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Reporte
Nacional

LEYANTICORRUPCIóN

Les amarran las manos

Imelda García

Tras varios meses de negociaciones, en los que el PRI se resistió a llevar a cabo una reforma integral para combatir la corrupción, este jueves llegará al pleno de San Lázaro la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción que incluye desde acciones preventivas hasta castigo a los culpables de actos deshonestos.

La discusión final del tema se desarrolla en un momento en que varios escándalos de corrupción han estallado en el país.


Feb 25, 2015
Lectura 12 min

Se buscará, por ejemplo, que proceda la extinción de dominio en los casos de enriquecimiento ilícito y de corrupción

“Es obvio que la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción genera inquietudes en todos los órdenes de Gobierno y en todos los poderes, incluido el Poder Legislativo”

- Héctor Gutiérrez

PRI

"Una reforma anticorrupción que no pase por atender los graves conflictos de interés (...) pues es una reforma que no va al fondo"

- Ricardo Mejía Berdeja

Vicecoordinador
Movimiento Ciudadano

"Y si alguna diputada o diputado, por razones inconfesables, tiene que votar en contra del Sistema Nacional Anticorrupción, que lo haga de cara a la nación. Que aparezca su nombre en el tablero y que se haga cargo del sentido de su voto"

- Ricardo Anaya

Coordinador del PAN

https://www.youtube.com/watch?v=ZfvnQ7Ca-k0

Tras varios meses de negociaciones, en los que el PRI se resistió a llevar a cabo una reforma integral para combatir la corrupción, este jueves llegará al pleno de San Lázaro la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción que incluye desde acciones preventivas hasta castigo a los culpables de actos deshonestos.

La discusión final del tema se desarrolla en un momento en que varios escándalos de corrupción han estallado en el país.

Desde el presidente del PRI en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez, quien presuntamente contrataba mujeres para tener una red de prostitución al interior de ese instituto político; hasta la casa que Grupo Higa vendió a Angélica Rivera, la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, o la de otra vivienda otorgada a Luis Videgaray, secretario de Hacienda.

También en el PAN han sonado los tambores.

Algunos de sus diputados y líderes locales se han visto involucrados en el presunto cobro de “moches” o diezmos a cambio de la asignación para realizar obras en municipios.

Y al PRD ni se diga. La desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, hecho en el que estuvieron involucradas las autoridades municipales, cimbró desde la base al partido del sol azteca.

En un caso más reciente, las autoridades federales desenmascararon una red de corrupción y tráfico de influencias en la que familiares del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, desviaron millones de pesos del erario para favorecer sus finanzas personales.

Con ese escenario de fondo, los priistas se vieron obligados a ceder en algunos puntos que les parecían intransitables.

Su oposición a la aprobación de una reforma tan importante para el país, los dejaría mal parados no solo en México, sino ante el mundo.

Los panistas tomaron el tema como bandera y no se movieron un ápice en sus exigencias.

Ni siquiera cuando en el Senado se orquestó una revisión para los contratos del gobierno del expresidente Felipe Calderón con la empresa Tradeco -lo que los panistas consideraron un golpeteo político-.

Fuentes del Legislativo aseguraron que con esa maniobra se buscaba frenar la intención del PAN por hacer avanzar el Sistema Anticorrupción, hecho que no sucedió.

Una reforma sin dedicatoria

Después de la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para debatir, y en su caso avalar el dictamen que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, los legisladores de oposición pidieron que no se tome como pretexto la teoría federalista para permitir a gobernadores y alcaldes hacer un mal uso de los recursos públicos.

Fernando Zárate, diputado por el PRD, reprobó que se quiera utilizar como argumento al federalismo para evitar una clara rendición de cuentas.

“El argumento federalista no tiene que ver con la soberanía de los estados de que pueden hacer lo que les dé la gana. El argumento federalista tiene que ver con la unión de los estados para complementar y alcanzar fines superiores en este país, y eso tiene que ver con los intereses nacionales de erradicar la corrupción”, apuntó Zárate.

Otro perredista, Fernando Belaunzarán, aseguró que la reforma anticorrupción no lleva dedicatoria para ningún gobernante en turno, porque se trata de una reforma de Estado, por lo que pidió a los priistas no utilizar recursos para evitar que se castiguen actos de corrupción.

