Explotación laboral en albergues de asistencia, una forma de trata de personas

La ONU dictaminó que en México existían entre 15 y 20 zonas con una alta incidencia en el delito de trata de personas así como cuatro rutas de tránsito, en un Diagnóstico publicado en 2015; sin embargo, no se mencionó el tema de los albergues infantiles, donde a menudo ocurre explotación laboral y abusos.

“No hay marcos claros de actuación, y por desgracia Fevimtra se centra en las víctimas de explotación sexual e ignora lo que pasa en albergues. Hay opacidad en los datos; si se solicitan, la autoridad responde que es información de carácter confidencial, y la poca información es de dudosa consistencia”
Gabriela Ruíz SerranoAcadémica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM

La ONU dictaminó que en México existían entre 15 y 20 zonas con una alta incidencia en el delito de trata de personas así como cuatro rutas de tránsito, en un Diagnóstico publicado en 2015; sin embargo, no se mencionó el tema de los albergues infantiles, donde a menudo ocurre explotación laboral y abusos.

“No hay marcos claros de actuación, y por desgracia Fevimtra se centra en las víctimas de explotación sexual e ignora lo que pasa en albergues. Hay opacidad en los datos; si se solicitan, la autoridad responde que es información de carácter confidencial, y la poca información es de dudosa consistencia”,  afirma la investigadora Gabriela Ruíz Serrano de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM.

Leer más: CNDH investigará abuso a menores en albergues la ‘Ciudad de los Niños’

Cada 30 de julio se conmemora la lucha internacional contra la trata de personas, que tiene la finalidad de visibilizar a aquellas personas que son víctimas de este delito.

La trata se entiende como la captación, el transporte, el traslado o la recepción de personas mediante secuestro, fraude, engaños, seducción, abuso de poder o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, con el propósito de explotarlas sexualmente, obligarlas a trabajos forzosos, a la esclavitud, a la servidumbre o a la traficación de órganos, de acuerdo con la Unicef.

Alrededor del país, existen centros de ayuda a niños en orfandad o sin un hogar que se encuentran consentidos por las autoridades o personajes políticos. No obstante, su práctica es un cultivo del delito de trata, debido a que se realizan prácticas de explotación laboral; además de abusos de maltrato.

 

La Gran Familia, albergue de explotación

Rosa del Carmen Verduzco tenía 13 años, en 1948, cuando tuvo la idea de formar una casa hogar para albergar a jóvenes y niños hambrientos que no tuvieran un lugar donde vivir.

“La Gran Familia” fue el nombre de la casa hogar, ubicada en el municipio de Zamora, Michoacán, donde aproximadamente 4 mil niños vivieron en ese lugar. A algunos de ellos, Rosa los registró como sus hijos.

A Rosa la conocían como ‘Mamá Rosa’, ‘La Jefa’ o ‘la mamá de los niños’; intelectuales como Enrique Krauze y Jean Meyer, la calificaban como una mujer amorosa y gran educadora, admirable en la comunidad de Zamora, Michoacán donde se ubicaba su albergue.

El albergue de Verduzco obtuvo premios por su labor de refugio, entre ellos el que le entregaron el exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy y el expresidente Felipe Calderón.

El 15 de julio de 2014, el gobierno federal y estatal intervino en la casa hogar, resultado de cinco denuncias realizadas por padres de familia que declararon tener prohibido ver a sus hijos desde hacía varios meses.

Mamá Rosa, fue detenida y los albergados llevados a servicios de salud para evaluar si habían sido víctimas de abusos físicos, psicológicos y sexuales. El entonces titular de la agencia de investigación criminal, Tomás Zerón, dijo que en el lugar permanecían niños recién nacidos hasta personas de 40 años, y confirmó que habían sido abusados, explotados y que vivían en situación precaria.

Los niños de entre 3 y 17 años de edad, eran explotados pidiendo limosna en las calles. Lo obtenido era recogido por trabajadores de La Gran Familia, quienes los sometían a maltratos físicos.

“En muchos albergues se da la trata de personas mediante la explotación laboral y a la adopción ilegal. A raíz de lo ocurrido en La Gran Familia, el DIF generó un protocolo para la evaluación de estos centros, pero no hay la capacidad operativa para determinar en cuántos lugares ocurre”, agrega Ruíz Serrano.

En estos albergues, es común que las niñas resulten embarazadas y después sus hijos sean vendidos o dados en adopción.

La académica de la ENTS, argumenta que la situación de orfandad les hacer estar en una situación de vulnerabilidad, porque no hay familiares que reclamen por su bienestar. Las consecuencias, son traumas muy serios en ese sector de la población, que no obtiene mecanismos por parte del Estado para que se repare el daño.

 

Casitas del Sur y la desaparición de menores

Al menos 15 menores fueron sustraídos de la casa hogar “Casitas del Sur” y de otros centros como Caifac y “La Casita”.

En el año 2008, Michel Curiel Martínez de 10 años fue reportada como desaparecida, luego de llegar a un albergue de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

La niña llegó en 2005, dos años más tarde fue trasladada a Casitas del Sur. En el año 2008, la abuela de Michel consiguió la patria potestad y cuando acudió al centro de asistencia, la institución se negó a entregarla.

A partir de ahí, se conocieron casos similares; Casitas del Sur, por mantener vínculos con la Iglesia Cristiana Restaurada, los niños del refugio fueron entregados a integrantes de la misma congregación.

La PGR siguió pista del caso, luego de registrar una denuncia en la que se desnudó la red de tráfico de menores en la casa hogar.

Por el hecho, fueron detenidas tres personas entre el 2010 y 2012; Antonio Domingo Paniagua, por su presunta responsabilidad en tráfico de menores; a Jorge Erdely, líder de la Iglesia Cristiana Restaurada y a Braulia Valverde, encargada de la casa hogar “Casitas del Sur”.

“Aún con estos casos y a pesar de que existen marcos jurídicos para tener padrones de cuántos niños y personas se encuentran en esa situación, faltan estrategias institucionales y voluntad política para terminar con este grave problema”, concluye Ruíz.