El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara baja acusó al INE de violar el artículo 29 constitucional debido a la veda electoral

Libertad de expresión, en jaque por veda electoral

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara baja acusó al INE de violar el artículo 29 constitucional y vulnerar las garantías de la ciudadanía

Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, arremetió en contra del Instituto Nacional Electoral al acusarlo de violar el artículo 29 constitucional, debido a la veda electoral decretada por el proceso de Revocación de Mandato que se realizará el próximo 10 de abril.

Sostuvo que la libertad de expresión y el derecho a la información son preceptos consagrados en la Carta Magna por lo que deben ser respetados por todas las personas, incluidas las autoridades del ámbito electoral.

“Estamos a favor de la libre expresión, el diálogo y la democracia, no de las censuras previas y distorsiones a nuestro marco legal que, por supuesto, vela por los derechos de las y los mexicanos”, indicó el diputado federal de Morena.

Argumentó que el grado de avance en los ejercicios de participación democrática que ha alcanzado el país “no admite distorsiones por parte de actores que pretenden restringir la libre manifestación de las ideas expresadas a través de medios tradicionales, redes sociales o espacios públicos”.

Gutiérrez Luna aseguró que la democracia en el país se verá cada vez más fortalecida si se permite a la ciudadanía discernir y formar sus opiniones y criterio con base en lo que observa y escucha en el ambiente público: “Se trata de garantizar un derecho fundamental que no puede ser restringido”.

Indicó que por ello la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto por el que se interpreta el Alcance del Concepto de Propaganda Gubernamental, contenido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Federal de Revocación de Mandato.

De esta manera, se determinó que la propaganda gubernamental debe entenderse como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y/o proyecciones difundidas con cargo al erario público.

Por tanto, advirtió que la restricción busca limitar el abuso de los recursos del pueblo, más no coartar la libertad de expresión de las personas, el derecho a manifestar ideas o limitar el acceso a la información.

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