Los proyectos de Asociación Pública-Privada (APP’s) promovidos por el alcalde Mauricio Fernández, no solamente representan sendos fracasos para la administración municipal de San Pedro.

Las obras planeadas bajo el polémico esquema financiero se han convertido en una fuente inagotable de violaciones a las leyes y reglamentos, cometidas por los funcionarios sampetrinos.

A menos de tres meses de que concluya su administración, el alcalde sampetrino no puede presumir de haber iniciado alguno de los cuatro proyectos anunciados en su gestión bajo el esquema de público-privado.

La construcción de dos cuarteles de Seguridad en San Pedro, la instalación de cámaras de videovigilancia y la edificación de estacionamientos en la zona del Centrito Valle forman parte de este paquete de obras.

Hoy estos proyectos están congelados, suspendidos, o en el mejor de los casos diferidos para la siguiente administración que encabezará el alcalde electo panista Ugo Ruiz.

Hay varios motivos de estos retrasos: licitaciones viciadas de origen, adjudicaciones directas no sustentadas, procedimientos irregulares y contratos ilegales, son parte de la serie de omisiones y anomalías que han existido en torno a estos proyectos.

Fernández buscó con el esquema público-privado el poder realizar obras de relumbrón en materia de Seguridad sin contar con los recursos y también con la incapacidad de contraer más deuda municipal en créditos directos.

Ayer se buscó al alcalde para que explicara su postura sobre estos tres temas, pero a través de su vocero dijo que no estaba disponible y que quien debía responder es el secretario de Promoción de Obras Alejandro Valadez.

Hoy, lo único que ha conseguido el munícipe sampetrino  es comprometer por los próximos 15 años las finanzas municipales y de paso pisotear la ley.

Parquímetros y estacionamientos no se concretaron por errores

El proyecto de APP para construir estacionamientos e instalar parquímetros en San Pedro estuvo viciado de origen.

El Cabildo sampetrino adjudicó en diciembre de 2010 a las empresas Iberparking, Operadora Central de Estacionamientos, y Exploraciones y Triturados del Pacífico, la licitación número 001/2010, que consiste en la construcción de tres estacionamientos subterráneos y la instalación de 3 mil 578 parquímetros.

Pero las irregularidades en el procedimiento llevaron a que el pasado 5 de julio, el Cabildo dejara sin efectos la licitación con un valor de 300 millones de pesos en un periodo de 30 años.

Entre los vicios de origen, el Ayuntamiento otorgó facultades que no lo correspondían al secretario de Promoción de Obras del Municipio, Alejandro Valadez, para que llevara a cabo el procedimiento de licitación, revelan documentos en poder de Reporte Indigo.

Un oficio de 34 puntos detalla las irregularidades y fue elaborado por el director jurídico de San Pedro, Alejandro López.

El documento indica que el Comité de Análisis y Evaluación de Proyectos de APP’s del Municipio le confirió a él las atribuciones el 10 de septiembre de 2010.

“Consecuentemente, las facultades ejercidas por el secretario de Promoción de Obras con base en tal autorización, son irregulares”, se lee en el documento fechado el 3 de enero de este año.

Otra irregularidad fue que el Ayuntamiento confundió una concesión administrativa con una inversión público-privada, que erróneamente fue aprobada en la sesión de Cabildo del 27 de julio de 2010, de acuerdo con el oficio número SA/DGAJ/007/2012.

Además, la empresa Iberparking contó con información privilegiada que le dio una ventaja indebida para el concurso, ya que fue la misma encargada de elaborar los estudios de factibilidad de la APP, que fueron autorizados por el alcalde en una “carta de intención” del 13 de enero de 2010.

Este acto contraviene el artículo 134 de la Constitución federal, asegura Valadez en el escrito.

“Los estudios de factibilidad y actos preparativos para el proyecto (…) debieron ser concursados y no asignársele directamente a la empresa Iberparking”.

El Municipio tampoco anexó planos de localización, ni identificó los inmuebles en los que se construirían los estacionamientos y las vialidades en las que se instalarían los parquímetros.

Por si fuera poco, las empresas participantes no tienen las autorizaciones urbanísticas para la construcción, ni para el uso de suelo o edificación.

El Ayuntamiento tampoco creó un fideicomiso para los pagos del proyecto, ni un convenio en el que se definen las obligaciones de las empresas.

“El objeto del contrato serían 2,800 cajones de estacionamiento en la vía pública (parquímetros). Luego, aprueban sin concurso, la instalación de 3,578”, añade.

Finalmente, en la convocatoria de la APP dice: “un plazo mínimo necesario” de 30 años para la recuperación de la inversión, mientras que en el proyecto se consignó un “plazo mínimo estimado”.

