El nuevo gobierno que será encabezado por Andrés Manuel López Obrador recibirá una herencia que trae consigo un sombrío recordatorio: en México ninguna mujer está segura. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en la última década, en el país han muerto en promedio de forma violenta, una mujer cada cuatro horas, y de aquellas que tienen 15 o más años, el 62.7 por ciento ha sufrido algún tipo de violencia por parte de un hombre.  

Además, el INEGI, a través de su última Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), dio a conocer que el 43.9 por ciento de las mujeres mexicanas han sufrido violencia por parte de su actual o última pareja, esposo o novio, a lo largo de su relación. 

Mientras que en los espacios públicos o comunitarios el 34.3 por ciento de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia sexual.

Ante esta problemática, la cual también abarca cuestiones como los feminicidios, la trata de personas y la violencia de género y política, la administración que entrará en funciones el próximo 1 de diciembre enfrenta un reto enorme. 

Por ello, tanto el tabasqueño como Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, se han comprometido a generar políticas públicas y programas para prevenir y erradicar este tipo de prácticas que se han vuelto un común denominador en todo el país. 

A principios del mes de septiembre, la exministra y hoy senadora, se reunió con algunos integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, evento en el cual también estuvo presente Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Segob. 


Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, se ha comprometido a generar políticas públicas y programas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres

Durante la reunión, los morenistas se comprometieron  a atender de manera prioritaria éstas problemáticas mediante la prevención, atención y sanción para lograr erradicar la violencia contra las mujeres en México.

Sin embargo, las promesas hechas por los integrantes del partido guinda han sido consideradas como insuficientes por expertos en la materia, e incluso consideran que algunas de las estrategias del nuevo gobierno, como la creación de la Guardia Nacional, podrían llegar a empeorar la crisis de violencia por la que atraviesa el país.

“Durante los últimos 15 años hemos documentado los impactos que trae una política centrada en el despliegue territorial de las fuerzas armadas, por lo que consideramos que esto da cuenta de que este tipo de políticas no son adecuadas ni acertadas”, explica Santiago Aguirre, subdirector del  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), una postura que también comparte la CNDH y que ha dado a conocer mediante un comunicado a López Obrador para que reconsidere su plan para recuperar la paz en el territorio. 

Entre las medidas que tanto víctimas como organismos que velan por los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil han exigido al gobierno para acabar con esta realidad que viven las mujeres en el territorio nacional se encuentran la creación de un Protocolo Nacional de Investigación del Feminicidio y la homologación del tipo penal del mismo; el fortalecimiento de la Conavim y que se establezca un mecanismo para la implementación efectiva de las Alertas de Género. 

Tortura sexual, una práctica impune

Las agresiones perpetradas en contra de mujeres mexicanas parecen no tener fin. 

Diariamente en todo el territorio nacional circulan noticias sobre mujeres asesinadas, violadas o maltratadas, no obstante, la tortura sexual a cargo de mandos policiales constituye uno de los delitos que ha ganado terreno en los últimos años y que regularmente suele quedar impune.


Ante un entorno de violencia generalizada, las mujeres figuran como las mayores víctimas de este tipo vejaciones, prueba de ello es que del 2006 al 2016, el 72 por ciento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abarcan aspectos relacionados con la violación a la integridad de mujeres, principalmente de carácter sexual

En México, la violación y demás actos de crueldad sexual se han convertido en parte del modus operandi  de diversas corporaciones militares, a la par de que tales acciones han sido evidenciadas al momento de reprimir movimientos sociales, como es el Caso Atenco, en el  que “se usó como un arma de guerra focalizada” en contra de las mujeres participantes, asegura Araceli Olivos, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

De acuerdo con los resultados de la última Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, levantada por el INEGI, un 12.7 por ciento de la población carcelaria de mujeres en todo el país denunció que la violación estuvo presente en su proceso de reclusión.

“A partir de la declaratoria de guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón y hasta nuestros días, dicha estrategia represiva se diseminó por todo el país. Todas y todos nos convertimos en víctimas de una guerra contra la sociedad mexicana, en donde una de sus mayores expresiones se libra en el cuerpo de las mujeres”, señala la también coordinadora del Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado.