“El federalismo no es licencia para robar. El federalismo es, sí que se tomen las decisiones en los estados con su soberanía, pero los recursos públicos deben ser transparentes y debe haber rendición de cuentas”, indicó Belaunzarán.

El dictamen de creación del Sistema Nacional Anticorrupción fue aprobado por 24 votos a favor, una abstención y un voto en contra.

El voto en contra fue de Ricardo Mejía Berdeja, vicecoordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, quien sostuvo que el Sistema no atacará la raíz de la corrupción en el país.

“Me parece que no ataca al cáncer de la corrupción en el país, al centro de la corrupción en el país, que es la Presidencia de la República. Una reforma anticorrupción que no pase por atender los graves conflictos de interés, el contratismo, los negocios presidenciales, pues es una reforma que no va al fondo”, acusó Mejía.

La creación del Sistema Nacional Anticorrupción será votado este jueves en el pleno de la Cámara de Diputados, ya que las bancadas acordaron dispensar todos los trámites para que mañana mismo sea sometida a votación.

Organizaciones civiles como México Unido contra la Delincuencia, México Evalúa y otras, enviaron una propuesta de modificación al dictamen aprobado, misma que será discutida en el pleno, en la sesión de este jueves.

No hay reforma perfecta’

Durante la discusión y aprobación en la Comisión de Puntos Constitucionales del dictamen que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, Héctor Gutiérrez de la Garza, vicecoordinador de la bancada del PRI, afirmó que no hay reforma perfecta y que “es obvio” que la aprobación de un instrumento de esta naturaleza prenda algunas alertas.

“No hay norma perfecta; no hay reforma perfecta. El que busca una reforma perfecta es, o que piensa y razona con una candidez exquisita, o con una perversidad muy alta y lo que busca es que no haya reforma.

“Es obvio que la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción genera inquietudes en todos los órdenes de Gobierno y en todos los poderes, incluido el Poder Legislativo”, afirmó Gutiérrez de la Garza.

El PRI se opuso durante varias semanas a la aprobación de la reforma anticorrupción por temas como la ratificación del secretario de la Función Pública (SFP) por el Senado o la revisión que podría hacer la Auditoría Superior de la Federación a los recursos que ejercen los estados y municipios provenientes de las participaciones federales.

A ese respecto, Gutiérrez de la Garza expresó que su bancada desconoce si la ratificación del titular de la SFP ayudaría a darle más fortaleza y dijo que es posible que con la intervención de la ASF en los gobiernos locales se vaya contra el espíritu federalista de México.

“Probablemente vayamos en contra de las teorías del federalismo y las teorías fiscales cuando se faculta al auditor superior de la Federación a poder entrar y auditar las participaciones federales, cuya naturaleza es el de un ingreso propio de estados y municipios. Pero la terca realidad nos lleva a estas definiciones”, sentenció Gutiérrez.

El legislador apuntó el hallazgo de la ASF de un vacío en la rendición de cuentas de 60 mil millones de pesos de participaciones federales en estados y municipios que detalló en el informe de la Cuenta Pública del 2013, dado a conocer hace apenas unos días.

El PRI tuvo que ceder

El combate a la corrupción fue uno de los temas que el presidente Enrique Peña Nieto prometió impulsar desde que era candidato del PRI a la presidencia.

Durante su campaña, se comprometió a crear la Comisión Nacional Anticorrupción, que debía ser un organismo autónomo con facultades para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidores públicos y particulares.

La iniciativa, que la bancada del PRI presentó a nombre del presidente electo, pasó los filtros del Senado pero quedó estacionada en las comisiones de la Cámara de Diputados, donde durmió el sueño de los justos.

Fue en noviembre del 2014, cuando el panista Ricardo Anaya lideraba la Cámara, que Acción Nacional presentó su iniciativa para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Dicho Sistema contenía una serie de cambios constitucionales para crear un Consejo Nacional para la Ética Pública, así como un Comité de Participación Ciudadana.

Se propuso también fortalecer a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como retirar la facultad de sanción a las contralorías locales y otorgárselo a tribunales especializados.

