Reporte Indigo

Las sorpresas del TLCAN

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El curso de la renegociación del TLCAN ha puesto de relieve elementos que no estaban previstos por el gobierno mexicano, que pudieran descarrilar las conversaciones comerciales.

Uno de ellos es la insistencia del gobierno canadiense en exigir que México cumpla con una mejora sustancial de sus estándares laborales, algo que el gobierno y la iniciativa privada mexicana ha rechazado tajantemente.

Esta demanda también ha sido suscrita por algunos liderazgos del Partido Demócrata, cuyo peso en el Congreso estadounidense es necesario para que el TLCAN sea ratificado.

Los funcionarios de los tres países refieren que la posibilidad de que se cancele el TLCAN sigue siendo baja, pero de ocurrir, la relación comercial aún estaría sujeta a las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Esta consideración ha blindado a los mercados de cualquier episodio de volatilidad relacionada con la incertidumbre que rodea al futuro del TLCAN. Sin embargo, emergen voces como la del expresidente Ernesto Zedillo, quien considera que “los mercados financieros están ignorando el riesgo groseramente” de que la administración de Trump derogue el TLCAN e incluso desmantele el sistema de la OMC que protege a la industria mexicana.


El expresidente Ernesto Zedillo no descarta la posibilidad de que el presidente Donald Trump inicie una guerra comercial

Derechos laborales: el corazón del conflicto


El mayor riesgo para la supervivencia del TLCAN podría radicar en una demanda hecha por quienes aparentan ser aliados de México: el gobierno canadiense y el Partido Demócrata de Estados Unidos

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha llegado a la mitad del camino. El miércoles concluyó la tercera ronda, en la que se puso de relieve que México, Canadá y Estados Unidos han avanzado en los temas de común acuerdo. Lo más difícil está por venir.

El proceso de reedición del TLCAN se adentra hacia su parte más compleja, en la que se discutirán los temas más espinosos de la relación trilateral. Los equipos negociadores, conformados en mayor medida por figuras de corte tecnocrático, tienen perfectamente claro cuáles serán los puntos álgidos de la conversación: la potencial disrupción del mecanismo de resolución de controversias estipulado en el Capítulo 19, cambios en las reglas de contenido de origen y modificaciones a los estándares de acceso a los mercados de compras gubernamentales.

Todas estas peticiones representan demandas expresas de la administración de Donald Trump. Es ahí donde el gobierno mexicano ha concentrado el enfoque de su estrategia de negociación.

Sin embargo, el mayor riesgo para la supervivencia del TLCAN podría estar focalizado en otra parte, en una demanda hecha por quienes aparentemente representan aliados naturales de México en la renegociación: el gobierno canadiense y el Partido Demócrata de Estados Unidos.

Tanto el gobierno del primer ministro Justin Trudeau como figuras demócratas de peso, notablemente la del congresista Sander Levin, han insistido públicamente en que la homologación de los estándares laborales en la región TLCAN debe ser considerada una condición necesaria para la aprobación del texto final.

Es decir, se pide que México abandone una política laboral en la que se mantienen deprimidos los salarios del sector de manufactura de manera sistemática. Esta demanda toca en lo más profundo del modelo de crecimiento, desarrollo e industrialización de México.

El país ha encontrado en los bajos salarios laborales su mayor ventaja competitiva. Éste es el sustento de la exitosa integración de México a los mercados globales, en el sentido de que el sector exportador mexicano, que representa el 38.2 por ciento del PIB, está desplegado en las regiones que presentan los menores niveles de pobreza del país.

La industrialización significa desarrollo y, probablemente, esa sea la razón por la que el gobierno y la iniciativa privada mexicana rechazan tajantemente el llamado del gobierno canadiense y de miembros del Partido Demócrata a homologar los estándares laborales con sus socios comerciales de Canadá y Estados Unidos.

En diferentes ocasiones, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, y Moisés Kalach, quien dirige un grupo de asesores técnicos del Consejo Coordinador Empresarial que dan servicio al equipo negociador mexicano, han dicho que la determinación de los salarios obedece estrictamente a las fuerzas del mercado.

Paradójicamente, quienes han rechazado esta respuesta tecnocrática no han sido los miembros de la izquierda mexicana, los grandes ausentes en este debate; más bien, ha sido la izquierda canadiense y estadounidense la fuente de la mayor crítica al modelo de desarrollo mexicano.


