La versión oficial y el móvil político

11 de May, 2012

Además del doble homicidio, el alcalde de Montemorelos, Pablo Elizondo, ha sufrido tres agresiones desde el inicio de su administración.

Existen varios factores contradictorios en la versión de la Procurauría, que como en otros casos, puede terminar consignando a detenidos con argumentos arbitrarios.

El homicidio de los cuñados del dirigente estatal del PRI y parientes del actual alcalde de Allende tiene una doble lectura.

Por un lado está la versión oficial del secuestro.

Y que cuando los delincuentes vieron la difusión pública del plagio, decidieron deshacerse de sus víctimas.

Pero por otro lado, los hermanos Fortino y Raúl de la Garza fueron entregados, asesinados y encajuelados, el día de las madres, la misma fecha marcada oficialmente como el último día para el registro de candidaturas locales.

Y vaya que el Grupo Allende decidió las candidaturas.

Se trata de una cofradía política del PRI que domina la región citrícola, la obra pública del  Estado y el PRI de Nuevo León.

Así que además de la versión oficial de las autoridades, la extraoficial o el móvil político no puede descalificarse.

Además, existen varios factores contradictorios en la versión de la Procurauría, que como en otros casos, puede terminar consignando a detenidos con argumentos arbitrarios.

El primer punto, es por qué la versión oficial que vehemente repite la autoridad no toma en cuenta la teoría del móvil político.

De un mensaje enviado al Grupo Allende.

Es como si el Ministerio Público tuviera ya trazada una sola línea de investigación y no puede salirse de ella.

Y es que para la Procuraduría  aceptar la existencia del Grupo Allende sería conceder que los integrantes de esa cofradía, entre ellos Humberto Medina Ainslie, padre del gobernador, controlan el núcleo de la política y de la obra pública en Nuevo León.

Así que la Procuraduría no puede abrir esa caja de pandora.

Por ello es que las autoridades difundieron que se trató de un secuestro en el que no hubo denuncia de la familia por temor a que perjudicaran a Fortino y a Raúl de la Garza.

Incluso, el Procurador del Estado, Adrián de la Garza, culpó a los medios de comunicación porque argumentó que el hecho de publicar el secuestro provocó que los delincuentes se precipitaran a deshacerse de los cuñados del dirigente del PRI Sergio Alanís y del alcalde Jorge Salazar.

Esta declaración desvió totalmente la atención del móvil político.

De hecho, con su declaración ante los reporteros de prensa escrita y televisión, Adrián provocó que familiares de las víctimas piensen que al difundir el secuestro, los medios de comunicación incidieron en la precipitación del homicidio por parte de los criminales.

Sin embargo, en la versión oficial también hay grandes interrogantes.

Como el hecho de que los criminales hayan sido tan cuidadosos para seguirle los pasos a sus víctimas, al grado de encontrarlos juntos en el mismo lugar y a la misma hora para el secuestro.

Pero que esos mismos delincuentes no sabían que Fortino y Raúl de la Garza eran los cuñados de dos entes políticos del Grupo Allende.

Otro hecho, es que según la Procuraduría los plagiarios pidieron a la familia un rescate.

Pero al ver que se trataba de un escándalo por su parentesco político, decidieron asesinarlos.
También hay que preguntarse por qué si los asesinos se precipitaron al ver la publicación, entonces por qué los  mantuvieron vivos tres días.

Dos de ellos después del 7 de mayo, cuando publicaron los medios de comunicación el secuestro.

También es importante que hayan abandonado el vehículo con los cuerpos dentro de la cajuela en el municipio de Montemorelos, cuando habían huído hacia el otro lado de Allende, hacia Monterrey.

Esto quiere decir que es muy probable que volvieran a cruzar el municipio de Allende, pero ahora con sentido hacia Montemorelos.

Hecho que no indica que los asesinos estuvieran tan asustados para precipitar el homicidio, como asegura la Procuraduría que ocurrió.

Pero sobre todo, además de las interrogantes de esta versión oficial, no se toma en cuenta que  Fortino y Raúl de la Garza son cuñados de dos integrantes del Grupo Allende.

Esta sociedad política que operó la asiganción de candidaturas del PRI rumbo al 1 de julio.

Y está tan claro, que el cuñado de las víctimas Sergio Alanís Marroquín es el dirigente estatal del PRI.

También, el hallazgo del doble homicidio ocurrió el 10 de mayo, Día de las Madres, pero también día que oficialmente fue marcado para cerrar los registros de candidatos locales a cargos de elección.

Además,  que Sergio Alanís Marroquín también es ex alcalde de Allende, igual que lo fue Luis Marroquín, actual secretario de Obras Públicas del Estado.

Luis Marroquín fue designado el año pasado a ese cargo por el gobernador Rodrigo Medina, aunque no tiene conocimientos de ingeniería civil, porque es agrónomo.

Esa designación se atribuye al padre del gobernador, a Humberto Medina Ainslie, quien sería el operador en la esfera más alta del Grupo Allende, junto con el senador Jorge Mendoza.

Y a parte de esta liga de las víctimas con el Grupo Allende que dirige la cúpula del PRI y de la designación de obra pública en Nuevo León, está la relación con el alcalde actual de ese municipio, Jorge Salazar.

El alcalde es ex notario público y proviene de una familia con tradición política en la región citrícola.

Su padre, Jorge Salazar, también fue alcalde de Allende.

De hecho, la familia de Salazar es parte del origen del Grupo Allende.

De la cofradía con una liga directa con el poder.

Pero esta línea de investigación no puede ser aceptada por la Procuraduría del Estado, porque implicaría reconocer al grupo político y la amenaza contra sus integrantes.