Los claroscuros de los tutelares
Hace dos semanas prometió enviar un informe puntual de los seis tutelares y no lo ha hecho; se niega a entregar los videos de las riñas internas y por si fuera poco, Elisa Lavore, directora de Tratamiento para Adolescentes del Sistema Penitenciario, ha despedido a 40 empleados en lo que va del año.
Así lo acusa la diputada del PRD, Rebeca Peralta, quien subió un punto de acuerdo para solicitarle a Patricia Mercado, secretaria de Gobierno, intervenga de inmediato en la problemática y se acabe con los claroscuros intramuros en las seis comunidades de tratamiento para adolescentes.
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“Está buscando (Elisa Lavore) chivos expiatorios para culparlos de los hechos de violencia ocurridos en el también conocido como tutelar para menores de San Fernando”
Hace dos semanas prometió enviar un informe puntual de los seis tutelares y no lo ha hecho; se niega a entregar los videos de las riñas internas y por si fuera poco, Elisa Lavore, directora de Tratamiento para Adolescentes del Sistema Penitenciario, ha despedido a 40 empleados en lo que va del año.
Así lo acusa la diputada del PRD, Rebeca Peralta, quien subió un punto de acuerdo para solicitarle a Patricia Mercado, secretaria de Gobierno, intervenga de inmediato en la problemática y se acabe con los claroscuros intramuros en las seis comunidades de tratamiento para adolescentes.
La problemática llegó hasta la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa (ALDF) con el punto de acuerdo para solicitar a Mercado que busque frenar el hostigamiento laboral al que son sometidos los empleados que trabajan con las comunidades de jóvenes en conflicto con la ley.
De acuerdo con los empleados, Lavore Fanjul aplica una política de represión en contra de los jóvenes que están internados y que a menudo protagonizan riñas internas que no son dadas a conocer a la luz pública.
Actualmente, por la comisión de diversos delitos, 709 adolescentes se encuentran en internamiento en las seis comunidades, de acuerdo a datos hasta mayo del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México mantiene 69 investigaciones abiertas por violaciones a las garantías individuales en dichas comunidades.
Casi la mitad de estas investigaciones están relacionadas con hechos en el llamado “Tutelar de San Fernando”.
Debido a lo anterior se exhortó a las autoridades del más alto nivel para que se interesen y resuelvan el conflicto.
A través del punto de acuerdo se solicita a Patricia Mercado y al subsecretario del sistema penitenciario, Hazael Ruiz, jefes jerárquicos de Elisa Lavore, para frenar de manera inmediata el hostigamiento en contra del personal.
Opacidad y amenazas
La diputada del PRD, Rebeca Peralta, detalló que tan sólo de enero a junio la funcionaria en cuestión ha despedido a 40 funcionarios que se niegan a cumplir con su política de opacidad y represión.
“Las acciones de remoción del personal de las diferentes comunidades han sido promovidas por la directora general, quien desde su llegada ha afectado a un total de cuarenta personas hasta junio”, precisó.
Pero muchos empleados y guías técnicos refieren que las amenazas de la funcionaria siguen, en el sentido de que serán despedidos en caso de no seguir sus órdenes al pie de la letra.
Desde la tribuna de la diputación permanente, la legisladora del Sol Azteca acusó a la directora de los tutelares de la Ciudad de México de no cumplir la promesa de enviar a la Asamblea Legislativa un informe detallado sobre la situación en la que se encuentran los jóvenes de las seis comunidades.
“No ha llegado la información en los casi quince días que han pasado desde la comparecencia”, acusó.
La opacidad de la funcionaria en el manejo de los tutelares se hace extensiva al negarse a colaborar con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
A los visitadores del organismo les ha negado la existencia de los videos que sirven de evidencia de los hechos de violencia ocurridos, principalmente en la comunidad de San Fernando.
Tan sólo en San Fernando, precisó la legisladora, ocurrieron al menos cuatro enfrentamientos en el mes de junio.
En ellos habrían resultado lesionados 40 jóvenes en tratamientos; se desconocen los detalles que propiciaron los pleitos entre los grupos.
Los propios empleados refieren que durante los motines la funcionaria ha ordenado sin miramientos el uso de la fuerza pública y la dispersión de gases como recursos para sofocar los actos violentos adentro de las comunidades.
Los chivos expiatorios
De las seis comunidades, la de San Fernando es sin duda el más conocido, se ubica en la colonia Toriello Guerre en la delegación Tlalpan.
También operan la Comunidad para el Desarrollo de los Adolescentes (CDA); la Comunidad para Mujeres, ambos en Periférico Sur, en la colonia Guadalupe.
La comunidad Dr. Alfonso Quiroz Cuarón; la de Diagnóstico Integral para Adolescentes de Petén esquina Obrero Mundial, en la Narvarte, y la comunidad Externa de San Antonio Abad, en la Cuauhtémoc.
“Nos preocupa la situación que priva al interior de las comunidades para tratamientos para adolescentes porque se han registrados varias bajas de personal. Tenemos cuarenta personas con nombre y apellido.
“Está buscando chivos expiatorios para culparlos de los hechos de violencia ocurridos en el también conocido como tutelar para menores de San Fernando, y prueba de ello es que el día 11 de mayo, un día después de los lamentables acontecimientos, el subdirector de Tratamiento, Armando Mata, y el jefe de Unidad Departamental de Pedagogía, Jorge Barrón, fueron despedidos por negarse a cumplir órdenes superiores, además de que les prohibió la entrada a la comunidad”, acusó la legisladora Peralta.
