Los cuatro militares detenidos por el caso Ayotzinapa exigieron justicia y por medio de sus abogados pidieron al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dejar de “politizar” y “manipular” las investigaciones de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de hace ocho años.

De acuerdo con los militares, la politización de la investigación no ayuda a conocer la verdad de lo sucedido en Iguala, Guerrero, ya que un juez de Distrito libró una orden de aprehensión basado en un dicho de un delincuente protegido y solo con meras conjeturas.

Durante una conferencia de prensa, afuera de la Puerta 8 del Campo Militar 1-A, dónde están recluidos el general José Rodríguez Pérez; el capitán José Martínez Crespo; el sargento Eduardo Mota Esquivel y el teniente Fabián Alejandro Pirita, Alejandro Robledo Carretero, uno de los dos defensores de los militares, exigió dejar la política a un lado.

“No es posible que ese juez haya dictado un auto de formal prisión, desestimando las pruebas que se le aportaron, con el argumento de que estas no fueron suficientes para acreditar que los indiciados no han realizado algún acto de colaboración con el grupo criminal, pretendiendo que sea el acusado quien pruebe que no cometió ningún hecho, que debe ser el Ministerio Público quien acredite que sí lo cometió, esto es el principio esencial del derecho penal”, expresó.

“Pedimos al subsecretario Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad Ayotzinapa (Covaj), deje de politizar las investigaciones, para que los padres de los estudiantes desaparecidos y todo México puedan realmente conocer la verdad y tener acceso a la justicia sin sesgos ni manipulaciones”, dijo el abogado César Omar Gómez Hernández.

El anuncio de una probable denuncia contra Encinas coincide con la renuncia de Omar Gómez Trejo, fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, quien después de tres años se retiró del cargo debido a que no estuvo de acuerdo con los procedimientos para aprobar la cancelación de otras 16 órdenes de aprehensión que se presentaron contra mandos militares.

Desde el 18 de agosto, el gobierno federal dio a conocer la posible participación en el caso del general José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, quien presuntamente mandó asesinar a seis de los 43 normalistas.

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También informó sobre la implicación de los militares José Martínez Crespo, Fabián Alejandro Pirita Ochoa y Eduardo Mota Esquivel, razón por la cual fueron detenidos el 14 de septiembre y vinculados a proceso días después.

Ahora, la defensa de los militares afirmó que las acusaciones se sustentan únicamente en la versión de un testigo protegido identificado como “Juan”, que pertenece al grupo criminal Guerreros Unidos y en cuya versión “refiere datos falsos”.

Finalmente, sobre el informe de la Comisión de la Verdad, los abogados aseguraron que este “se encuentra plagado de falsedades, conjeturas y especulaciones, como la afirmación de que toda la información y productos obtenidos los han entregado a la fiscalía especial para el caso y al GIEI, lo que fue desmentido por este”.