A casi 48 horas de su localización, no hay condiciones médicas que permitan la declaración ante el Ministerio Público del menor Marco Antonio Sánchez, aseguró el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa.

El mandatario local evitó adelantar cualquier reporte médico o avance de los estudios que se le realizan al estudiante de la Preparatoria número 8 de la UNAM.


Hasta que no tengamos el reporte de los expertos no daríamos información preliminar hasta tener datos puntuales que nos den los expertos, los médicos de su estado de salud y sus condiciones

Miguel Ángel Mancera

Jefe de Gobierno

Aseguró que se van a agotar todos los recursos para garantizar la salud del menor de edad, antes que todo.

“Vamos a agotar todo. Nosotros seguiremos dando apoyo a la madre del menor, a quien lo necesite. Obviamente lo primero que hay que asegurar es la salud de él”, explicó Mancera. En eso estamos abocados con el Hospital Pediátrico, para descartar diagnósticos y padecimientos”.

De manera simultánea al tratamiento médico, continua la investigación y acompañamiento con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) y organizaciones de la sociedad civil en las diligencias que se practican.

“Estamos esperando los reportes finales, se está atendiendo al menor, hasta ahora no tenemos su declaración, siguen los médicos atendiendo y las valoraciones. La investigación sigue su curso y se tendrán que agotar todas las líneas, los elementos técnicos que son muy importantes”, precisó Mancera.

A partir de su declaración se podrá anexar otro indicio a las carpetas que mantiene abiertas la Procuraduría General de Justicia local, que a su vez, definirán la situación jurídica de los elementos involucrados en la detención de Marco Antonio el pasado 23 de enero en las inmediaciones del metro El Rosario.

INFORMACIÓN DE ICELA LAGUNAS.

NO DEBE DESCARTARSE DESAPARICIÓN FORZADA

En el caso de Marco Antonio Sánchez Flores no debe descartarse desde ahora que se haya cometido desaparición forzada, como pretenden hacer las autoridades de la Ciudad de México, consideró Jorge Ruiz Reyes, integrante del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.

El experto calificó como “preocupante” el hecho de que las autoridades capitalinas hayan descartado ya que se haya cometido ese delito, cuando deben considerarse todas las pruebas que estén disponibles.


A pesar de que la determinación de responsabilidades por este delito requiere de una serie de pruebas que no pueden ser tomadas a la ligera, preocupa que el gobierno de la Ciudad de México descarte esta posibilidad de manera tan sencilla

Jorge Ruiz Reyes

El especialista recordó que la noche del domingo 28 de enero, Hiram Almeida, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, dijo en rueda de prensa que se establecerían, en su caso, “las sanciones correspondientes” a los presuntos responsables de la desaparición de Marco Antonio Sánchez por el “no seguimiento de algunos protocolos” posteriores a la detención.

Ruiz llama la atención que, sin embargo, Almeida también agregó que “lo importante hoy es que se acredita que no existió una desaparición forzada” por parte de elementos de la policía.

La justificación del funcionario para que el hecho no se calificara como desaparición forzada fue que los policías acudieron de manera voluntaria para hablar de lo ocurrido.

Sin embargo, Jorge Ruiz considera que hay dos razones por las que no se debe descartar el inicio de una investigación por el delito de desaparición forzada.

Primero, porque para que exista el delito de desaparición forzada “no depende del tiempo que una persona permanezca detenida sin que se sepa donde está”, como fue establecido por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada en el dictamen de un caso.

Además, el artículo 27 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares señala que la desaparición forzada ocurre cuando el servidor público prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar información sobre la misma.

“Quizá los implicados participaron de manera voluntaria en brindar información para ayudar en las investigaciones; sin embargo, eso no elimina la responsabilidad por la acción cometida”, sostuvo el experto.

Además, hubo responsabilidad de otras autoridades, como que no se iniciara inmediatamente la búsqueda del menor desaparecido, como indica la Ley.

Si se determina la culpabilidad de quienes participaron en el hecho, la sanción sería más fuerte por el hecho de que Marco Antonio es menor de edad.

INFORMACIÓN DE IMELDA GARCÍA.

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