Los lastres del fiscal urbano de Jalisco

16 de Abr, 2020

El organismo encargado de defender a los ciudadanos ante la autorización de proyectos y obras que violan la normativa urbana de Jalisco, la Procuraduría de Desarrollo Urbano, presenta una baja productividad y un costo muy alto por cada una de las acciones legales que emprende, al ser de 2.3 millones de pesos en promedio.

Esta Procuraduría de Desarrollo Urbano (Prodeur) tiene una tarea fundamental en una ciudad como Guadalajara, donde son recurrentes las autorizaciones municipales de torres y complejos inmobiliarios que contravienen los instrumentos de planeación, sin embargo, sus registros evidencian que ha estado muy por debajo de lo que se espera de ella.

De acuerdo con informes obtenidos de la Prodeur vía transparencia, en el periodo de 13 años que va del 2007 al 2019, promovió en total 130 acciones legales en representación de ciudadanos que se vieron afectados por la aprobación de proyectos irregulares en sus entornos urbanos

Esto conlleva que en promedio la Prodeur promueve por año apenas una decena de procesos jurídicos, un dato que contrasta con las investigaciones que se han realizado en la materia y que han llegado a detectar centenas de dictámenes de uso de suelo anómalos en un solo trienio, como ocurrió en la administración tapatía 2012-2015.

La perspectiva empeora cuando se pone sobre la mesa que  la Prodeur le ha costado a los jaliscienses en esos mismos 13 años una suma de 311 millones 337 mil 028 pesos; por lo que cada una de las acciones jurídicas que emprendió en ese lapso requirió de una erogación promedio de 2 millones 394 mil 900.2 pesos.

La Prodeur que formalmente es un Organismo Público Descentralizado (OPD) del Gobierno de Jalisco, se define como un ente al que le “corresponden ejercer las atribuciones de orientar y defender a los ciudadanos en la aplicación de la legislación urbanística, vigilar la correcta ejecución de la misma, así como promover la solución de todos los asuntos relacionados con el proceso de urbanización”.

Productividad por fiscal urbano

Aunque los registros de la Prodeur no son del todo específicos, sí permiten conocer que el procurador que tuvo la gestión con más acciones jurídicas presentadas en defensa de los ciudadanos fue Aarón Vázquez Huerta, que tuvo ese cargo del 14 de septiembre de 2007 al 13 de septiembre de 2011, y que sumó 73 de estos procedimientos.

Después de Vázquez Huerta estuvo en el puesto Gabriel Ibarra Félix, del 14 de septiembre de 2011 al 13 de septiembre de 2015, seguido de un breve interinato de Pedro de Alba Letipichía, del 14 de septiembre de 2015 al 2 de marzo de 2016. En la gestión de ambos se emprendieron 30 de estos procedimientos jurídicos en representación de ciudadanos.

Finalmente, está la gestión de José Trinidad Padilla López, del 3 de marzo de 2016 al 31 de agosto de 2019, y quien tras su renuncia fue suplido por Jonatan Obed Martínez Jaramillo, del 1 de septiembre de 2019 a diciembre de 2019. En la gestión de ambos se registraron 27 procesos jurídicos, lo que lo hace el periodo menos productivo. 

Desde su designación en 2016, la selección de Padilla López por parte del Congreso fue cuestionada como una decisión política y no técnica, pues se trata del hermano de Raúl, el influyente jefe del grupo político que controla a la Universidad de Guadalajara; los dos hermanos tienen en su historial el haber sido rectores de esa institución.

A finales de 2019, el 13 de diciembre, fue designado como nuevo titular de la Prodeur el arquitecto Carlos Romero Sánchez.

Gobiernos demandados

La instancia gubernamental contra la que ha procedido en más ocasiones la Prodeur en representación de los ciudadanos es el Gobierno municipal de Guadalajara, con 56 casos llevados ante los tribunales por la autorización de proyectos que no cumplían con la normativa urbanística vigente. 

Esto significa que cuatro de cada 10 procesos jurídicos iniciados por la Prodeur en el periodo de 2007 a 2019 fueron en contra de las autorizaciones urbanísticas del Gobierno de Guadalajara, lo que evidencia una concentración en ese municipio de permisos con irregularidades.

Después de Guadalajara, el otro Gobierno con más demandas interpuestas por la Prodeur es el de Zapopan, que alberga una gran actividad inmobiliaria, y el cual se ha confrontado con esa Procuraduría en tribunales en 36 ocasiones: un 27.69 por ciento de todos los casos manejados por la Prodeur en estos 13 años.

El tercer sitio lo ocupa el Gobierno de Puerto Vallarta, otro de los polos importantes en el estado para la atracción de capitales inmobiliarios, pero que aparece en los registros de la Prodeur con 19 casos ventilados ante tribunales por la expedición de permisos urbanísticos con anomalías.

Los 19 procesos jurídicos restantes promovidos por la Prodeur en este periodo involucran a distintos ayuntamientos tanto de la metrópoli tapatía (Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y otros) como de fuera de esta, además de un caso en contra de la Secretaria De Vialidad Y Transporte del Estado.

La instancia gubernamental contra la que ha procedido en más ocasiones la Prodeur en representación de los ciudadanos es el Gobierno municipal de Guadalajara, con 56 casos llevados ante los tribunales

Anomalías persisten

La autorización de proyectos inmobiliarios en la metrópoli de Guadalajara que violan los planes parciales de desarrollo urbano es una práctica no superada sino persistente al día de hoy, pese a las afectaciones que estos suelen traerles a los habitantes de la urbe.

El 30 de abril de 2019 Reporte Indigo publicó el caso del desarrollo nombrado “Shopping Center Development”, que fue autorizado el 25 de marzo de ese año por el Gobierno municipal de Guadalajara, a pesar de que contraviene su propia normativa urbanística.

Ese día el Comité Dictaminador de los Recursos de Revisión en Materia de Desarrollo Urbano que encabeza el alcalde del MC, Ismael del Toro Castro, avaló el uso de suelo del complejo aunque contraviene el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano 06 Providencia Norte.

Anteriormente, en el trienio del ex alcalde del PRI, Ramiro Hernández García (2012-2015), se documentaron al menos 315 dictámenes de uso de suelo expedidos con irregularidades.