Lanzan alerta expertas
Especialistas en materia de género y derechos humanos coincidieron en que la utilización excesiva de la prisión preventiva como de la reclusión para castigar gran parte de los delitos en México provocan más daños que beneficios al país
Ernesto SantillánLa precaria situación penitenciaria por la que atraviesa México ha convertido a las cárceles en uno de los espacios más vulnerables para la sociedad.
Así lo reconoce Consuelo Bañuelos, directora de la organización no gubernamental (ONG), Promoción por la Paz, la cual se dedica a promover los valores que fundamentan los derechos humanos para impactar de manera directa a quienes viven una privación de su libertad.
En un país donde la discriminación, la violencia de género y la falta del estado de derecho predominan; los abusos, el abandono, la tortura, el hacinamiento, los abusos sexuales, la violación al debido proceso y la pobre atención médica se han vuelto el común denominador tanto al interior de las prisiones como a la hora del arresto.
La tortura generalmente se utiliza tanto para arrancar confesiones como para obtener pruebas o para inculpar a alguien más de algún crimen que se debe resolver
Durante el proceso, previo a que una persona sea sentenciada y encarcelada, uno de los problemas más graves que actualmente enfrenta el Estado mexicano se da justamente entre la detención y la puesta a disposición del individuo con las autoridades pertinentes, ya que es en ese momento cuando una buena parte de los abusos son cometidos.
Entre estos se encuentra la tortura, la cual por lo general se utiliza para arrancar tanto confesiones como para obtener pruebas y poder extender la investigación, incluso antes de que la persona detenida sea enjuiciada y se pueda comprobar su culpabilidad.
A pesar de ser esta una práctica común sin importar el sexo de la persona, existen también otras actividades que por su naturaleza afectan de manera específica a las mujeres.
De acuerdo con María Sirvent de la ONG Documenta, uno de estos hechos es la obligada convivencia entre hombres y mujeres al interior de los centros penitenciarios, pues a pesar de que en las celdas cada género está por separado, las mujeres en múltiples ocasiones son obligadas a convivir con los hombres en las áreas comunes o durante la previsión preventiva poniéndolas en riesgo.
Por su parte, Lucía Melgar, investigadora independiente, comenta que incluso cuando se respeta la división por género en las prisiones, ésta también puede llevar a la violación de los derechos de las mujeres recluidas.
“Es común que para evitar la interacción entre géneros en las penitenciarías y, de alguna forma proteger la integridad de las mujeres que en muchos casos suelen ser agredidas por los hombres, a éstas se les restringen sus actividades o se les impida salir de sus celdas. Medidas que con tal de evitar un problema crean otro, pues las mujeres terminan por permanecer en una reclusión extrema lo cual las afecta tanto física como psicológicamente”, asevera.
De igual manera, la falta de perspectiva de género entre los juzgadores suele afectar más a las féminas que a los varones, pues al no cumplir con el rol establecido en una sociedad patriarcal o con los estigmas sociales que se han ido arraigando durante décadas, las mujeres suelen recibir sanciones más severas que los hombres por delitos que incluso llegan a ser menores.
“Para evitar poner en riesgo la integridad de las mujeres en las prisiones donde conviven con hombres, algunas autoridades optan por mantenerlas recluidas en sus celdas, creando un nuevo problema, pues el encierro prolongado daña a las prisioneras tanto física como mentalmente”
Pierden contacto con el mundo exterior
Existen sentencias que se han dado en donde la idea de la feminidad en la conducta y el aspecto físico de las mujeres, así como otros estereotipos, como puede ser la maternidad, han criminalizado a la mujer por considerar que no cumplen con el rol tradicionalmente asignado, explicó María Sirvant.
El narcotráfico es otro de los factores que en años recientes ha incidido en el encarcelamiento y reclusión de las mujeres, quienes suelen ser utilizadas para transportar estupefacientes.
“La transportación de drogas y las mujeres que son detenidas por este delito no significa necesariamente que éstas hayan tratado de cruzar la frontera o meter el producto a otros estados. Es muy común que las mujeres que son sentenciados bajo dicho cargo cometan el ilícito al interior de la misma cárcel al intentar introducir la droga, ya sea para su pareja o un familiar que se encuentra en la prisión”, explica Consuelo Bañuelos.
Respecto a esto, la activista de la organización Promoción por la Paz también señala que uno de los factores que más afecta a las mujeres encarceladas es el abandono por parte de sus familiares y seres queridos.
A diferencia de lo que sucede con los hombres, quienes de manera recurrente reciben visitas, es raro que suceda los mismo con las féminas, lo cual eventualmente se convierte en un factor que dificulta su reinserción con la sociedad pues pierden todo contacto con el mundo exterior.
Sofía de Robina, especialista en la materia e integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, refiere que otro grupo altamente vulnerable tanto a manos del narcotráfico como de la sociedad y las autoridades son los migrantes, quienes en su intento por cruzar la frontera sur del país suelen terminar en prisión hasta por delitos que no cometieron.
“La situación que viven los migrantes que intentan cruzar México es extremadamente precaria, pues además de los abusos a los que son expuestos, en las cárceles del país no están permitidas las llamadas de larga distancia, hecho que les impide comunicarse con sus familiares, por lo que al no saber de ellos terminan por ser considerados como personas desaparecidas, quedándose de manera indefinida recluidos en alguna penitenciaría”, comenta.
En conclusión, las expertas en el tema de acceso a la justicia de las mujeres y la situación que viven al interior de las cárceles, determinaron que el abuso en el uso tanto de la prisión preventiva como de la reclusión como castigo afecta más de lo que ayuda a resolver la situación de violencia y criminalidad en el país.
Al utilizar este forma de sanción para tratar de erradicar delitos menores lo único que se logra es empeorar las condiciones penitenciarias, dificultar la reinserción social y dañar el tejido social, afirmaron.
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