“La forma en que actualmente operan este tipo de acuerdos carece de una vigilancia adecuada por parte de autoridades federales, y locales, además de una legislación federal de las técnicas de reproducción asistida”

GIRE

Grupo de Información en Reproducción Elegida.

Lisa tiene 33 años, es casada y madre de dos hijos. Nunca firmó un contrato, pero le dijeron que la apoyarían para continuar sus estudios y conseguir trabajo, y que recibiría una compensación económica mensual de 10 mil pesos por tener a un hijo de padres extranjeros.

Conoció a Eduardo, una de las personas para quien estaba gestando —residente en California— en una visita que realizó a Tabasco. Descubrieron que ella no había recibido el dinero que él había pagado mes con mes a la agencia. Ambos convinieron abandonar a la agencia y continuar con su acuerdo de manera independiente.

En octubre de 2015, con siete meses de gestación, nació el niño con complicaciones respiratorias y de circulación, lo que implicó costosos cuidados especiales. El niño requería una cirugía urgente, pero Eduardo y su pareja no se hicieron cargo.

Ante la negativa de Eduardo, Lisa y su esposo ofrecieron registrar al niño como propio y lo dieron de alta en el IMSS. El hombre dijo que tenía que volver a California, pero que volvería pronto, pero Lisa no supo más de ellos.

Rodolfo Valentino tiene 1 año 9 meses y fue integrado a la familia de los mexicanos, pero Eduardo regresó y, con amenazas y engaños, hizo que Lisa le entregara al niño.

Han pasado 21 días y las autoridades tabasqueñas no han tomado acciones encaminadas a recuperar al menor.

El caso de Lisa refleja un patrón de ausencias y abusos en la práctica de la gestación subrogada en el país. Su historia es, en primer lugar, una de abuso por parte de una agencia que le retuvo los pagos que los padres intencionales le enviaban mes a mes al tiempo que obstaculizó su comunicación con ellos.

Maternidad subrogada, ¿qué es?

La gestación subrogada es un contrato a través del cual una mujer acepta gestar para una persona o pareja que tiene la intención de fungir como padre(s) o madre(s) de la niña o niño nacidos de dicho embarazo. La práctica es conocida también con otros términos, como “renta de úteros”, “gestación por contrato” y “maternidad subrogada”.

En México, dos entidades federativas permiten este tipo de contratos: Tabasco y Sinaloa. En ambos casos la legislación atiende temas de orden civil. Sin embargo, la regulación de la gestación subrogada implica también cuestiones sanitarias, que son materia de salubridad general y, por lo tanto, competencia de la Federación.

Pero casos como el de Lisa, reflejan la austeridad y la incapacidad que existe en las regulaciones actuales y vislumbran aspectos que deben ser repensados para permitir esta opción de crianza, de acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

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“La forma en que actualmente operan este tipo de acuerdos carece de una vigilancia adecuada por parte de autoridades federales, y locales, además de una legislación federal de las técnicas de reproducción asistida”, denunció la organización.

Además, en el caso de Lisa, continuar con el embarazo mediante un acuerdo verbal con la pareja la dejó en una situación de mayor desprotección, en especial porque no existe ningún tipo de regulación internacional de la práctica: los padres intencionales pudieron simplemente abandonarla junto con el bebé y volver a su país sin ninguna consecuencia.

Por ejemplo, existe un requisito de edad en el caso de la madre contratante, considerando que no se establece un requisito equivalente para el padre contratante ni una justificación médica para el mismo, por lo que pareciera basarse en una presunción discriminatoria por parte del Estado de que la mujer se encargará primariamente de la crianza de los hijos y que ésta ya no puede realizarse de manera adecuada a partir de los 40 años.

Por otra parte, la Secretaría de Salud del estado de Tabasco reveló la nacionalidad y edad de mujeres gestantes y madres contratantes, pero no de los padres contratantes: omisión que se justifica al decir que “no se tiene el dato de la edad del padre contratante, toda vez que en los contratos celebrados en la materia no se establecen”.

Además, la actuación de clínicas, despachos y agencias involucradas en acuerdos de gestación subrogada debe estar regulada para evitar que incurran en abusos, ya que la supuesta eliminación de “terceros” sólo dejaría a las mujeres gestantes —con frecuencia ya en un estado de desprotección importante— en una situación de mayor vulnerabilidad.

A pesar de su visibilidad política y mediática, hasta la fecha no había cifras públicas oficiales que sobre la gestación subrogada en Tabasco, pero la Secretaría de Salud de Tabasco dio a conocer que en el periodo del 13 de enero de 2016 al 1 de marzo de 2017 registró cuatro casos todos de madres contratantes y mujeres gestantes mexicanas.

“Mujeres gestantes criminalizadas, recién nacidos sin actas de nacimiento, menores desaparecidos y padres intencionales discriminados son algunas de las consecuencias de la omisión del Estado mexicano de legislar los acuerdos de gestación subrogada con una perspectiva de derechos humanos, así como de la deficiente regulación en el tema”, explicó GIRE al dar a conocer la situación al respecto.