La negativa para decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en estados o municipios del país con más casos de agresiones es un ejemplo de las omisiones del Estado para proteger a las mujeres, aseguran madres de víctimas de feminicidio y organizaciones de la sociedad civil.

Si bien la declaración de la Alerta no es una garantía para prevenir y erradicar las agresiones, familiares y abogadas feministas hacen hincapié en que sirve para hacer visible la falta de atención por parte del Gobierno federal, estados y municipios donde se registran más casos.

En entrevista, Anayeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), explica que las Alertas de Violencia de Género también son útiles para evidenciar la falta de políticas públicas que hay en determinada entidad para salvaguardar la integridad de las mujeres.

“Las Alertas son para visibilizar esta violencia feminicida que no quiere ser reconocida por el gobierno, una alerta puede señalar desde corredores de trata hasta los casos de feminicidios, es como una demanda que lamentablemente tenemos que exigir organizaciones o familiares porque el Estado se niega a reconocer el abandono en el que tiene a las mujeres”, menciona.

Como muestra de la lucha por el derecho a tener una vida libre de violencia, el pasado 9 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo público que la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat decidió hacer suyo el escrito de solicitud de amparo en revisión 483/2019, relacionado con la solicitud de Declaratoria de Alerta para la Ciudad de México.

De acuerdo con el OCNF, aunque desde el 25 de noviembre de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial para la Ciudad de México la Declaratoria de Alerta, no está enfocada a la violencia sexual y, por ende, no atiende otras violencias como los feminicidios y las desapariciones de mujeres y niñas, hechos que motivaron la solicitud de este instrumento a nivel federal.


Solicitamos a la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) la declaración de la Alerta en la CDMX, es muy preocupante que tengamos que recurrir a amparos para proteger la vida de las mujeres porque, hay que recalcar que al negar la Alerta, las autoridades mandan un mensaje de desconocimiento e impunidad con respecto a las agresiones de las que son víctimas las mujeres

Anayeli Pérez Garrido

Asesora jurídica del OCNF

Exigencia de justicia por víctimas de feminicidio

Desde hace once días, las mujeres a quienes la violencia machista les arrebató una hija, hermana o amiga permanecen en un plantón frente a Palacio Nacional. Su demanda es mantener una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que les brinde un plan de trabajo que les garantice que se detendrán los feminicidios en México.

Con una playera que lleva la fotografía de su hija y bajo las lonas con la tarjeta de búsqueda de una docena de mujeres, Lidia Florencio, madre de Diana Velázquez, asesinada en 2017 en Chimalhuacán, Estado de México, declara que las Alertas de Violencia de Género pueden ser una ayuda para que su caso no se repita.

“Las alertas servirían si las autoridades tuvieran voluntad de tomarlas en cuenta, si las focalizaran como la herramienta necesaria para contener la violencia, prevenirla y erradicarla pero vemos en la realidad que para los Ministerios Públicos y Fiscalías es letra muerta”, comenta Lidia.

Los rostros pintados de Verónica Benitez, Lesvy Berlín e Isabel Cabanillas junto con la leyenda “México Feminicida” acompañan a los manifestantes que se encuentran en el plantón día y noche.

Pese los riesgos generados por la pandemia de COVID-19 o las inclemencias del clima, los familiares resisten debajo de sus lonas, aseguran que es su manera de exigir justicia para las miles de mujeres asesinadas en el país.

“Queremos esa reunión con el presidente, no es justo que se reúna solamente con ciertas causas y no con las víctimas de la violencia feminicida. No es justo que hayan hecho una campaña de ‘cuenta hasta 10’ y que ese sea su intento de prevención, eso fue algo indignante, a nuestras hijas y hermanas los cobardes que las asesinan no les dan tiempo de contar hasta 10”, sentencia.

Malú García Andrade, quien desde hace 20 años pide justicia por el feminicidio de su hermana en Ciudad Juárez, Chihuahua, aclara que el plantón no se va a levantar hasta que se cumplan sus tres demandas.

“Para poder tener justicia para nuestras mujeres queremos que se modifique la ley de menores infractores para que todos los jóvenes a partir de 16 años sean sentenciados como adultos por delitos graves como es el feminicidio. También exigimos más apoyo con los huérfanos de feminicidio y por último que todas las muertes violentas de mujeres sean homologados como feminicidio de oficio, no como homicidios”, recalca.

Aumentan las víctimas

El número de feminicidios en el país se multiplicó en los últimos años.

Cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) revelan que mientras en 2015 hubo registro de 426 víctimas de feminicidio en todo el país, para el 2019 el número creció más del doble, a mil 012 casos. Entre enero y mayo de 2020 se contabilizaron 385.

Las entidades con más víctimas durante los primeros cinco meses del año son el Estado de México con 47, Veracruz con 36, Ciudad de México y Nuevo León con 30, y Puebla con 28.

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