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Magistrados: cuotas y cuates

Luz Rangel

La designación de Rodrigo Maldonado Corpus y Cruz Cantú Garza en el Tribunal de Justicia Administrativa responde a favores políticos; la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local busca evitar este tipo de prácticas en el Tribunal Superior de Justicia del Estado


Abr 12, 2019
Lectura 6 min
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La urgencia no ha sido motivo suficiente; las cuotas y cuates tampoco. Pese al avance que registra Nuevo León en la conformación de su propio Sistema Anticorrupción, la reforma al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado y las iniciativas que se han presentado en el Congreso local para la designación de funcionarios, el reparto de puestos públicos está marcado por el pago de favores políticos.

Los magistrados del (TJA), Rodrigo Maldonado Corpus y Cruz Cantú Garza, fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por revocar una suspensión dada por ellos mismos para beneficiar al desarrollo Vía Norte.

Reporte Índigo adelantó que la Asociación de Vecinos Polígono Barragán Poniente y su abogado, Miguel Zárate, interpondrían un recurso legal este lunes 8 de abril.

“Se estima que deliberada y arbitrariamente se revocaron ejecutorias con el carácter de cosa juzgada, con el único y doloso objetivo de beneficiar al recurrente mediante la revocación de una suspensión cuya procedencia ya había sido calificada”, dice la denuncia en poder de este medio.

En marzo de 2012, el exgobernador Rodrigo Medina propuso como magistrados del TJA a Rodrigo Maldonado Corpus, Cruz Cantú Garza, José Manuel Guajardo Canales y Juana García Aragón. En abril, el Congreso local avaló sus nombramientos sin considerar los perfiles

Contra estas prácticas va la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el órgano legislativo local. El 4 de marzo, el diputado Horacio Tijerina presentó una Iniciativa de Ley para regular los principios de Parlamento Abierto y Procesos de Convocatorias y Designaciones Públicas que a la fecha no ha sido dictaminada.

La propuesta fue respaldada por el resto de los emecistas: Luis Donaldo Colosio Riojas, Mariela Saldívar y Karina Barrón.

Tijerina urgió al Congreso local para legislar esta propuesta debido a que se acerca la designación de cuatro magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. A finales de julio de 2019 finaliza la gestión de Enrique Guzmán Benavides, José Patricio González Martínez, José Guadalupe Treviño Salinas y Genaro Muñoz.

“Lo que nosotros proponemos es para que ya no exista en el futuro ese problema llamado cuotas y cuates. Se avecina la elección de las cuatro plazas de magistrados, como en el otro tribunal, y lo que no queremos es que el sólo aval de un compadrazgo o de un amiguismo interese, sino las mayores credenciales y que estén muy bien calificados tanto en su honor como en la cuestión técnica”, menciona el legislador en entrevista con Reporte Índigo.

Hasta el 28 de marzo de 2019, la Sala Superior resolvió el recurso interpuesto el 25 de abril de hace un año por Inmobiliaria ZDEC y al emitir la sentencia correspondiente, revocó los criterios del 20 de marzo y 29 de junio de 2018. La votación fue de dos a uno a favor, con el apoyo de Maldonado y Cantú.

“Sí le pediría al fiscal Anticorrupción que actuara con plena imparcialidad y con plena objetividad para responder a esa denuncia que ya existe. Hay una cosa juzgada que revivieron por una cuestión muy sospechosa”, dice Tijerina en referencia a Javier Garza y Garza.

Con carácter urgente

Además de los requisitos constitucionales y de leyes particulares, MC sugiere considerar:

  1. Principios rectores
  2. Publicidad de las convocatorias
  3. Elementos mínimos de convocatorias
  4. Plazo razonable de postulaciones
  5. Audiencias y comparecencias
  6. Participación ciudadana
  7. Selección basada en elementos técnicos y no en compadrazgo
  8. Máxima publicidad
  9. Transparencia

No repetir la historia

Cuando algún magistrado estaba por concluir el periodo para el que haya sido nombrado, el presidente del Tribunal debe dar aviso al Gobernador del Estado a fin de que proponga al Congreso el nuevo nombramiento. La designación era un asunto exclusivo del Ejecutivo y el Legislativo.

Así, Rodrigo Medina pudo colocar a Rodrigo Maldonado Corpus, hijo del exsecretario de Trabajo y extitular de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Héctor Maldonado, cuando su actividad litigante estuvo enfocada a cuestiones laborales, aprovechando las posiciones que ocupó su padre en el gobierno.

Cruz Cantú Garza nunca había litigado. En 1980 el exgobernador Alfonso Martínez Domínguez le otorgó una patente de notario público, que heredó a su hijo del mismo nombre. También estaba vinculado con el exgobernador Natividad González Parás, quien lo nombró como integrante de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información para el periodo 2004-2008

Maldonado es actualmente el presidente del TJA. Asumió este cargo desde el 25 de abril de 2018.

De acuerdo con el artículo 12 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, durará dos años en el cargo y no podrá ser reelecto para el periodo inmediato. Es decir, sus funciones en la presidencia de este órgano concluyen el 25 de abril de 2021.

El licenciado Cruz Cantú Garza también fue magistrado presidente de 2014 al 2016.

En marzo de 2017, el Congreso local aprobó las Reformas Constitucionales que crean el Sistema Estatal Anticorrupción. Éstas establecen que los ciudadanos podrán participar por primera vez en la elaboración de la convocatoria, perfiles y definición de la lista de candidatos para elegir a los titulares de las fiscalías de nueva creación y a los magistrados de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del TJA.

“En la exposición de motivos de esta iniciativa hacemos una serie de señalamientos para hacer ver la necesidad que tenemos de profesionalizar los órganos de gobierno con competencias. El Sistema Nacional Anticorrupción y el estatal abonan a esta iniciativa que va a contribuir a que el proceso de selección sea completamente abierto”, sostiene el diputado local de MC.

Sin embargo, este nuevo marco legal se estructuró tarde para la designación de los magistrados acusados, quienes se integraron al tribunal desde la administración de 2009-2015, del exgobernador Rodrigo Medina.

“Esto refuerza precisamente esta denuncia que trascendió y viene a visibilizar el problema que nosotros estamos poniendo sobre la mesa. Al tener personas que responden a un grupo de poder, se presentan estas denuncias”, lamenta Tijerina.

El diputado emecista adelanta que existe otra iniciativa de reforma al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de Nuevo León por parte de su bancada.

“Es sobre otro tipo de designaciones, propiamente las que tiene que hacer el gobernador del Estado o los alcaldes y algunas que tienen que pasar por el Congreso. Ya se aprobó en primera vuelta y hemos presionado a las demás bancadas para que en este periodo extraordinario de mayo podamos sacarla en segunda vuelta”, confía Tijerina.


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