Este lunes, senadores de Morena avalaron con 17 votos a favor en comisiones, la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos que, aseguraron, servirá para combatir la corrupción, el saqueo y el abuso por parte de empresas privadas. Se prevé que el jueves se discuta en el Pleno.

En tanto, con 11 votos en contra del PAN, PRI, PT y PRD en las comisiones de Energía y la de Estudios Legislativos Segunda, reiteraron que las reformas buscan crear un monopolio en PEMEX, abren las puertas a la discrecionalidad, al abuso y al autoritarismo del Gobierno y, señalaron que, sin cambiarle un punto o una coma a una ley, se crea “la ley embudo, una ley confiscatoria, una ley expropiatoria”.

Adelantaron que, al igual que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, “lloverán” los amparos y controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación “por ser contraria a la Constitución”, y atentar contra la competencia económica, pues va a generar alzas de precios en los combustibles

“Se prevé una serie de amparos que se van a venir después de esta aprobación. Es nuevamente una cerrazón del presidente de no cumplir a los ciudadanos lo que prometió en campaña (bajar la gasolina). Recordemos que para que los precios del mercado puedan estar a la baja se necesita la ley de competencia”, resaltaron los senadores panistas Julen Rementeria y Xóchitl Gálvez.

La oposición, que adelantó su voto en contra en los términos actuales de la minuta durante la sesión ordinaria en el Pleno, aseveró que es inviable darle todo el control a Petróleos Mexicanos, porque no tiene la capacidad técnica de operación y podría poner en riesgo no solo la seguridad energética, sino también la protección de la seguridad de los trabajadores y ciudadanos.

No obstante, para Morena, la Ley de Hidrocarburos prevé la cancelación de permisos de importación, manejo y distribución cuando se detecte robo o contrabando de combustibles y destacó centrales las medidas para acabar con el contrabando de combustibles, que afecta los ingresos tributarios, práctica que definieron como “huachicol fiscal”.

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