El documento que recaba de manera minuciosa  29 historias de víctimas de tortura sexual en detenciones arbitrarias  cometidas entre 2006 y 2015 revela que las entidades donde mayormente se ha detectado ese tipo de prácticas son: Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México,  Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

En tanto, de entre las corporaciones involucradas en este tipo de vejaciones destacan la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Policía Federal (PF), así como diversos órganos de seguridad adscritos tanto a las Fiscalías como a las Policías estatales y municipales.

Además de atravesar por detenciones arbitrarias y agresiones sexuales, el estudio indica que las víctimas también suelen ser imputadas por cargos graves como delincuencia organizada, homicidio, extorsión, robo o portación de armas de fuego; mismos que dejan secuelas de por vida en los ámbitos públicos y privados.

Tal es el caso María del Sol Vázquez, quien fue torturada sexualmente por aproximadamente 8 policías durante un lapso de 14 horas derivado de una detención poco clara y ocurrida el 26 de octubre de 2012 en el estado de Veracruz.

A pesar de ser inocente y desconocer los cargos por los que fue aprehendida, la entonces joven de 26 años fue acusada por los delitos de robo y secuestro, por lo que fue recluida en un penal federal.

Tras adquirir su libertad hace menos de un año, Sol, como suelen llamarle de cariño, menciona que los recuerdos más fuertes de aquel fatídico episodio fueron las 14 horas antes de su presentación porque la trataron con groserías y desnudaron, la golpearon y dieron toques mientras estaba esposada y vendada, además de que al menos 8 personas la torturaron sexualmente y mantuvieron incomunicada, relata. 

A seis años de los hechos, la ahora activista de 32 años acusa que aunque las palabras de “a mí me vale madres que seas vieja, yo te voy a hacer de todo hasta que tu digas lo que yo quiera” se le quedaron grabadas en la mente, por lo que ella seguirá en su lucha para visibilizar esta problemática tan común en el país.


La aplicación de tormentos de índole sexual por parte de los servidores públicos encargados de la seguridad del país se ha convertido en una práctica cada vez más común, hecho que rara vez se castiga en México, lo cual fomenta que se sigan cometiendo

El caso Atenco

La tortura sexual a manos de elementos civiles y castrenses no es una práctica nueva. Por el contrario, uno de los episodios negros y más emblemáticos de este tipo de violaciones a todos los derechos humanos fundamentales ha sido el caso Atenco, ocurrido en 2006, en el Estado de México, y del cual aún se espera sea dictaminada una resolución por instancias internacionales.

“Seguimos en espera de una sentencia, de hecho esta semana se ha estado discutiendo la determinación  final en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y esperamos tenerla en puerta cuando se haga pública”, señala Italia Méndez, una de las 11 mujeres que continúan demandando al Estado mexicano por haber padecido tortura de carácter sexual a cargo de mandos policiales hace más de 12 años.

Durante los días 3 y 4 de mayo de 2006, elementos de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP) y de distintas corporaciones mexiquenses fueron desplegados en el municipio de San Salvador Atenco para reprimir una manifestación, no obstante, el enfrentamiento derivó en 2 personas muertas, 217 detenciones (47 correspondientes a mujeres y principalmente arbitrarias), además de al menos 26 casos de violaciones a mujeres.

A pesar del reconocimiento del uso de  la fuerza excesiva en una audiencia  celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el aún subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruíz Cabañas,  justificó el actuar de los efectivos asegurando que fue “para restablecer el Estado de Derecho con motivo de que los inconformes habían bloqueado una carretera, retenido a servidores públicos y agredido a los elementos policiales”.

En los últimos 12 años y, sobre todo en el  presente sexenio, el gobierno mexicano hizo todo lo posible por detener el litigio ante la Corte Interamericana a través de propuestas de solución amistosa, asegura Italia, no obstante, con el alcance de una sentencia de esa naturaleza, a su consideración, se lograría ejercer una acción en contra del Estado y sus instituciones, lo cual significaría un avance sustancial en la lucha por dicha situación.

“Es importante porque hemos detectado que se trata de un sistema que está torturando sexualmente a las mujeres en todo el país y porque una sentencia así en este momento vendría a visibilizar una práctica de Estado que resulta grave y permanente”, acusa.

Ante el cambio de la actual administración, la joven dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que iniciar las investigaciones correspondientes para determinar cualquier acto de responsabilidades y/o coparticipación, además de que se puedan esclarecer las implicaciones políticas y materiaEl Centro Prodh presentó el miércoles su informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado. les de los hechos.

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