Los “vetos” del bronco contra fiscal del Congreso

01 de Feb, 2018

Pese a que Jaime Rodríguez Calderón no participará en la elección del próximo fiscal general de Nuevo León, que será seleccionado por el Congreso local, el gobernador con licencia tendrá un par de oportunidades para vetar al candidato designado por los diputados.

El mandatario independiente contará con dos opciones para rechazar al nominado para ocupar el cargo del Sistema Estatal Anticorrupción, la primera sería desechar a uno de los cuatro que estarán en la terna final y la otra por medio de la aplicación de los exámenes de confianza del posible nominado.

El proceso establece que los diputados enviarán al Ejecutivo estatal una lista de cuatro aspirantes, por lo que el gobernador podrá ejercer su derecho al veto de uno de los finalistas para que quede una terna final de sólo tres candidatos.

Después, los legisladores elegirán a uno para la Fiscalía General, a través del voto secreto, es decir, emitirá el nombre de un candidato en una boleta, que será puesta en una urna y el aspirante con más sufragios será el nuevo fiscal.

Para dar certeza al proceso, el candidato final tendría que someterse a las pruebas de control y confianza por el Centro de Información para la Seguridad del Estado, Evaluación y Control de Confianza (CISEC).

Pero la panista Yanira Gómez, presidenta de la Comisión Anticorrupción del Congreso, no estableció en la convocatoria que el nominado a cualquiera de las fiscalías tendría que pasar los exámenes de confianza.

Pese a que por ley, todos los funcionarios ligados al sector justicia y seguridad deben pasar estos controles, pareciera que para la legisladora no fue importante, pero es un punto débil en el proceso por medio del cual el gobernador podría desechar a uno de los nominados.

Reporte Índigo informó ayer que Luis Carlos Treviño Berchelmann, Gerardo Faustino Montes Martínez, Bernardo González Garza y Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, son cuatro de los candidatos que se perfilan con más posibilidades para llegar al cargo, todos ellos con vínculos con partidos políticos y con administraciones pasadas.

Un fiscal laxo

Entre los requisitos para poder ingresar a la convocatoria de los candidatos a ocupar la Fiscalía General, la Anticorrupción y la de Delitos Electorales, se encuentran ser ciudadano mexicano por nacimiento y tener al menos 35 años cumplidos el día de la designación.

También poseer título profesional de licenciado en derecho, con antigüedad mí- nima de diez años, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, gozar de buena reputación y no tener antecedentes penales, entre otros. Los requisitos están lejos de los obligados, por ejemplo, para convertirse en un fiscal antinarcóticos de la Procuraduría General de la República (PGR).

La Comisión Anticorrupción del Congreso, encabezada por la panista Yanira Gómez, no consideró puntos como aprobar pruebas de control y de confianza o de polígrafo, exámenes toxicológicos, o incluso que cuenten con maestría en el nuevo sistema de Justicia Penal Acusatorio. Waldo Fernández González, diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), consideró que generará dudas la omisión del punto en el que sean obligatorias las pruebas de control y confianza al candidato a fiscal general.

“Yo creo por sentido común, cuando lo designe el Congreso se harían los exámenes de control y confianza, y bueno si los reprueba se tendría que invalidar la designación, pero como no viene en la convocatoria no es una causa por lo cual no puede ser ilegible”, explicó.

El legislador perredista dijo que lo más preocupante está en el sentido de que el nominado por el Congreso no pueda acreditar su situación económica, antes de tomar su cargo como fiscal. “Imagínate que tengan a un fiscal que no pagó sus impuestos o que no pueda acreditar su situación económica”.

Piden parar proceso

Organizaciones ciudadanas, como Redes Quinto Poder, han exigido al Congreso local que se frene el proceso de entrevistas a los aspirantes por parte del Comité de Selección, el cual quedó integrado por ocho ciudadanos tras la renuncia de Pedro Rubén Torres Estrada, y no nueve como marca la Constitución.

Las corporaciones civiles piden primero que se decida quién ocupará el espacio que quedó vacío, luego de que el viernes 26 de enero Torres Estrada salió del grupo de selección bajo el argumento de que por cuestiones académicas estará fuera de México durante un año.

El Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción tiene un plazo no mayor de 15 días para llevar a cabo el análisis de los candidatos mediante una entrevista para conocer sus antecedentes y trayectoria profesional.

Tras la renuncia de Torres Estrada, el grupo quedo integrado por Marcela Chavarría, Salvador Peña Warden, Joaquín Ramírez de la Cerda, María Genoveva Saldaña Leal, Gustavo González Fuentes, Jesús Viejo González, Gabriel Augusto Reyes García y Luis Gerardo Treviño García.