por alto indicios claros de estas graves violaciones a los derechos humanos”, señala.

Hoy, las consecuencias de contar con Ministerios Públicos incapaces de cumplir con sus funciones se ven claramente reflejados en movimientos como #MeToo, donde las redes sociales se convierten en tribunales paralelos desde donde se denuncia, se juzga y se castiga mediáticamente a los presuntos agresores, en vez de acudir con las autoridades correspondientes y llevar a cabo los procesos legales debidos para que se realice una investigación en forma, se castigue a los culpables y se repare el daño; una responsabilidad que le corresponde al Estado y que no ha podido cumplir.