El Congreso de la Unión y los legisladores se niegan a cumplir, una vez más, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que les ordena corregir múltiples omisiones en la Ley General de Comunicación Social de 2018 o sacar una nueva.

El lunes 10 de enero, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa emitió el segundo requerimiento al Poder Legislativo para que acate el amparo que la Corte concedió a la asociación civil Artículo 19 y resuelvan los pendientes en esta materia, con los cuales cargan al menos desde el sexenio pasado

De no acatar la orden del máximo tribunal del país, se podrían imponer multas de 9 mil 622 pesos a los presidentes de ambas Cámaras: Olga Sánchez Cordero en la del Senado y Sergio Gutiérrez Luna en la de Diputados, se haría un pronunciamiento sobre el incumplimiento de la sentencia y se remitiría el expediente a un tribunal colegiado de circuito para que inicie el incidente de inejecución respectivo, el cual, en teoría, podría llevar a la destitución y consignación penal de los funcionarios responsables, advierte la máxima autoridad judicial en el país.

9, 622
pesos podría ser la multa impuesta a los presidentes de ambas Cámaras

En entrevista con Reporte Índigo, Ricardo Reyes, Coordinador Jurídico y de Pluralidad Mediática del Programa de Derecho a la Información de Artículo 19, cuenta cómo ha sido el proceso desde que introdujeron el amparo en contra de la también llamada “Ley Chayote”.

“Nosotros desde que salió la sentencia el año pasado, en el mes de septiembre, esperábamos que el Congreso de la Unión se pusiera la pilas para iniciar un proceso legislativo, pero a la par también teníamos la preocupación de la realidad: que hubiera una parálisis y no se hiciera nada, lamentablemente fue lo que sucedió.

“Se cumplió el plazo el 15 de diciembre de 2021 y no hubo ni rastro de que los legisladores trataran de abordar el tema. Motivo por el cual se dio la notificación el día lunes pasado por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación requiriendo a ambas cámaras legislativas cumplir con el mandato o que al menos demuestren que lo intentaron”, dice.

Piden prórroga

Las esperanzas de que se aborde y se discuta la Ley General de Comunicación Social se vuelven a alejar, pues tras el emplazamiento del Poder Judicial para que el Legislativo cumpla con sus deberes, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, confió en que se concederá una extensión del plazo.

“Todavía no nos han notificado, pero el día de ayer, el director jurídico de la Cámara, por instrucciones mías, fue a platicar con el juez de distrito que emitió está resolución.

“La idea es que una vez que nos notifiquen, podamos hacer algunas diligencias ante el juez que nos permitan tener un período adicional, que sería este periodo de sesiones que inicia el 1 de febrero para poder aprobar la ley”, explicó el morenista.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Luna, confió en que se concederá una extensión de plazo para discutir la Ley General de Comunicación Social

Evidente desinterés en Ley de Comunicación Social

El intento de prórroga por parte de los congresistas lo único que demuestra es su falta de interés por cumplir con sus obligaciones, asegura Reyes.

“No es la primera vez que la omisión legislativa existe, no solo es este amparo sobre el cual se acaba de pronunciar la SCJN ni el anterior los cuales no se cumplen, este problema viene desde el 2007 y posteriormente en 2014 con la reforma políticoelectoral de febrero, entonces es claro que no existe ninguna intención de legislar en materia de comunicación social o publicidad oficial”, comenta.

Para el integrante de Artículo 19, organización que ha encabezado la lucha para que se corrija y expida una Ley de Comunicación Social apegada a lo que indica la Constitución, el desinterés por atender este pendiente se da en parte porque los congresistas ignoraron los cumplimientos que se establecieron en las reformas constitucionales en su momento.

“Es una lástima que tengamos que llegar a estas instancias jurisdiccionales y judicializar el cumplimiento de la garantía de derechos para que los senadores y diputados cumplan con algo que es su obligación.

“La lectura que tenemos es que es una ley que le acomoda al gobierno. Si bien la actual administración ha tenido una política de austeridad muy fuerte en materia de publicidad oficial reduciendo los gastos hasta en un 50 por ciento o más, no se ha volteado a ver este tema porque esta administración está bien con la ausencia de criterios y lineamientos específicos que marquen una legislación adecuada. Entonces no les conviene meterse en un tema donde la publicidad oficial se vuelva relevante para el ejercicio de los derechos de la ciudadanía”.

De acuerdo con el experto en la materia, el Gobierno federal se jacta de que el derecho a la información se cumple con las mañaneras, algo que es totalmente falso.

“No es cierto que las conferencias matutinas del primer mandatario del país garantizan el derecho a la información, pues se muestran datos incorrectos, de dudosa procedencia o incluso falsos. Un problema que se podría solventar con una buena legislación en materia de comunicación social”.

Por último, Ricardo Reyes dice que, en caso de que se otorgue una nueva prórroga, le gustaría ver que los legisladores se tomen esta nueva oportunidad en serio.

“Ojalá el Congreso se tomen esto en serio y que de verdad se abra un proceso democrático en ambas cámaras y un parlamento abierto para que haya una pluralidad de voces y que no dejen pasar más tiempo, no solo por lo que establece la SCJN, sino por una necesidad social que busca atender esta ley y que no es sencilla”
Ricardo ReyesCoordinador Jurídico y de Pluralidad Mediática del Programa de Derecho a la Información de Artículo 19

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