La crisis que se vive en Monterrey por la falta de agua forma parte de una condición mucho más amplia que afecta a gran parte del país.

Ante la presión hídrica que constantemente enfrentan la mayoría de las entidades de la República, las emergencias y confrontaciones por el abastecimiento parecen acentuarse cada vez más.

De acuerdo con el Instituto de Recursos Mundiales, en México, 16 entidades del país enfrentan un riesgo extremadamente alto de estrés hídrico, es decir, una demanda de agua mayor a la disponible

Mientras que en riesgo alto se encuentran otros seis estados más, con prácticamente todo el territorio desde el Valle de México hasta la frontera norte enfrentando esta condición.

Esto quedó de manifiesto el pasado 21 de junio, cuando Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje de Monterrey, descartó que estados vecinos como Coahuila, Tamaulipas o San Luis Potosí puedan ayudar a la capital regiomontana. Pues actualmente también enfrentan sus propias condiciones de sequía.

Para analizar este panorama a nivel nacional, Reporte Índigo entrevistó al doctor Miguel Enrique Magaña, jefe del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, quien plantea que, si bien cada región tiene sus características particulares, existen tres problemas de raíz presentes en todas ellas.

“La falta de voluntad política es un punto muy importante, porque es de donde surgen las decisiones: leyes, normas, conductas y demás. La deficiente cultura ambiental que tenemos tanto en la sociedad como, por supuesto, en la administración pública. La tercera es la desvinculación intersectorial, cada quién ve por su propio bien”.

Entre otras cuestiones, plantea que hay una mala administración del agua debido a que las autoridades correspondientes “no toman en cuenta las inclinaciones, el cambio climático, la deforestación, el cambio de uso de suelo, en fin. Esto, si pidieran decirlo en una palabra, la tengo: desorden. Es un desorden”.

Como ejemplo pone el caso de Guadalajara y su área metropolitana, que también ha pasado por crisis de sequía, a la vez que se registran varias zonas de inundación durante la temporada de lluvias. Lo que muestra que los proyectos de desarrollo urbano no han tomado en cuenta las cuencas y el movimiento natural del agua.

“No hay un ordenamiento hídrico de las cuencas. En las cuencas hay agricultura, ganadería, industria y una cantidad de asentamientos humanos. ¿Qué es lo que sucede? Que no está ordenado el uso ambiental del territorio”, explica el también profesor-investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.

Si bien hace hincapié en que gobernantes y funcionarios públicos suelen no tomar en cuenta las propuestas y advertencias hechas desde el ambiente científico, también recalca que no habla solamente de la administración pública, “tampoco hay ese convencimiento en el área social”, refiriéndose a la falta de participación de la misma ciudadanía para atender estos proyectos.

Conflictos por el agua

Además del caso de Monterrey, el abasto de agua comienza a generar protestas y luchas en otros puntos del país.

Desde las colonias populares de la Ciudad de México que se oponen a desarrollos inmobiliarios como Mitika o la renovación del Estadio Azteca, hasta comunidades rurales afectadas por la toma de pozos para el cultivo de aguacate en Michoacán

Sobre esto, el doctor Arturo Chacón Torres, profesor-investigador en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, comenta a Reporte Índigo que estos choques “son el principio de los conflictos del agua”, poniendo como ejemplo los casos de Michoacán o las recientes protestas en Querétaro.

“Aunque el Gobierno, tanto el federal como los estatales, no lo quieren reconocer, ya empezamos la etapa de las confrontaciones por el agua y no existe una visión federal del manejo hídrico, que le compete a la Comisión Nacional del Agua. No ha puesto atención en ello, para nada, solamente están cambiando los funcionarios”
Arturo Chacón TorresProfesor-investigador en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

En ese sentido, critica la propuesta del gobierno de Nuevo León para atender su crisis mediante un trasvase de agua desde Veracruz. Señalando que la Ciudad de México depende de un modelo similar mediante el sistema Cutzamala, abastecido desde Michoacán y el Estado de México sin pagar los servicios ambientales que esto conlleva.

“Trasvasar agua es quitarla a otro estado o región, donde tampoco están en la bonanza del agua. No tienen agua en abundancia y, sencillamente, es un despojo”, dice. Razón por la que postula la urgencia de regionalizar la producción del agua y pagar los servicios ambientales a las comunidades que hoy son consumidoras con poco acceso al líquido.

“Es muy importante apoyar a comunidades rurales, en donde se genera el agua, para que produzcan agua y se les pague por ello. No como un bien económico, que quede claro, sino como un bien social, la protección de los servicios ambientales”, plantea el doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Stirling, en Escocia.

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