México ha encontrado en los bajos salarios laborales su mayor ventaja competitiva por lo que rechazan tajantemente homologar los estándares laborales con sus socios comerciales del norte

Senado de EEUU

La ratificación del TLCAN también depende de los senadores demócratas que actualmente son minoría en el Senado.

46

Demócratas

52

Republicanos

2

Independientes (ligados a demócratas)

El problema demócrata


La ratificación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte depende en gran parte de que México sea capaz de cumplir con los requerimientos no sólo de Trump y sus seguidores, también de los demócratas

La supervivencia del TLCAN no depende exclusivamente del visto bueno de la administración de Trump, un gobierno que, en el discurso, promete representar los intereses de la clase trabajadora estadounidense que ha sido fuertemente golpeada por la globalización y la automatización de las últimas dos décadas.

La ratificación del tratado también descansa en la aprobación del Partido Demócrata,  que cuenta con 46 (más dos independientes que suelen votar en bloque con el partido) de los 100 asientos del Senado estadounidense.

México está obligado a atender los intereses de un partido que históricamente se ha opuesto a la apertura indiscriminada del comercio global. Su base electoral tradicional, los sindicatos estadounidenses, están siendo disputados por el nuevo movimiento de nacionalismo económico que enarbola una parte significativa de la administración de Trump.

Por eso, el consenso de analistas espera que la plataforma demócrata se mueva hacia la izquierda, abandonando gradualmente las posturas centristas de las administraciones pro libre comercio de Bill Clinton y Barack Obama.

Esta previsión hace eco en las declaraciones recientes de Steve Bannon, exestratega en jefe de la Casa Blanca y el mayor exponente del nacionalismo económico del siglo XXI: “La única pregunta que tenemos ante nosotros es: ¿tendremos un populismo de extrema izquierda o de extrema derecha? Y esa cuestión se resolverá en el 2020”.

El panorama que plantea Bannon no es necesariamente una exageración. Las condiciones de creciente desigualdad de ingreso y de riqueza, polarización política y la amenaza que representa la disrupción tecnológica para el empleo sostienen la tesis de que el sistema político de los países industrializados abrirá espacios para el populismo.

Este escenario le ha dado mayor fuerza a voces como la de Sander Levin, un congresista demócrata de Michigan que ha hecho de la homologación de estándares laborales en el TLCAN una de sus prioridades políticas.

“El cambio principal que debe ocurrir a partir de la renegociación del TLCAN es que México cambie sus leyes y prácticas laborales para cumplir con los estándares internacionales; estas provisiones deberán estar completamente implementadas en el acuerdo comercial”, escribió Levin en una carta al diario The Washington Post.

El argumento central del congresista de Michigan, uno de los estados más afectados por la tercerización de la industria manufacturera estadounidense, es que el sistema laboral mexicano está diseñado para prevenir la formación de sindicatos independientes que mejoren los salarios y condiciones de los trabajadores.

Levin explica que, contrario a lo que sostienen Guajardo y Kalach, el vínculo entre la productividad y los salarios laborales se ha roto. Junto a Harley Shaiken, profesor de la Universidad de California en Berkeley, ofrece datos que muestran que mientras que la productividad laboral creció 80 por ciento entre 1994 y el 2011, las condiciones de los trabajadores (salario más beneficios) se redujo en un 20 por ciento en el mismo periodo.

A partir de estas cifras, se plantea que México tiene la posibilidad de escoger entre la “pobreza de alta productividad” y la construcción de una clase media sólida que fortalezca el mercado interno y que beneficie a todos los socios del TLCAN.


México tiene la posibilidad de escoger entre la ‘pobreza de alta productividad’ o la construcción de una clase media sólida que fortalezca el mercado interno y beneficie a los socios del TLCAN

Exigencia canadiense

En la narrativa mediática, Canadá emergió como el gran aliado de México en la renegociación del TLCAN. No obstante, la administración de Justin Trudeau rige su política comercial por un principio que se ha denominado “comercio progresista”.

Esta visión otorga un rol relevante a los sindicatos en el diseño de la estrategia de negociación canadiense. Esto ha quedado de relieve con el protagonismo y cercanía de Jerry Dias, el presidente del mayor sindicato privado de Canadá, con el primer ministro.

El tono poco diplomático de las declaraciones de Dias al término de la segunda ronda de negociación del TLCAN, celebrada en la Ciudad de México, dejó claro que el sindicalismo canadiense utilizará todos los medios a su alcance para que el gobierno de Trudeau presione a México en la mejora de sus estándares laborales: “(México) de ninguna forma tiene que mantener a sus ciudadanos en la pobreza para generar empleos. No entiendo el argumento de que tenga que oprimir a sus ciudadanos para estar mejor”.

