‘Mauriciazo’ en San Pedro
En un acto cuestionado por su legalidad, el alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, retiró las facultades que tiene el Cabildo para aprobar los permisos de desarrollo urbano de este municipio.
A través de un acuerdo delegatorio, Fernández le otorgó atribuciones al titular de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, Fernando Garza, para que autorice más de 100 expedientes que estaban rezagados en el Ayuntamiento.
Félix CórdovaEn un acto cuestionado por su legalidad, el alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, retiró las facultades que tiene el Cabildo para aprobar los permisos de desarrollo urbano de este municipio.
A través de un acuerdo delegatorio, Fernández le otorgó atribuciones al titular de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, Fernando Garza, para que autorice más de 100 expedientes que estaban rezagados en el Ayuntamiento.
El Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro establece que todos los permisos deben de ser aprobados por la Comisión de Desarrollo Sustentable y por el Consejo Consultivo.
Sin embargo, a través de este acuerdo, será el alcalde sampetrino el que decida sobre el rezago de los expedientes.
Lo anterior causó polémica entre los integrantes del Cabildo e incluso durante una sesión fue votado en contra por seis regidores, cuatro de ellos del PAN, partido al que pertenece el munícipe.
“Debemos de darle la legalidad al curso (…) Para darle legalidad es más fácil crear una Comisión de tres personas nada más para que le demos la legalidad al acto. Para que un expediente cumpla, tiene que pasar por la Comisión y por Consejo”, dijo Eduardo Cruz, regidor del PRI.
Además de Cruz, los regidores José Mercado, María Elena Sánchez, Claudette Treviño, Marcela Valdés y Guillermo Canales, también votaron en contra de la propuesta del alcalde.
El pasado 20 de enero, Reporte Indigo publicó que entre los expedientes que se encontraban en estudio en la Comisión de Desarrollo Sustentable se encontraba el del desarrollo Arboleda, cuestionado por un conflicto de interés en el que están involucrados los regidores María del Carmen Elosúa y Eduardo Rodríguez González.
María del Carmen Elosúa es la presidenta de la Comisión y al mismo tiempo tiene como clientes en su despacho inmobiliario a los propietarios del desarrollo Arboleda.
Incluso la misma regidora reconoció tener un conflicto de interés con esta construcción, de la cual ella diseñó la fachada.
Por su parte, el regidor Rodríguez González está relacionado con los inversionistas del polémico proyecto inmobiliario.
El proyecto inmobiliario recibió ya una negativa por parte de la Secretaría durante la administración anterior, que encabezó el alcalde Ugo Ruiz, por no cumplir con los lineamientos urbanísticos de la densidad y el Coeficiente de Área Verde (CAV).
“Por las razones antes expuestas y el análisis realizado dentro del presente documento, se Dictamina NEGATIVA la expedición a la persona moral denominada SILICA DESARROLLOS S.A.P.I. De C.V., la licencia de construcción de obra nueva, y Uso de Edificación para edificio multifamiliar de 147 viviendas”, dice el expediente CM 23218/2012, del que esta publicación tiene una copia.
Dicho documento se giró a la Comisión de Desarrollo Sustentable desde el pasado 20 de marzo del 2014, cuando estaba presidida por el Síndico Guillermo Montemayor Cantú.
A pesar de que la Secretaría rechazó la licencia de construcción, la Comisión dio un revés y dio el visto bueno al desarrollo.
En la pasada Administración municipal, la Comisión estuvo integrada por los regidores Adrián Villarreal, Jorge González, María Cristina Moreno y Priscila Chapa.
Incluso durante la pasada Administración que encabezó el alcalde Ugo Ruiz se formó la Mesa de Justicia, con la finalidad de reglamentar permisos con irregularidades de desarrollo urbano.
El desarrollo Arboleda es una construcción que pretende edificar 147 departamentos divididos entre 4 torres, en una zona que por reglamento solo se permiten 79 viviendas.
El conflicto de interés del desarrollo Arboleda por parte de los regidores de San Pedro fue cuestionado también por el presidente de la Federación de Colonias Metropolitanas, Gilberto Marcos, quien enfatizó que existe corrupción y tráfico de influencias.
Incluso, Alberto Sada, representante legal de diferentes colectivos ciudadanos en este municipio aseguró que prepararían un recurso legal para interponer en contra del proyecto inmobiliario, en caso de que se le otorgue la licencia de construcción.
