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MINERíA

Las migajas del Fondo Minero

Luis Herrera

Jalisco se ha colocado como uno de los estados que más ganancias producen de las actividades mineras, sin embargo, el retorno que recibe del “Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros” no le alcanza para emprender proyectos que beneficien a sus ciudadanos


Feb 15, 2019
Lectura 6 min
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El fondo federal creado en 2014 para retornarles a los estados y municipios mineros del país una parte de las contribuciones que pagan las empresas mineras por explotar sus territorios, apenas le ha representado a Jalisco y sus demarcaciones poco más de 31 millones de pesos en ganancias.

Con la reforma hacendaria de 2014 se le dio vida al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, una bolsa que recoge el 77.5 por ciento de todo el dinero que recauda la Federación por los derechos llamados “especial”, “adicional” y “extraordinario”, que deben pagar las compañías que extraen la riqueza minera nacional.

Los proyectos de inversión que se han financiado en Jalisco con los recursos del Fondo minero tienen un costo promedio de 1.2 mdp incluyendo trabajos de pavimentación y mejoras en luminarias y líneas hidro-sanitarias

El objetivo de ese Fondo es que las comunidades del país que padecen los efectos socioambientales de las actividades extractivas, puedan obtener mejoras directas sobre su entorno inmediato, a través de la ejecución de proyectos de inversión “con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo”, según lo señala el artículo 271 de la Ley Federal de Derechos

Sin embargo, de acuerdo con un informe obtenido de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), como instancia encargada de la gestión del Fondo, hasta ahora los recursos que se han canalizado hacia Jalisco y sus municipios mineros suman únicamente 31 millones 429 mil 078 pesos para el financiamiento de 25 proyectos en 12 demarcaciones distintas.

Esta bolsa tan reducida para la entidad y sus municipios mineros contrasta fuertemente con el tamaño de la riqueza minera que es extraída de sus territorios por las empresas del sector, y la cual tan sólo en el año 2017 se valuó en 48 mil 848.9 millones de pesos, según el “Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2017, Edición 2018”, del Servicio Geológico Mexicano.

De esta manera, si se compara el monto que han recibido Jalisco y sus municipios con minas por ese Fondo desde que el mismo entró en operaciones, con respecto al valor de la producción minera generada en el estado en 2017, lo retornado hacia las comunidades mineras jaliscienses equivale al 0.06 por ciento de todos los bienes extraídos de sus tierras por las compañías del sector en ese año.

El reparto del Fondo

En todo lo que lleva de existencia, el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros reporta erogaciones totales hacia los gobiernos estatales y municipales del país por 5 mil 083 mdp hasta el año 2018, para el financiamiento de mil 801 proyectos locales, de acuerdo con el informe generado por la Sedatu a través del recurso de revisión RRA 5717-18.

Las entidades federativas con las mayores bolsas obtenidas del Fondo están encabezadas por Sonora, con 294 proyectos financiados con mil 721.3 mdp; seguido en segundo sitio por Zacatecas, con 445 obras ejecutadas con mil 231.3 mdp; y en tercero, Chihuahua, con 193 intervenciones y transferencias por 480.5 mdp.

Jalisco aparece hasta el lugar número 15 de las 24 entidades federativas que han sido beneficiarias del Fondo debido al poco dinero que ha obtenido del mismo, esto a pesar de que en el 2017 la producción minera jalisciense fue la tercera más importante de todo el país al ser valuada en 48 mil 848.9 mdp

En el 2017 sólo hubo dos estados donde las empresas mineras generaron más ingresos que en Jalisco: Sonora, donde la producción minera se valuó en 119 mil 101.7 mdp, y Zacatecas, donde los recursos extraídos de sus tierras se estimaron en 76 mil 280.6 mdp; en todo el país, por su parte, la riqueza que obtuvieron las compañías mineras ascendió a 575 mil 019.6 mdp.

En 2018 la superficie concesionada en Jalisco para minería alcanzó un millón 628 mil 967 hectáreas, extendiéndose así sobre una quinta parte (20.72 por ciento) de todo el territorio estatal (“Jalisco, un campo minado” 21/Nov/2018).

Municipios beneficiarios

Los proyectos de inversión que se han financiado en Jalisco con los recursos del Fondo minero son de dimensiones muy reducidas, con un promedio de costo de apenas 1.2 mdp, incluyendo intervenciones como pavimentaciones, empedrados de calles, y mejoras en luminarias y líneas hidro-sanitarias.

Los cinco municipios que han recibido más recursos del Fondo son San Martín de Bolaños, con siete proyectos por 4.4 MDP; Zacoalco de Torres, con tres obras por 4.3 mdp; San Julián, con una obra por 4.0 mdp; Pihuamo, con dos proyectos por 3.5 mdp; y Bolaños, con una intervención por 2.9 mdp.

La obra más costosa financiada con el Fondo se ubica en el municipio de San Julián, por 4 mdp para la “construcción del relleno intermunicipal sanitario fase 1 tipo B” de 8 mil 879 m2, “que dará servicio a Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, San Julián, San Miguel El Alto y Valle de Guadalupe”.

De todo el dinero que recolecta el Fondo (el 77.5 por ciento de los tres derechos mineros ya precisados) se entrega “62.5 por ciento a los municipios y demarcaciones territoriales de la CDMX en los que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias minerales y el 37.5 por ciento restante a la entidad federativa correspondiente”, dice el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos.

Para definir cuánto dinero le toca a cada gobierno estatal y municipal la misma Ley establece en su artículo 275 que esto: “se determinará con base en el porcentaje del valor de la actividad extractiva del municipio o demarcación del Distrito Federal correspondiente, respecto del valor total de la actividad extractiva en el territorio nacional”.

Ahora bien, para la aprobación de los proyectos que financiará el Fondo, ese mismo artículo dispone que en cada estado deberá constituirse un Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras, integrado por un representante de Sedatu, del Gobierno estatal, de los municipios donde están las actividades mineras, y “en los casos en donde éstas se realicen en comunidades indígenas o agrarias, un representante de dichas comunidades”, y “un representante de las empresas mineras relevantes con actividades en la demarcación”.


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