El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha concretado cientos de extradiciones de personas que fueron capturadas en México y que fueron requeridas por Estados Unidos y otros países del orbe, sin embargo, sus registros siguen muy por debajo de los que lograron sus antecesores, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa.

De acuerdo con la información que genera en esta materia la Fiscalía General de la República (FGR), autónoma desde 2018, y proporcionada vía transparencia, el número de personas entregadas en extradición por el Gobierno mexicano a diversos países durante el actual sexenio ha sido de 234.

En cambio, durante toda la administración federal que encabezó el expresidente Enrique Peña Nieto, el número de personas entregadas en extradición por el Gobierno mexicano a diversos países para su procesamiento penal fue de 421, según el informe que brindó la Fiscalía (Folio 330024622002917).

Este indicador del nivel de colaboración del Gobierno de México con las autoridades nacionales de otros países, fue aún mayor durante la administración federal de Felipe Calderón Hinojosa, pues la Fiscalía le atribuye 614 personas entregadas en extradición por requerimientos de otros países.

De las 42 extradiciones pendientes en la actual administración, 34 fueron requeridos por Estados Unidos y las ocho restantes por Argentina, Guatemala y Uruguay

Al Gobierno de López Obrador le restan por delante dos años de gestión, por lo que todo indica que aún podrá acortar en algún grado la brecha que hoy lo tiene en desventaja frente a esas dos administraciones pasadas, en el rubro específico de las extradiciones cumplimentadas que habían sido solicitadas por otras autoridades nacionales.

Sin embargo, por el momento, las extradiciones que están más próximas a su ejecución, y que son aquellas que se encuentran bajo trámite o que están detenidas temporalmente por algún recurso legal, no serían suficientes para que el Gobierno de López Obrador pudiera igualar siquiera al de Peña Nieto.

En su informe, la Fiscalía señala que el número de personas Las pocas extradiciones de la 4T pendientes de entrega en extradición por el Gobierno Mexicano a diversos países en el periodo de López Obrador es de 42 individuos, de los cuales 34 fueron requeridos por el Gobierno de Estados Unidos, y los ocho restantes por Argentina, Guatemala y Uruguay.

La inmensa mayoría de las extradiciones que han sido efectuadas durante el Gobierno de López Obrador, tuvieron como destinatario al Gobierno de Estados Unidos, así sucedió con 215 casos; mientras que las 19 restantes fueron solicitudes de países como Inglaterra, Guatemala, Hungría, Israel, Alemania, Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Panamá y Perú.

Los delitos por los que se solicitaron todas estas extradiciones conjuntan un abanico muy amplio, incluyendo: asociación delictuosa, lavado de dinero, homicidio, allanamiento de morada, lesiones, crimen organizado, delincuencia organizada, contra la salud, robo bancario, trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico de personas, secuestro, pornografía infantil, soborno y fraude cibernético.

La inconformidad por extradiciones pendientes

El 3 de diciembre de 2021, la organización Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), publicó un reporte donde señala que en el Gobierno de Estados Unidos existe cierta inconformidad con respecto a la “seriedad” con que las autoridades mexicanas atienden las solicitudes de extradición de aquel país.

Dicha inconformidad se reveló en el reporte titulado “El Entendimiento Bicentenario: oportunidades y retos del nuevo capítulo en cooperación de seguridad entre Estados Unidos y México”.

“En los días previos al Diálogo de Alto Nivel, oficiales de ambos gobiernos identificaron públicamente otras áreas prioritarias, haciendo evidentes algunas de las tensiones persistentes. La titular de la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA), Anne Milgram, informó que había solicitado al fiscal general mexicano, Alejandro Gertz Manero, mayores posibilidades de trabajar en conjunto, acceso a información sobre financiamiento ilícito y que las autoridades mexicanas ‘tomen en serio’ las solicitudes de extradición realizadas por Estados Unidos”, revela el informe.

En su análisis, la organización destaca que, en los últimos años, la colaboración de México y Estados Unidos en materia de seguridad ha pasado por múltiples episodios difíciles, por lo que resultaba notable la validación del acuerdo de “Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras”, el 8 de octubre de 2021.

“Tras diversos momentos de tensión significativa en la relación bilateral en los últimos años, desde las amenazas del expresidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles hasta que el Gobierno de México atajara la migración, hasta la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, por las autoridades estadounidenses en octubre de 2020 y la reforma de la Ley de Seguridad Nacional de México en diciembre del mismo año para limitar las actividades de los agentes extranjeros en territorio mexicano, la mera celebración del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad entre México y Estados Unidos, donde se acordó el nuevo marco de cooperación, fue vista como un paso clave en la relación”.

Precisamente, uno de los objetivos establecidos en el “Entendimiento”, consiste en incrementar la cooperación sobre extradiciones, es decir, aumentar la cooperación bilateral para facilitar la extradición de miembros de OCTs (Organizaciones Criminales Transnacionales) y actores relacionados bajo las leyes de cada nación, según lo informó el Gobierno de México, el 6 de octubre de 2021.

El caso Caro Quintero

Una de las extradiciones que encierra una gran relevancia para la relación entre México y Estados Unidos, y que no ha podido concretarse por la interposición de recursos legales, es la de Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del llamado Cártel de Guadalajara.

El Gobierno estadounidense quiere procesarlo penalmente principalmente por el asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Enrique Camarena, sin embargo, desde julio de 2022 esa extradición está suspendida por una determinación judicial.

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