Voces contra gasoducto

Pese a la protesta generalizada de las comunidades indígenas de la zona norte del estado de Puebla, la empresa TransCanada no ha cedido en su postura de construir un gasoducto que comunique a la Refinería de Tula, Hidalgo, con el complejo de Petróleos Mexicanos en Tuxpan, Veracruz.

 

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millones de pies cúbicos diarios de gas se pretenden transportar
Los precios que los ejidatarios fijaron para sus tierras van de 300 a 400 pesos el metro cuadrado, pero los representantes de la transnacional lo tasan a 50 pesos
Nos han aconsejado que nos ‘pongamos cabrones’ al momento de venderle a TransCanada nuestros terrenos, pero los representantes no aceptan ninguna negociación; argumentan que las tierras pueden ser expropiadas sin ningún beneficio económico para los dueños” 
Hilario Méndezcampesino de Pahuatlán

Pese a la protesta generalizada de las comunidades indígenas de la zona norte del estado de Puebla, la empresa TransCanada no ha cedido en su postura de construir un gasoducto que comunique a la Refinería de Tula, Hidalgo, con el complejo de Petróleos Mexicanos en Tuxpan, Veracruz.

 

La obra cruzará por los municipios de Venustiano Carranza, Francisco Z. Mena, Pantepec, Jalpan, Tlacuilotepec, Pahuatlán y Honey, donde las quejas de los pobladores se centran en el temor de daños ambientales y en la posibilidad de accidentes que pongan en riesgo a los vecinos de la zona.

 

Con la finalidad de frenar los trabajos del gasoducto, se constituyó el Consejo Indígena Shingu Yamui, en el que se aglutinan las representaciones de todas las comunidades de la Sierra Otomí-Tepehua, no sólo de Puebla, sino también de Hidalgo, por donde cruzará el gasoducto.

 

En el municipio de Pahuatlán, Puebla, se han radicalizado las protestas. Organizaciones civiles y miembros del Consejo Indígena Shingu Yamui, han exigido al ayuntamiento que no se otorguen los permisos correspondientes para la ejecución de la obra.

 

Sin embargo, el alcalde de esa localidad, Arturo Hernández Sánchez, ha anunciado a un grupo de inconformes que “no les extrañe que empiecen a llegarles órdenes de aprehensión” contra los que protestan por la obra.

 

El munícipe y la empresa TransCanada han insistido que tanto los trabajos de construcción como la operación del gasoducto, en nada afectará a la población.

 

Por esa razón se anunció que el Gobierno municipal respaldará los trabajos de la transnacional y no negará los permisos de obra, como lo han solicitado los vecinos. Y el edil aseguró que se apoyará ese plan “como se hará con otros cuatro mega proyectos que se tienen contemplados para esta localidad”. 

 

También el diputado federal Carlos Barragán Amador se ha sumado a favor del gasoducto y ha insistido en que la obra traerá beneficios económicos a la zona, no sólo por la generación de empleos durante los trabajos de instalación, sino “por la disminución en el costo del gas”.

 

El legislador ha referido que el impacto ambiental será mínimo “porque por cada árbol que se tire en el trayecto del gasoducto, se van a plantar por lo menos 2 mil”.

 

Tierra regalada

 

Una de las principales quejas de los pobladores por donde ya se comenzó a trazar el paso del gasoducto, es la alevosía con la que está actuando la empresa TransCanada, dijo Eliseo Estrada de Pahuatlán, quien aseguró que “la empresa se niega a pagar a 80 pesos el metro cuadrado de tierra”, de la que está utilizando para el tendido del ducto.

 

Los precios que los ejidatarios y pequeños propietarios fijaron para sus tierras van de 300 a 400 pesos el metro cuadrado, pero los representantes de la transnacional, bajo el argumento de la existencia de convenios municipales, tasan a 50 pesos el metro cuadrado.

 

“Nos han aconsejado que nos ‘pongamos cabrones’ al momento de venderle a TransCanada nuestros terrenos, pero los representantes no aceptan ninguna negociación más allá de la que ellos proponen; argumentan que las tierras pueden ser expropiadas sin ningún beneficio económico para los dueños”, dijo Hilario Méndez, otro campesino de Pahuatlán.

 

Similar a las condiciones que enfrentan los ejidatarios de Puebla, los campesinos de Hidalgo no pueden comercializar sus tierras a los precios que ellos valoran, y encaran a la empresa de capital italiano Bonatti, encargada de la construcción de ese tramo del gasoducto.

 

Bonatti, empresa subsidiaria de TransCanada, comenzó los trabajos de construcción desde el pasado mes de mayo, y ha ofertado un precio de 50 pesos por metro cuadrado de la superficie que se requiere para la obra, situación que ha sido rechazada por los ejidatarios de la zona limítrofe de Hidalgo-Puebla.

 

Y la empresa española Enegas, que ejecuta los trabajos de construcción del gasoducto Morelos, también ha buscado la forma de pagar precios bajos por las tierras de algunos ejidos de Puebla, Tlaxcala y Morelos.

 

Esta misma empresa también construye los gasoductos Los Ramones, entre Nuevo León y Tamaulipas, El Oro en Sinaloa y el Ojinaga-El Encino en Chihuahua, donde a los ejidatarios se les ha pagado entre 50 y 70 pesos el metro cuadrado.

 

De alto impacto ambiental

 

De acuerdo a las denuncias del Consejo Indígena Shingu Yamui, la ejecución de la obra del gasoducto en la zona de Pahuatlán, es ilegal, pues los trabajos se ejecutan sin que la autorización del estudio de impacto ambiental por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

 

TransCanada, a través de la subsidiaria Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, reconoce que habrá tala de árboles, así como minas de tajo a cielo abierto para la extracción de materiales pétreos, lo que afectará directamente a la flora abundante en orquídeas y algunas plantas mesófilas de variedades endémicas de la zona.

 

De acuerdo a la versión de miembros del Consejo Indígena Shingu Yamui, donde se citó el trabajo del investigador Octavio Rosas Landa, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el proyecto del gasoducto impactará en la ecología de por lo menos 130 comunidades rurales de los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo.

 

Devastación cultural

 

Otro efecto negativo que se le atribuye al gasoducto Tuxpan-Tula, de acuerdo a las denuncias de los representantes del consejo de comunidades indígenas, es que al menos nueve sitios con vestigios arqueológicos, principalmente en Puebla, quedarán bajo las obras de construcción de la línea de gas.

 

En el municipio de Huauchinango se encuentra una zona contiene vestigios arqueológicos que el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se han negado a salvar, según denunció Javier 

Bustamante, integrante del Grupo Cultural de esa localidad.

 

También en Tula, en Hidalgo, se ha reportado la presencia de un sitio con vestigios arqueológicos, posiblemente del Periodo Clásico, que se ubica en la trayectoria del paso del gasoducto. Tampoco ha sido inspeccionado por personal del INAH, para llevar a cabo el rescate del lugar.

 

En riesgo también se encuentra el Cero de Yelotepetl, Puebla, en donde se han encontrado vestigios ancestrales que apuntan al sitio como una zona sagrada y de cosmovisión.

 

Otros sitos con vestigios prehispánicos que están en la trayectoria del gasoducto, han sido ubicados en los municipios de Xicotepec, Huachinango y Tlacuilotepec, en las comunidades indígenas de Cuacuila, Xopanapa, Tepehuaquila, Ixhuacatla, Ahuacatlán y Xilocuautla.