Magistrado reconoce tensiones entre el INE y el Trife, pero defiende sistema electoral
José Luis Vargas Valdez defendió el funcionamiento de las instituciones electorales y del propio sistema, señalando que la relación entre el TEPJF y el INE, a pesar de las diferencias es positiva y adecuada
Carlos SalazarDurante una reunión con representantes de la Asamblea Legislativa de la República del Salvador, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez reconoció la existencia de tensiones de este órgano con el Instituto Nacional Electoral, aunque añadió que es parte del andamiaje institucional.
“El sistema es adecuado, que exista una instancia administrativa y una jurisdiccional. Si bien hay tensiones entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el TEPJF, estas son tensiones propias de un diseño constitucional que así está previsto, en el que un órgano ejecuta la ley y otro órgano revisa esa actuación de la aplicación de la ley”
“Lo que sí es positivo del sistema, es que una vez que nosotros como máxima instancia en la materia tomamos una resolución ahí se tiene que acabar la controversia y ahí se tiene que ejecutar el mandato que nosotros emitimos”, declaró.
El magistrado defendió el funcionamiento de las instituciones electorales y del propio sistema, señalando que la relación entre el TEPJF y el INE, a pesar de las diferencias es positiva y adecuada.
“Ya que permite que interactúen de manera constante dos entes autónomos, una autoridad administrativa y un órgano jurisdiccional, que con sus resoluciones dan una mayor certeza a los resultados de los procesos electorales”, apuntó.
Por último, Vargas Valdéz que la reforma electoral de 1994 que creó el Tribunal fue un paso sumamente importante en material electoral, pues implicó que la última decisión en torno a los procesos electorales y democráticos del país la tuvieran los jueces.
“Básicamente, esa decisión consiste en hacer respetar y hacer valer la voluntad de los ciudadanos, y ello fue una forma de darle certeza y darle una vinculatoriedad legal a las decisiones electorales y, sobre todo, de esa manera poder garantizar la renovación pacífica de los poderes”, concluyó.