Dan a TICSA más tiempo

Sin la aprobación del Cabildo sampetrino, el alcalde Mauricio Fernández prorrogó de 10 a 15 años el contrato del proyecto San Pedro Net, con la polémica empresa Thousand International Companies (TICSA).

El pasado 14 de febrero Fernández aprobó un addendum del contrato que no pasó por el Cabildo, según documentos oficiales a los que tuvo acceso Reporte Indigo.

El proyecto público-privado San Pedro Net consiste en la instalación de mil 120 cámaras de videovigilancia, el suministro de 110 kilómetros de fibra óptica, y la adquisición de hardware y software especializado, con un costo de más de 448 millones de pesos.

Esta modificación viola el artículo 115 de la Constitución federal, en el que se establecen los lineamientos que deben seguir los municipios para administrar su patrimonio, de acuerdo con abogados consultados.

“(Se requiere) el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento”, se lee en el ordenamiento.

Reporte Indigo informó el pasado 13 de julio que, de acuerdo con una propuesta del contrato con TICSA, la empresa incumplió el plazo de 12 meses que tendría para instalar todo el equipo de video-vigilancia del proyecto.

Sin embargo, una copia del contrato definitivo al que tuvo acceso Reporte Indigo, indica que hubo otro acuerdo que se celebró el 20 de octubre de 2011.

En éste aparecen como representantes del Municipio el alcalde Mauricio Fernández, el síndico segundo Hiram Luis de León, el virtual presidente municipal y ex secretario del Ayuntamiento Ugo Ruiz, el tesorero municipal Rafael Serna, el secretario de Administración Jesús Alejandro Guzmán, el ex titular de Seguridad Pública Camilo Cantú, y el secretario de Promoción de Obras Alejandro Valadez.

TICSA fue representada legalmente por Fernando López Arrón, quien registró el domicilio fiscal de la empresa en una vivienda popular.

Todos los anteriores, excepto Cantú, porque en su lugar firmó el comandante Juan de los Reyes González, también firmaron el addendum.

En el documento se aprecia que el contrato primigenio lo elaboró José Artemio Chapa, quien fungió “como consultor jurídico externo del Municipio, para los proyectos de Asociaciones Público Privadas”.

El asesor jurídico del alcalde, Ciro Espinosa Garza, hizo ajustes de forma y de fondo al contrato, mientras que el responsable de la captura fue Erik Pedraza Palacios.

Once ejemplares de este contrato, identificado con la clave SPNET 20.10.2011, fueron distribuidos entre las dependencias municipales y el  representante de TICSA.

No prevén uso de suelo para el cuartel policiaco

El edificio de Seguridad en Valle Oriente, otro proyecto público-privado impulsado por el alcalde Mauricio Fernández, se encuentra estancado por la misma negligencia de los funcionarios de la administración de San Pedro.

Los trabajos de construcción de este cuartel policiaco no pueden ser iniciados por la empresa que obtuvo el contrato, porque el terreno donde se contempla construir carece del uso de suelo.

La Secretaría de Obras Públicas de San Pedro, a cargo de Armando Leal, licitó este proyecto público-privado sin contar con la factibilidad de uso del suelo que necesita una obra de este tipo sobre la avenida Lázaro Cárdenas.

Esta omisión pone en una situación de ilegalidad el contrato que por más de 300 millones de pesos adjudicó San Pedro a la empresa GP Bienes Inmuebles.

El artículo 90 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado establece que los contratos y convenios deben de contener los usos y destinos asignados en los planes de desarrollo urbano.

Y aclara: “No surtirán efecto jurídico los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad, o al uso o aprovechamiento de áreas y predios que contravengan esta Ley y los planes o programas de desarrollo urbano inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio”.

El edificio está proyectado para construirse en un lote municipal localizado en el cruce de Lázaro Cárdenas y Rufino Tamayo, en la zona de Valle Oriente.

En el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro 2000-2024, que está actualmente vigente, este terreno municipal tiene asignado un uso de suelo de área verde.

Es hasta en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 2030, que está en proceso de aprobación, donde el lote ya podría contar con el uso de suelo de equipamiento, que es el requerido para la construcción de este edificio de Seguridad.

Incluso en el plano de uso de suelo, en proceso de autorización, está marcada la construcción de un helipuerto en esta zona.

Según los tiempos de la licitación pública, la construcción del cuartel municipal de seguridad de Valle Oriente debería de estar terminada para el próximo mes de agosto.

Pero la realidad  señala otra cosa: la obra ni siquiera ha sido comenzada por la empresa que obtuvo este contrato en noviembre de 2011, y a Mauricio le quedan tres meses.