Al igual que Estados Unidos, el gobierno de Canadá tiene fuertes incentivos políticos para presionar a México en la implementación de estándares laborales homologados y mejoras salariales. Como país industrializado, Canadá debe satisfacer las necesidades de su clase trabajadora si desea neutralizar el avance del nacionalismo económico y el populismo que comienza a normalizarse en Occidente.

La exigencia de la izquierda de Estados Unidos y Canadá no es un simple capricho de un grupo de interés. Los trabajadores del sector automotriz mexicano ganan en promedio 2.40 dólares la hora, cinco veces menos que los trabajadores estadounidenses ubicados en los percentiles más bajos del ingreso laboral.

Más allá de la diferencia salarial al interior de la región TLCAN, el ingreso laboral promedio de México es una anormalidad para una economía que, de acuerdo al Banco Mundial, entra al rango de los países clasificados con un ingreso medio alto.

En el 2013, Bank of America Merrill Lynch publicó un reporte en el que se documentó que los salarios del sector manufacturero mexicano comenzaban a ser más bajos que en el sector manufacturero de China.

Esta es la realidad patente de un proceso que, según el congresista demócrata Sander Levin, impide el desarrollo de sindicatos independientes en México. Como ejemplo, Levin menciona que la planta de mil millones de dólares de inversión que BMW inaugurará en el 2019 contempla la contratación de mil 500 trabajadores que ganarán entre 1.10 y 2.53 dólares la hora. No obstante, el contrato colectivo de la planta, donde se producirá el modelo BMW Serie 3, se firmó antes de que estuviera contratado un solo trabajador.

¿TLCAN blindado?


Diversas opiniones con distintos niveles de optimismo han tratado de predecir el resultado de las negociaciones, sin embargo, las probabilidades de supervivencia del Tratado de Libre Comercio aún permanecen un misterio

La brecha entre la presión que se ha ejercido para que México mejore sus estándares laborales y la negativa del gobierno y la iniciativa privada mexicana obliga a preguntar cuáles son las probabilidades de supervivencia del TLCAN.

A grandes rasgos, pueden identificarse tres “opiniones” que describen diferentes niveles de optimismo.

La primera, la más optimista, es la del mercado. Ni el tipo de cambio ni el spread de riesgo crediticio de los bonos soberanos de deuda de México han respondido bruscamente a los flujos de información que rodean a la renegociación del TLCAN. Ejemplo de ello es que el tipo de cambio se ubica en un nivel de 18.13 pesos por dólar, 17.29 por ciento menor al máximo histórico de 21.92 pesos por dólar registrado el 20 de enero cuando el mercado temía que la administración de Trump desmantelaría de golpe al TLCAN.

Además, esta opinión se refuerza en el hecho de que, aun con la cancelación del acuerdo, la relación comercial de México con Estados Unidos (destino del 80 por ciento de las exportaciones del país) estaría regida bajo las reglas de nación más favorecida de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Esta figura contempla tarifas asimétricas favorables a México en las que el grueso de las exportaciones manufactureras nacionales estarían sujetas a aranceles de entre 2 y 8 por ciento, un costo asimilable para la plataforma de exportación mexicana.

La segunda opinión, un poco menos optimista que la del mercado, es la de los ministros que están al frente de la renegociación del TLCAN. Si bien las declaraciones trilaterales evidencian un sesgo de que el proceso culminará exitosamente, tanto Guajardo como sus contrapartes Chrystia Freeland y Robert E. Lighthizer se reservan el derecho de dejar la mesa de negociación si es necesario.

La tercera opinión, la más pesimista, es la de voces experimentadas como la del expresidente Ernesto Zedillo, quien en una conferencia para el banco central de Argentina, aseguró que el nacionalismo económico que encarna la administración de Trump es el mayor riesgo para la economía global, “un riesgo ignorado hasta ahora groseramente por los mercados financieros”.

Esta es la opinión de la desconfianza total en un gobierno cuya característica más evidente ha sido la incapacidad de trazar un curso predecible.

“No se puede descartar que Trump inicie una guerra comercial”, sentenció el  expresidente Ernesto Zedillo.


Aun con la cancelación del TLCAN, la relación comercial de México con Estados Unidos estaría regida bajo las reglas de nación más favorecida de la Organización Mundial de Comercio

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