Larry prepara denuncia contra magistrados
El ex alcalde Fernando Larrazabal denunciará penalmente por abuso de funciones a dos magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el estado que intentaron consignarlo por desacato.
El ahora diputado federal del PAN adelantó a Reporte Indigo que su equipo jurídico ya tiene elaborada la demanda penal que presentará en los próximos días contra los funcionarios del Poder Judicial de la Federación.
César CepedaEl legislador albiazul califica como ‘tendenciosas’ y ‘perversas’ las actuaciones que han tenido los magistrados Alvarado Puente y Coss Ramos en el proceso de resolución de estos juicios de amparo
"Estos magistrados han abusado de sus funciones, como ha quedado demostrado en los autos de los juicios de amparo y los cuales serán evidencias que presentaremos en una denuncia penal en contra de ambos magistrados por abuso de autoridad"
El ex alcalde Fernando Larrazabal denunciará penalmente por abuso de funciones a dos magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el estado que intentaron consignarlo por desacato.
El ahora diputado federal del PAN adelantó a Reporte Indigo que su equipo jurídico ya tiene elaborada la demanda penal que presentará en los próximos días contra los funcionarios del Poder Judicial de la Federación.
El recurso en contra de los magistrados Sergio Javier Coss Ramos y Eduardo Alvarado Puente se interpondrá en los próximos días ante el Ministerio Público adscrito a la PGR.
Esta denuncia es adicional a la queja administrativa que presentó el mismo Larrazabal contra estos dos magistrados ante el Consejo de la Judicatura Federal por los mismos cargos.
Esta misma semana la Visitaduría Judicial comenzó una revisión de las resoluciones que han emitido los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Nuevo León.
Según Larrazabal estos dos magistrados, Sergio Javier Coss Ramos y Eduardo Alvarado Puente, han actuado indebidamente en los dos juicios de amparo que presentaron ciudadanos en contra de la licencia que otorgó el Cabildo a Larrazabal para que se separe de su cargo.
“En el caso del Primer Tribunal Colegiado de Nuevo León hay dos magistrados que han actuado indebidamente y que se han excedido en sus funciones, como es el magistrado (Sergio Eduardo) Alvarado Puente y el magistrado Sergio Coss”, señala el ex edil panista.
“Ambos magistrados a lo largo de los últimos meses, en los juicios de amparo que se han presentado, sin lugar a dudas y como lo ratificó la Suprema Corte de Justicia y en su momento el Tribunal Federal Electoral, se han excedido de sus funciones ordenándole al juez primero y al juez tercero administrativo mantener un tema que a todas luces no tienen competencia, porque es un tema electoral”.
Larrazabal explica que los autos y resoluciones que han dictado los magistrados de este tribunal en esos procesos serán presentados como evidencia en la denuncia penal que preparan contra los funcionarios federales por abuso de funciones.
“Estos magistrados han abusado de sus funciones como ha quedado demostrado en los autos de los juicios de amparo y los cuales serán evidencias que presentaremos en una denuncia penal en contra de ambos magistrados por abuso de autoridad”, opina el legislador albiazul.
“Me están elaborando en estos momentos la denuncia penal por abuso de autoridad precisamente en contra de ambos colegiados que han abusado”.
El lunes el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó atraer los juicios de amparo tramitados contra la licencia de Larrazabal y que están actualmente en la etapa de revisión con los magistrados colegiados.
Durante la sesión de la SCJN algunos ministros criticaron la decisión de los magistrados de consignar penalmente de manera directa -y no a través del Ministerio Público- al ex alcalde y a los ex integrantes del Cabildo regio por incumplimiento de la sentencia.
Incluso, la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos se mofó de las atribuciones que se tomaron los magistrados.
Larrazabal confía en que la resolución de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será favorable para su causa y que le dará la razón a las autoridades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El Trife resolvió a favor de Larrazabal un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano que interpuso el entonces candidato panista a diputado federal para poder participar en la pasada elección.
“No tengo ninguna duda de que la Suprema Corte de Justicia le dará la razón a quien la tiene, que es el tribunal federal electoral, que es el que tiene competencia en temas electorales y que dejará sin efectos todo lo que indebidamente han actuado los colegiados y los jueces en un tema electoral y no administrativo”.
Larrazabal espera que el Consejo de la Judicatura Federal también sancione las actuaciones de los magistrados Sergio Javier Coss Ramos y Sergio Eduardo Alvarado Puente.
El ex edil regio interpuso hace un mes ante el CJF una queja administrativa en contra de los magistrados, y esa instancia ordenó durante la semana llevar a cabo una revisión de los expedientes de este tribunal colegiado.
“Estos mismos argumentos ya se presentaron en el Consejo de la Judicatura, donde presenté una queja a la que ya le dieron ingreso, precisamente para que se revise el expediente de ambos juicios de amparo para que se demuestre el abuso de autoridad.
“La Suprema Corte de Justicia está por atraer el asunto ejerciendo su facultad de atracción para que resuelva la controversia que ha tenido el tribunal colegiado y el tribunal electoral”.
El legislador albiazul califica como “tendenciosas” y “perversas” las actuaciones que han tenido los magistrados Alvarado Puente y Coss Ramos en el proceso de resolución de estos juicios de amparo.
“Sin duda alguna estos dos magistrados tienen un interés más allá de lo jurídico, donde su actuar ha sido tendencioso y perverso al obligar al Cabildo de Monterrey a cumplir una sentencia que va en sentido contrario a la del tribunal electoral y que está imposibilitado el Ayuntamiento para cumplir”.
Larrazabal rechaza que él o el Municipio de Monterrey hayan interpuesto una denuncia penal en contra de los ciudadanos que presentaron los juicios de amparo contra la separación del cargo.
“Dentro del juicio de amparo, en los autos y respuestas que ha presentado el Ayuntamiento de Monterrey, en su defensa, entiendo que ellos evidenciaron una firma falsa en uno de los actos, de uno de los ciudadanos que se están amparando, y es parte del expediente.
“No es una denuncia penal de por medio, sino que eso lo tendrá que decidir en su momento el juez, si da o no vista al Ministerio Púbico. Es parte del juicio de amparo”.
Aclara que lo sancionan por su exigencia procesal
La sanción que se le impuso en el 2003 al magistrado Sergio Eduardo Alvarado Puente fue porque obligaba a las autoridades a presentar personalmente a los procesados en las audiencias, lo que retrasaba las resoluciones.
A través de un abogado, Alvarado Puente hizo llegar a Reporte Indigo una copia parcial del resolutivo de la denuncia administrativa 13/2003, que se interpuso en su contra cuando era magistrado del Segundo Tribunal Unitario en Guadalajara.
El día de ayer Reporte Indigo publicó que el magistrado había sido sancionado con un apercibimiento privado por la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal.
El CJF consideró en esa ocasión que el magistrado no observó una conducta buena en su cargo.
La sanción aparece en la base de datos de servidores públicos que aparece en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal.
En el resolutivo enviado por el magistrado a esta redacción se explica que la queja interpuesta en su contra fue porque obligaba a los procesados a presentarse físicamente para comparecer en las audiencias de vista.
Exigencia que según la queja retrasaba la resolución de los casos en su tribunal.
“Resulta incuestionable que el magistrado denunciado, al pronunciar en los tocas penales antes citados los acuerdos a que se ha hecho alusión, incurrió en la causa de responsabilidad prevista en la fracción VI, del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos”.