Legislación oportunista
La Asamblea Legislativa del DF (ALDF) y el Gobierno de la Ciudad (GDF) hacen circo maroma y teatro por conseguir una extraordinaria y jugosa partida presupuestal.
Y es que el lunes pasado, los legisladores locales celebraron un periodo ordinario de sesiones para aprobar un nuevo Código de Procedimientos Penales para el DF que nunca entrará en vigor.
De acuerdo con el dictamen –de vanguardia, dicen los asambleístas– la investigación de los delitos será más transparente y eficaz. Y pondrá fin a los presuntos culpables.
Jonathan Villanueva82
La intención de los perredistas al adelantarse a aprobar el Código del DF antes del Código Único que se estudia en el Congreso, es tener un discurso fuerte frente a los partidos de oposición y sostener que la Ciudad de México es de avanzada
Se trata de un documento que en teoría entrará en vigor hasta el 2015, pero que en breve será derogado por la federación debido a que la Cámara de Diputados ya creó un Código de Procedimientos Penales Único
La Asamblea Legislativa del DF (ALDF) y el Gobierno de la Ciudad (GDF) hacen circo maroma y teatro por conseguir una extraordinaria y jugosa partida presupuestal.
Y es que el lunes pasado, los legisladores locales celebraron un periodo ordinario de sesiones para aprobar un nuevo Código de Procedimientos Penales para el DF que nunca entrará en vigor.
De acuerdo con el dictamen –de vanguardia, dicen los asambleístas– la investigación de los delitos será más transparente y eficaz. Y pondrá fin a los presuntos culpables.
Pero la realidad es otra. Se trata de un documento que en teoría entrará en vigor hasta el 2015, y en breve, será derogado por la federación, debido a la creación del Código de Procedimientos Penales Único.
Si esta es la lógica y uno de los puntos acordados por los partidos políticos como parte del Pacto por México, valdría la pena preguntarse:
¿Por qué la ALDF reformó un código que no tendrá vida útil? ¿Cuál era la prisa por anunciar una nueva legislación en la materia que no tendrá validez? ¿Por qué las autoridades locales no presentaron propuestas a la Cámara de Diputados en días pasados para la conformación del Código Único?
Veamos:
El pasado 13 de marzo de 2013, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el cual se establecen las bases para que las entidades federativas obtengan más recursos públicos.
Ahí se detalla que como parte de la reformas al sistema de impartición de justicia, la Secretaría de Gobernación tendrá a su disposición una bolsa de 458 millones de pesos a repartir entre los estados y el DF.
El rubro es identificado como: “Acuerdo por el que se establecen las políticas para la obtención y aplicación de los recursos destinados a la implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal a favor de las entidades federativas para el ejercicio fiscal 2013”.
La única condición, es que los estados y la ciudad capital adecúen sus marcos normativos en materia penal al nuevo modelo que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Bajo esa lógica, la ALDF –que en su mayoría es conformada por perredistas– y el Gobierno del Distrito Federal diseñaron un nuevo Código de procedimientos Penales.
Por eso la administración de Miguel Ángel Mancera hizo el anunció y en fast-track, los asambleístas convocaron a un periodo extraordinario de sesiones para abordar este y otros temas.
En el Senado de la República ya se había presentado un dictamen del Código Único y se turnó a la Cámara de Diputados para su discusión y posible aprobación.
Incluso, en el Diario Oficial de la Federación se publicó una convocatoria el pasado 11 de julio para realizar un periodo extraordinario de sesiones para discutir este y otros puntos.
Por eso la premura de los perredistas capitalinos. Por esa razón acordaron realizar un periodo extraordinario a principios de esta semana. Y así poner en la agenda dos puntos esenciales:
1.- Amarrar una partida extraordinaria de la Segog. 2.- Conseguir una bandera política con el tema.
Sobre este segundo punto la intención de los perredistas consiste en tener un discurso fuerte frente a los partidos de oposición. En el que puedan decir que la Ciudad de México es de avanzada.
Que antes de que la Cámara de Diputados aprobara su Código de Procedimientos, el DF hizo lo propio y tiene propuestas que deben seguir los demás estados. Como es el caso de la presunción de inocencia y los limites del arraigo.
Y así fue, ayer la Cámara de Diputados aprobó la creación de un lineamiento único para investigar los delitos de índole penal en cada uno de los estados y el Distrito Federal.
Los reproches
En la sesión de la ALDF parecía todo planchado. No hubo grandes debates, más que la posición clara de uno de los legisladores más cercanos a Roberto Campa Cifrián (subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob), el aliancista Jorge Gaviño.
Este diputado y presidente de Nueva Alianza en el DF aseguró que se estaba perdiendo el tiempo en la aprobación de un Código que no trascenderá y que sí les dejará dividendos.
También dijo que tanta era la urgencia de los legisladores por aprobar un Código al vapor que no circularon el dictamen entre las distintas fuerzas políticas como marca el procedimiento
El discurso de Gaviño fue en el sentido de que el PRD tuvo mucho tiempo para modificar su Código de Procedimientos y que en realidad nunca le importó, al menos, hasta que estuvieron en juego ingresos adicionales para el GDF.
En ese momento, los panistas se sumaron a las críticas y sugirieron que la figura del arraigo se amplíe hasta 25 días en vez de solo 10; el rechazo perredista se impuso.
Sin embargo, el panista Santiago Taboada no se quedó con las ganas de aseverar que el PRD usa la ley solo a su modo, porque se opuso a ampliar el arraigo, pero loa detenidos por el caso Heaven, los mantuvieron detenidos 26 días.
Los perredistas se limitaron a aprobar una reglamentación que, de acuerdo con su criterio, debe ser tomada en cuenta por sus homólogos federales. Es más, aseguraron que ahora sí mandarían una serie de propuestas.
Las bondades
El Código de Procedimientos Penales para el DF tenía 82 años de antigüedad. Fue creado en 1931.
De acuerdo con el dictamen, el sistema de impartición de justicia garantiza respeto a los derechos humanos porque privilegia la presunción de inocencia.
Ahí, también se plantea un sistema acusatorio que pondere la mediación y conciliación de los conflictos antes de llegar a un juicio.
