Las autoridades mexicanas tienen conocimiento de 49 personas mexicanas sentenciadas a la pena capital en Estados Unidos. Foto: Especial

Los mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos

Más de 100 mexicanos que podrían perder la vida en manos del sistema de justicia de Estados Unidos al estar condenados con la pena capital están siendo asistidos por el Gobierno de México

El Gobierno de México mantiene su estrategia jurídica en los Estados Unidos con la que pretende evitar que se aplique la pena capital para un conjunto de más de 100 mexicanos que podrían perder la vida en manos del sistema de justicia de aquel país, considerando tanto aquellos que ya tienen esta sentencia, como los que también podrían recibirla.

De acuerdo con registros proporcionados por la Secretaría de Relaciones Exteriores vía transparencia, en estos momentos, las autoridades mexicanas tienen conocimiento de 49 “personas mexicanas sentenciadas a la pena capital en Estados Unidos”, todas del sexo masculino.

Sin embargo, el Gobierno de México, también está al tanto de la situación jurídica que guardan otras 58 “personas mexicanas que actualmente enfrentan procesos penales y podrían derivar en la pena capital en Estados Unidos”, considerando que en este caso se trata de tres mujeres y 55 hombres.

Todas estas mexicanas y mexicanos, señala la Secretaría, están recibiendo el apoyo jurídico de la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica (DGPCPE) y, en particular, del “Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en Estados Unidos (MCLAP, por sus siglas en inglés)”.

Este Programa de la Secretaría suele tener éxito en la gran mayoría de los casos que acompaña para impedir que se concrete la pena capital para los mexicanos que infringen la ley en Estados Unidos, según se corrobora en un reporte que emitió la dependencia el 28 de abril de 2022, titulado: “Insumos de México sobre la imposición de la pena de muerte y sus efectos para el informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias”.

Ahí informa que desde su creación en el año 2000 al 28 de febrero de 2022, MCLAP ha estudiado 2,155 casos, de los cuales, 883 no calificaron debido a que la persona indiciada tenía doble nacionalidad, no era mexicana o porque los cargos fueron reclasificados. En todos los casos el delito es homicidio”.

El documento dice que de los 1,272 casos en los que ha intervenido MCLAP, se ha logrado evitar o revertir la imposición de la pena capital en 1,165 casos (91.5% de éxito).

En este mismo periodo (año 2000 al 30 de noviembre de 2021), 9 personas mexicanas han sido ejecutadas.

Los registros entregados muestran que durante los Gobiernos de Enrique Peña Nieto y el de Andrés Manuel López Obrador, esta estrategia obtuvo buenos resultados para 369 mexicanos que conservaron la vida, pues “se logró evitar o revertir la imposición de la pena capital del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2022”.

La administración de Peña Nieto aportó 250 de estos casos exitosos, mientras que la que encabeza el presidente López Obrador ya suma 119 (folio 330026822002742).

Las ejecuciones

En la temporalidad que comprenden estos dos Gobiernos, los encabezados por Peña Nieto y López Obrador, las autoridades de Estados Unidos han ejecutado a cuatro mexicanos que fueron sentenciados con la pena capital, según lo muestra la información proporcionada por la Secretaría.

Los cuatro casos ocurrieron durante la administración priista. La primera ejecución fue la de Edgar Tamayo Arias, aplicada el 22 de enero de 2014, cuando tenía 47 años de edad. Estaba sentenciado desde el 31 de octubre de 1994 y los delitos que se le adjudicaron fueron homicidio calificado y agravado.

La segunda ejecución fue la de Ramiro Hernández Llanas, a quien se le aplicó la pena capital el 9 de abril de 2014, aunque su sentencia se emitió desde el 10 de febrero del 2000. Tenía 45 años de edad. Los delitos por los que fue castigado fueron: homicidio agravado, violación, robo y allanamiento de morada.

El tercer mexicano ejecutado por las autoridades estadounidenses fue Rubén Cárdenas Ramírez, el 8 de noviembre de 2017, quien tenía 47 años de edad. Estaba sentenciado desde el 18 de febrero de 1998 por los delitos de homicidio agravado, secuestro y violación.

La última vez que las autoridades de Estados Unidos le aplicaron la pena capital a un mexicano fue el 14 de noviembre de 2018, cuando Roberto Ramos Moreno, de 64 años de edad, perdió la vida con este castigo. Había cometido un triple homicidio calificado y su sentencia provenía desde el 23 de marzo de 1993.

En los cuatro casos, la Secretaría señaló: “El MCLAP proporcionó seguimiento al proceso del connacional, se agotaron todos los recursos legales disponibles. El gobernador del estado de Texas no otorgó clemencia ejecutiva al mexicano”. Todas las ejecuciones ocurrieron en Hunstville.

Por su parte, los 49 mexicanos que se encuentran actualmente sentenciados con la pena capital en Estados Unidos, y que, por lo tanto, representan los casos de mayor urgencia para la dependencia, todos nacieron en el siglo pasado: siete durante la década de 1950; 12 en la década de 1960; 20 en la década de 1970 y 10 en la década de 1980.

Por lo tanto, el mexicano con la mayor edad que está condenado a la pena capital tiene 71 años (nació en 1952), mientras que los dos más jóvenes tienen 34 años de edad.

El origen

El Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en Estados Unidos (MCLAP) fue creado en septiembre del 2000 como respuesta“al importante número de personas mexicanas sentenciadas a la pena capital en Estados Unidos sin que ese país realizara la notificación consular correspondiente conforme al artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares”.

Con su personal especializado, el Programa “ofrece apoyo técnico y legal a los abogados defensores y consulados, además de colaborar en la obtención de documentación y pruebas adicionales que pudieran utilizarse para mitigar la condena”.

En su portal de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital, la dependencia federal indica que su red consular resulta vital para estas labores de defensa jurídica.

“Las representaciones de México tienen por mandato realizar acciones para asistir a connacionales que enfrentan sentencias que pudieran derivar en la pena capital”.

Te puede interesar