Limbo jurídico afecta a menores
Los menores de edad acusados de delitos federales se encuentran ante un “limbo jurídico” y siempre han carecido de protección de sus derechos, asegura la senadora del PRD, Angélica de la Peña.
“Los adolescentes, quienes son menores de 18 años de edad y mayores de 12 años, están en una especie de limbo jurídico, no hay una política en el país, ni la hay ahora ni la ha habido, que se dedique a garantizar todos los derechos humanos de las personas menores de 18 años de edad”, afirma en entrevista telefónica.
Julio Ramírez"El que vivamos la ficción de que aquí es zona libre de narcotráfico deja en desprotección, como lo estamos viendo en las cifras, a las y los adolescentes"
"Lo que se necesita es una política de protección porque es obvio que están siendo blanco de ataque de los grupos criminales"
El sistema de justicia adolescente actual carece de herramientas que eviten la reincidencia
Los menores de edad acusados de delitos federales se encuentran ante un “limbo jurídico” y siempre han carecido de protección de sus derechos, asegura la senadora del PRD, Angélica de la Peña.
“Los adolescentes, quienes son menores de 18 años de edad y mayores de 12 años, están en una especie de limbo jurídico, no hay una política en el país, ni la hay ahora ni la ha habido, que se dedique a garantizar todos los derechos humanos de las personas menores de 18 años de edad”, afirma en entrevista telefónica.
La caída de alrededor de 70 por ciento en las detenciones de jóvenes vinculados con delitos contra la salud y delincuencia organizada es un reflejo de esta falta de legislaciones que protejan a los adolescentes y niños vulnerables de ser cooptados por la delincuencia organizada.
“Las cifras que conocemos nos indican una ausencia de políticas públicas que garanticen los derechos, que garanticen un Estado de derecho para quienes aún no tienen la mayoría de edad y cuando llegan a tenerla pues siguen arrastrando, por desgracia, las inercias de la desatención, de la falta de protección de sus derechos y por eso vemos de hace mucho tiempo que las cárceles están prácticamente pobladas por una población de jóvenes menores de 30 años bastante alta”, afirma.
La senadora Angélica de la Peña impulsó una reforma al artículo 73 para hacer un solo sistema de justicia nacional de justicia para adolescentes infractores. Actualmente. los menores de edad acusados de delitos federales son juzgados en el ámbito estatal.
“Sería un solo sistema para todo el país, cuando entre en vigor (se prevé que sea este diciembre) se derogan todas las leyes locales que hay en el país, que son contradictorias, inconstitucionales, los resultados que tenemos es que no han funcionado, porque así no se puede, no el balde la ciencia penal ha ido avanzando hacia el garantismo y la reinserción social”, comenta.
“Esa reforma ya está promulgada y en el próximo periodo de sesiones tenemos que trabajar en la ley nacional que unifique a todo el país en un solo instrumento jurídico que logre que se funde y garantice la reinserción social como lo mandata la propia Constitución”, agrega.
En la atención de esta problemática también deben de tomarse en cuenta otros factores como la falta de oportunidades y el contexto social.
“En el país hay una población muy alta que no está gozando de su derecho a la educación, no están en la red nacional de la educación, necesitamos enredarlos en la educación, porque eso es básico, cuando no están ahí entonces son presa fácil, están en una situación gran vulberabilidad y de gran riesgo, como lo observamos en las cifras”, asevera.
“Con el crecimiento desgraciadamente de la lucha equivocada contra las drogas que ha emprendido nuestro país en los últimos años, en los últimos sexenios, ha llevado a que estos chicos sean incorporados a la delincuencia común, pero por desgracia también a la delincuencia organizada”, indica.
El sistema de justicia adolescente actual carece de herramientas que eviten la reincidencia, se prevenga el delito o se favorezca el goce de derechos.
“Cuando reformamos en 2005 la Constitución, en su artículo 18, no logramos que se instaurara un solo sistema nacional, ese fue un problema que hoy estamos padeciendo. Tenemos en las 32 entidades federativas 32 sistemas, algunos incluso contradictorios entre sí y otros claramente violatorios de la Constitución. Hay Congresos locales que para un mismo delito deciden la pena de privación ilegal de la libertad de un adolescente infractor de 20 años y en otro estado por el mismo delito es de cinco años”, refiere la senadora del PRD.
