La transparencia mexicana puede fortificarse con una nueva ley que ordene la disminución de los tiempos de respuesta a las solicitudes de información y establezca sanciones por incumplimiento, asegura Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).

En entrevista con Reporte Índigo, la comisionada fundamenta su propuesta. “(La ley) general ya logró homologar al Sistema Nacional de Transparencia que trabaja con 11 comisiones temáticas y cuatro regionales. Las leyes en el país están armonizadas. Lo que haría falta sería una reforma constitucional para seguir avanzando”, expone.

El nuevo marco jurídico que la comisionada propone ocurriría en un panorama en el que hay un avance notable del derecho ciudadano a la información después de la legislación impulsada en 2002, pero también una persistencia a brindar información por parte de las entidades de poder en México.

Crece la opacidad

La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) es como un espejo de este desequilibrio en el acceso a la información. Sus cifras – presentadas por el INAI el pasado 13 de septiembre en el aniversario del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI)– muestran que los recursos de revisión por negativas a responder crecen con el mismo ritmo que las solicitudes de información.

Ese paisaje de la transparencia mexicana se agravó en los últimos dos años en los que se vivió la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19 y los ciudadanos mostraron a través de sus solicitudes de información la necesidad de saber sobre el desempeño del Gobierno federal.

Entre 2020 y 2021, las solicitudes de información crecieron de 734 mil 680 a 854 mil 194. En lo que va de 2022, se han recibido 739 mil 882, pero la tendencia indica que este número superará al del año pasado. Este interés de los ciudadanos contrastó con el cúmulo de recursos de revisión que también fue a la alza. Si se toma en cuenta sólo el periodo entre enero y agosto; en 2020 las apelaciones recibidas por el INAI fueron 481 mil 124; en 2021, 517 mil 325; y en 2022, 710 mil 213.

Del Río Venegas, quien fue avalada por el Senado en 2020 para un periodo de siete años, expresa que es difícil compensarle a un ciudadano la resistencia de una entidad pública a revelarle información, pero sí es posible el endurecimiento del marco legal ante el incumplimiento y la tardanza.

La comisionada menciona las argucias en las que incurren los sujetos obligados a dar información: “El plazo mayor es de 20 días. (En ese lapso) un ciudadano ingresa una solicitud, y hay sujetos obligados mañosos que se van hasta el día 20 y avisan que ‘después de una búsqueda exhaustiva no encontraron la información’. Entonces, en 15 días hay que poner un recurso … Es decir, es un calvario. (Con la nueva ley) iríamos a recorte de tiempos”.

Los comisionados del INAI revisan los casos en que los solicitantes de información se inconforman por las respuestas que dan los sujetos obligados.
Los comisionados del INAI revisan los casos en que los solicitantes de información se inconforman por las respuestas que dan los sujetos obligados.

El INAI en un impasse

El 8 de enero de 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia mañanera la intención de integrar al INAI –órgano autónomo desde que se conformó en 2002– al Gobierno federal. Para sustentar su propuesta, ofreció el ahorro de los costos de la estructura de los mecanismos de transparencia y los salarios de los funcionarios del instituto; pero, además, la disminución de los asuntos reservados por el gobierno y la entrega de la información en menos de 72 horas.

“Fast track, así, rápido, que se esté obligado a, en 72 horas, entregar la información, que no haya reservas, transparencia completa y que el funcionario que no entregue en tiempo sea sancionado”, dijo el primer mandatario.

El Ejecutivo federal no ha vuelto a hablar de esta propuesta que, de concretarse, le daría un vuelco a la estructura del acceso a la información en México, pero tampoco ha anunciado su desistimiento.

La comisionada Norma Julieta del Río Venegas describe que, desde entonces, el desempeño de la Presidencia de la República como sujeto obligado se ha basado en “una buena dinámica de interlocución”. Incluso, sostiene que “no se nota rebeldía” para la entrega de información porque “la Unidad de Transparencia hace su trabajo”.

No obstante esta dinámica, Del Río Venegas abunda sobre la Presidencia: “Todas las solicitudes de acceso a la información que recibe la Unidad de Transparencia se derivan de lo que dice (el primer mandatario) en las conferencias mañaneras. Cuando habla de datos, documentos, números, pues piden los documentos o los datos… Dicen no tenerlos y entonces recurren (al INAI). Entonces, la mañanera genera muchas solicitudes de información y muchos recursos de revisión”.

Mientras el INAI vive este impasse ante la posibilidad de su eliminación, como anunció el Presidente de la República, el marco legal no ha logrado abrir los cerrojos de la información del Gobierno que en este momento tiene 16 millones 109 mil 781 asuntos bajo reserva, según el Sistema de Índices Reservados. Del Río Venegas insiste en que el presente es un momento para que la transparencia mexicana obtenga “más dientes”.

“Una encía sin dientes muerde algo y ni un elote te comes. Tenemos que ir mejorando”
Norma Julieta del Río VenegasComisionada del INAI

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