Este jueves, un juez federal ordenó revisar de nuevo la medida de prisión preventiva justificada impuesta desde hace dos años a la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, por el caso de la Estafa Maestra.

Fue el titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México,  Augusto Octavio Mejía Ojeda, quien ordenó llevar a cabo una nueva audiencia para revisar dicha medida cautelar.

El titular del Juzgado ordenó al juez de control, Ganther Alejandro Villar Ceballos, revisar la medida cautelar impuesta a Robles bajo el argumento de que existe riesgo de que se dé a la fuga.

Con ello es que la defensa de Robles Berlanga busca que el juez modifique la medida cautelar y le permita continuar su proceso en prisión domiciliaria.

Por su parte, el abogado Sergio Arturo Ramírez resaltó que el juez ordenó que se vuelva a llevar a cabo la audiencia y que “se tomen en consideración o no los elementos mediante los cuales le justificaron de primera instancia la prisión”.

La resolución fue emitida el 23 de junio, pero aún no ha sido notificado públicamente, según informaron fuentes allegadas a la defensa.

A su vez, esto se produce después que en abril Robles solicitó un amparo en el que acusa al fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, de violar su derecho a la presunción de inocencia por comparar su situación jurídica con la del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

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Y es que el pasado 12 de agosto Gertz Manero afirmó que Lozoya estaba dispuesto a colaborar con la justicia; pero, Rosario Robles no.

“Este individuo está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos, él lo está presentando, él está pidiendo eso”, declaró.

En su amparo, Rosario Robles apuntó que cualquier imputado debe ser tratado como inocente durante el proceso que enfrenta, incluso antes de que el procedimiento inicie.

Finalmente, señaló que el respeto a la presunción de inocencia por parte de autoridades policiales y ministeriales está establecido en el orden jurídico del país.