Angélica de la Peña consideró que las bandas delincuenciales han llevado hasta al último nivel de humanidad a estos niños y los que han sido rescatados se han convertido en promotores de que no se les criminalice y, por el contrario, sean rescatados por el Estado.
“La discusión que estamos dando en México sobre los pequeños jovencitos, niños, que están inscritos en la delincuencia organizada nos recuerdan la lucha que dieron los niños soldados en el mundo, que los involucraron en la drogadicción, que los presionaron, algunos incluso los mataron, los obligaron a matar a sus propios hermanos y así vemos en algunas partes a niños soldados haciendo el trabajo de mercenarios”, indica.
Dijo que es erróneo pensar que los menores de edad son culpables sin tomar en cuenta que son víctimas de su entorno.
“Debemos darles alternativas de vida incluso fuera de su contexto familiar, porque si regresan a su contexto familiar van a encontrar la misma situación, el mismo campo fértil que los llevó a ser lo que fueron, por lo que fueron señalados, por cometer delitos atroces que a todos nos indignan, pero que no sólo nos deben indignar, nos debe motivar a ver todo el entorno y por eso la prevención social del delito es muy importante y debemos entender que el Estado tiene una responsabilidad”.
Una ficción llamada DF
Todos los escenarios de violencia armada necesitan una zona neutra, al menos en el discurso oficial. En México, esta ficción es el Distrito Federal, indica el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez García.
“Hay una ficción necesaria de crear una zona neutra en este país, es decir, hay un incremento del dominio territorial del crimen organizado en todo el territorio, pero se necesita, como en todos los países donde hay violencia armada, un acuerdo político, a veces no necesariamente que se reúnan y lo definan, es un acuerdo fáctico para tener una zona neutra”, afirma.
De acuerdo con el discurso oficial, en la Ciudad de México no operan células de los cárteles de la droga pero el listado de detenciones de menores por delitos contra la salud y delincuencia organizada de la PGR indica que es de las entidades que reporta más capturas. En 2015, de 107 capturas contabilizadas en el país, diez ocurrieron en el Distrito Federal, misma cifra que en Nuevo León y Baja California. Sonora encabeza el listado con 18 detenciones en los primeros seis meses del año.
“La Ciudad de México, que es la capital de los Poderes, que es donde está la Federación, tendría un alto costo político de reconocer que aquí también mandan y administran los distintos grupos criminales.
El especialista asegura que en la Ciudad de México hay un triángulo en donde se acentúa la incidencia de delitos del orden federal por parte de jóvenes, entre los territorios de Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Ciudad Nezahualcóyotl.
“Creo que sería muy importante reconocerlo, el que vivamos la ficción de que aquí es zona libre de narcotráfico deja en desprotección, como lo estamos viendo en las cifras, a las y los adolescentes”, sentencia.
Llamó a desestimar la persecución como un método para combatir el problema. Mucho menos el endurecimiento de penas ni la reducción de la edad penal.
“Lo que se necesita”, afirma Pérez García, “es una política de protección porque es obvio que están siendo blanco de ataque de los grupos criminales”.
El Ponchis, la historia del niño sicario
“Nomás me drogaban; no sabía lo que hacía”
Édgar N El Ponchis conmocionó a la opinión pública en 2010 cuando fue presentado ante los medios como “El niño sicario” de Morelos.
Originario de San Diego, California, fue mandado a vivir a México con su abuela y una hermana en Tejalpa. El capo local Jesús Radilla Hernández, a quien identifica como “El Negro” o “Radilla”, lo involucró en la ejecución de crímenes desde que tenía 11 años.
Édgar vivía solo en Tejalpa y en sus declaraciones ante reporteros, que organizaciones defensoras de los derechos de los niños consideran ilegales, afirmó que en la organización Cartel Pacífico Sur, con la que se le vinculó, tenían pistolas calibre 45 y armas largas AK-47, cuernos de chivo. Dijo que participó en cuatro ejecuciones.
—¿Cómo te uniste a la banda? —le pregunta un reportero con el permiso de los militares.
—Me levantaron.
—¿Quién te levantó?
—Negro.
—¿Y te convenció o te obligó a estar en esto?
—Me obligó. —responde El Ponchis en el video que va para los 2.5 millones de reproducciones en YouTube.
—¿Qué te dijo?
—Que si no trabajaba me iba a matar.
—¿Y el Radilla qué es lo que hacía para convencerte de que mataras?
—Nomás me drogaba… No sabía lo que hacía.