La iniciativa fue remitida a comisiones y ahí comenzó su camino en el que encontraría oposición del PRI.

Las diferencias principales estribaban en que el PRI quería que el Ejecutivo tuviera un mayor control sobre el combate a la corrupción.

La oposición, sin embargo, consideraba un error que servidores públicos de alto nivel, quienes también podrían ser sujetos a investigación, dirigieran la política anticorrupción.

Así, el PRI planteaba la integración de un Sistema Nacional de Integridad Pública que aglomeraría todos los esfuerzos en contra de la corrupción.

Dentro de dicho Sistema se planteó la creación de un Consejo Nacional que estaría integrado por representantes de todos los poderes y la sociedad civil.

Dicha propuesta planteaba que el Consejo Nacional fuera dirigido por el presidente de la República y en él participaran gobernadores y otros servidores públicos de primer nivel.

Esto despertó la oposición absoluta del PAN, partido que rechazó el intento, que consideró una simulación.

“México tocó fondo en materia de corrupción y, por lo tanto, lo que nosotros estamos exigiendo es la dictaminación inmediata del Sistema Nacional Anticorrupción y la votación en el Pleno.

“Y si alguna diputada o diputado, por razones inconfesables, tiene que votar en contra del Sistema Nacional Anticorrupción, que lo haga de cara a la nación. Que aparezca su nombre en el tablero y que se haga cargo del sentido de su voto”, retó Anaya hace menos de un mes.

El PRI se oponía también a que el secretario de la Función Pública fuera ratificado por el Senado.

También, a dar más facultades a la Auditoría Superior de la Federación para que vigilara el uso de las participaciones federales que antes estaban consideradas como recursos locales.

Lo que el PRI quería

> Que el Ejecutivo tuviera un mayor control sobre el combate a la corrupción.

> Que el secretario de la Función Pública no fuera ratificado por el Senado.

> Que la Auditoría Superior de la Federación no tuviera más facultades para vigilar el uso de las participaciones federales.

Más control

> Los bienes que sean adquiridos por medio de actos de corrupción, podrán ser confiscados por la autoridad.

> El castigo a la corrupción se aplicará no solo a servidores públicos o autoridades, sino a particulares que fomenten o inciten a cometer actos de este tipo.

> Se instituirá un Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

> La ASF podrá realizar auditorías en tiempo real.

> Será obligación de los servidores públicos presentar su declaración patrimonial y de intereses.

> Los servidores públicos acusados de delitos de corrupción o de “faltas administrativas graves” podrán ser sancionados aun cuando hayan terminado su encargo.

Nuevos castigos a los corruptos

El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que será votado hoy en el pleno de la Cámara de Diputados, tendrá innovaciones en el castigo de los actos de corrupción.

Se buscará, por ejemplo, que proceda la extinción de dominio en los casos de enriquecimiento ilícito y de corrupción.

Con ello, los bienes que sean adquiridos por medio de estos actos, podrán ser confiscados por la autoridad.

Se pretende que el castigo a la corrupción se aplique no solo a servidores públicos o autoridades, sino a particulares que fomenten o inciten a cometer actos de este tipo.

Se instituirá un Tribunal Federal de Justicia Administrativa que será el encargado de dictar las sanciones a las que se hagan acreedores quienes cometan actos de corrupción, sean servidores públicos o particulares.

La ASF podrá realizar auditorías en tiempo real sobre los gastos u obras que decidan, desde el proceso de contratación hasta la finalización de la obra.

Podrá vigilar también el ejercicio de recursos públicos de estados y municipios provenientes de las participaciones federales, así como de deuda pública.

Será obligación de los servidores públicos presentar su declaración patrimonial y de intereses, ante las autoridades competentes.

Se modificará la vigencia de la prescripción de delitos de corrupción o de “faltas administrativas graves” y pasará de tres a siete años, por lo que los servidores podrán ser sancionados aun cuando hayan terminado su encargo.

Una vez que sea aprobada por la Cámara de Diputados, la reforma en materia anticorrupción será enviada al Senado y de ahí a los congresos locales para que sea discutida y aprobada.


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